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de grupos paramilitares en la región, que desempeñaron un papel
importante en la estigmatización, la persecución, la violencia política y la guerra sucia que se inició en contra del Partido Comunista
Colombiano y la Unión Patriótica y que se expresaron en la comisión de homicidios selectivos, desapariciones y masacres contra líderes, militantes, simpatizantes y votantes de estas colectividades,
entre ellos varios de los alcaldes elegidos popularmente y funcionarios que formaban parte de sus gabinetes, con los cuales El Castillo puso también su cuota al holocausto de líderes que se estaba
gestando en aquellos lugares del país donde la Unión Patriótica
había conseguido unas altas votaciones (Romero Ospina, 2012).
Paralelamente al exterminio del que fue objeto este movimiento político, se produjo la expansión y el fortalecimiento de las
FARC que comenzó a atacar, de manera continua, el casco urbano y los centros poblados y cometió una gran variedad de actos que
violentaron los derechos de la población civil, como la imposición
de multas por no asistir a reuniones o por relacionarse con la fuerza pública, trabajos forzados, reclutamiento forzado, asesinatos y
desplazamiento forzado.
Hacia el final del periodo, se generó un nuevo escenario en
la búsqueda de una salida política al conflicto armado mediante
el inicio de un nuevo proceso de diálogo entre el Gobierno y las
FARC y la creación de una “zona de distensión” en cuatro municipios del Meta y uno del Caquetá. Si bien el municipio de El Castillo
no quedó comprendido dentro de esta zona desmilitarizada, por
ser uno de sus corredores de acceso y por el hecho de haber sido
siempre un pueblo estigmatizado como colaborador o cómplice
de la guerrilla, su historia quedó completamente ligada a ella.
En el periodo 2002-2008, último momento de la cronología del
arrasamiento y objeto del capítulo 3, se produjo la ruptura de los
diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC y la “retoma” de la
zona de distensión. Mediante una militarización y paramilitarización del territorio, se generaron múltiples asesinatos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y
acciones de pillaje o de “tierra arrasada” por medio de las cuales
se destruyeron bienes indispensables para la supervivencia de la
población civil (Cinep, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz,
DH Bajo Ariari, Sintragrim, 2009), entre otras violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que causaron el
vaciamiento de buena parte de las veredas y los centros poblados
del municipio. En medio de esta guerra, las FARC se ensañaron en
contra de los alcaldes de la región, que se tuvieron que desplazar
de sus municipios para Villavicencio. No obstante, estos hechos
atroces no impidieron que la AMA (Asociación de Municipios del
Alto Ariari) recibiera el Premio Nacional de Paz, lo cual suscitó
una enorme polémica entre la población que nunca estuvo de
acuerdo con esta forma de “pacificar” el territorio.
Sin embargo, este es también el momento en que se inician nuevos procesos organizativos de afirmación de derechos y de resistencia
en las diferentes ciudades adonde llegaron los castillenses desplazados y en el mismo territorio. En estos lugares, aun en medio del destierro, se construyeron nuevas redes de ayuda y de solidaridad entre
paisanos y vecinos, se reconstruyeron redes de apoyo que se mantienen hasta la actualidad, en una especie de ampliación del territorio
común desde donde se comienza a gestar el “regreso” al territorio.
El capítulo 4 se encarga de identificar y analizar los daños, las afectaciones, los impactos y las transformaciones que se generaron en El
Castillo y la forma como se “desestructuraron” o destruyeron diversas expresiones sociales, políticas, familiares, culturales, ambientales
y económicas preexistentes, que es lo que caracteriza el proceso de
arrasamiento. Se hace énfasis en los daños colectivos sufridos por las
poblaciones que tuvieron que desplazarse dejando vacíos lugares en
los que habían forjado una historia común de construcción social de
su territorio y de su identidad y un proyecto de vida campesino. El capítulo 5 se aproxima a algunos de los mecanismos de
afrontamiento y resistencia a este desarraigo violento, desplegados por individuos, familias y comunidades para hacer frente a
lo acontecido. Da cuenta de algunos de los múltiples procesos de
organización y movilización encontrados dentro y fuera del territorio, surgidos a pesar del terror causado por todos los actores
armados legales e ilegales, impulsados por hombres y mujeres que
persisten en la idea de una vida digna unida al territorio.
El capítulo 6 se encarga de describir la respuesta institucional
desde un enfoque de derechos, identificando la forma como el
Estado colombiano ha respondido a su obligación constitucional
de atender y reparar, de manera integral y transformadora, las consecuencias sociales derivadas del conflicto armado en general y el
desplazamiento forzado en particular.
Finalmente, en el capítulo 7 se examinan los principales riesgos persistentes y amenazas que todavía se ciernen sobre los castillenses y sobre su territorio, que hacen que sea mucho más difícil
resarcir los daños y las desestructuraciones causados por cuenta
del conflicto armado y la violencia sociopolítica y que generan
también nuevos peligros sobre la vida y la dignidad de las miles
de personas desplazadas forzadamente, así como de la población
resiliente. Se presentan también las recomendaciones de política
pública que, a juicio del CNMH y de las personas que participaron
en este ejercicio de memoria histórica, resultan imperativos para
prevenir nuevos daños, reparar los existentes, detener para siempre el proceso de arrasamiento y prepararse para una nueva fase
de construcción de paz territorial.
La reconstrucción del proceso de arrasamiento ocurrido en
El Castillo, del cual se desprende además el intento de conceptualizar un fenómeno que parece haber ocurrido a lo largo de la
geografía nacional, implicó un exhaustivo trabajo de búsqueda de
información e integración de diferentes memorias.
Para lograrlo fue necesaria la construcción de relaciones de
confianza que permitieran dialogar con los testigos de esta tragedia, ahora disgregados tanto de sus territorios como de sus comunidades originales. Cerca de 110 entrevistas con personas que
de una u otra forma han sido víctimas del conflicto armado en
El Castillo fueron realizadas en las veredas y los centros poblados
del municipio y también en las ciudades de Villavicencio y Bogotá. Adicionalmente, se hicieron dentro y fuera del territorio alrededor de 30 entrevistas con actores, instituciones, funcionarios y
académicos, así como 6 talleres de reconstrucción de memoria y
3 talleres más a través de los cuales se validaron los resultados de
este libro con los miembros de las comunidades participantes. Todos ellos nos permitieron recopilar la información que sugiere la
ocurrencia del arrasamiento.
Los testimonios de las víctimas, recolectados principalmente
mediante entrevistas y talleres de construcción colectiva de la memoria, tienen un lugar privilegiado en la construcción y narrativa
de este libro. Sus voces se ponen en diálogo con fuentes primarias
y secundarias para tratar de dar cuenta de las diferentes características y sentidos dados a la violencia ocurrida. A lo largo de este
proceso, y a pesar de los temores y desconfianzas incubados por el
conflicto armado, mujeres, hombres, abuelos, jóvenes y niños nos
mostraron una cara oculta de la violencia sociopolítica en Colombia y nos enseñaron sus propias lecciones de la lucha por una vida
digna. A ellos nuestro mayor reconocimiento. Aproximación al arrasamiento de pueblos en Colombia
según el criterio cuantitativo de vaciamiento Lo ocurrido en El Castillo ilustra una realidad que la sociedad
colombiana está en mora de reconocer: como consecuencia de la
violencia y del desplazamiento forzado no solo se han vaciado territorios enteros (como municipios, veredas, corregimientos, regiones, centros poblados, barrios, resguardos indígenas, territorios
colectivos de comunidades negras, zonas de reserva campesina, entre otros), sino que, casi en silencio y en una penosa impunidad,
se han desestructurado proyectos sociales, políticos, económicos,
familiares, espirituales, ambientales y culturales, incluso algunos
de ellos hasta el punto de su eliminación.
Si bien con anterioridad el Grupo de Memoria Histórica de
la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación esbozó el
tema de los pueblos que, debido a la violencia sociopolítica, quedaron convertidos en pueblos fantasma a causa de “un ejercicio de
la violencia que no sólo aniquila a las personas sino que destruye
el entorno material y simbólico de las víctimas” (CNMH, 2013,
página 38), las dimensiones de este fenómeno todavía están lejos