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generan una serie de daños, en especial colectivos, que desestructuran las relaciones sociales, políticas, familiares, culturales, ambientales o económicas preexistentes, ligadas al territorio, tras lo cual se
genera la destrucción de una territorialidad específica. Otros elementos que acompañan el arrasamiento por
vaciamiento Descampesinización El hecho de que 86 por ciento de las 5 027 964 personas que
fueron desplazadas forzosamente en Colombia entre 1980 y 2013
hayan sido expulsadas de zonas rurales evidencia que el desplazamiento forzado en general, y el arrasamiento por vaciamiento
en particular, son fenómenos predominantemente rurales. Esta
investigación pretende demostrar que el arrasamiento ha tenido
como objetivo y consecuencia la destrucción de la forma de vida
campesina compartida por un alto porcentaje de víctimas, cuyo
oficio principal es el trabajo de la tierra, y cuyo objetivo vital estaba dirigido a que cada familia se erigiera en una unidad autónoma de producción y consumo. Motivo por el cual se puede decir
que el proceso de arrasamiento ha sido ligado al de descampasinización.
La descampesinización en Colombia tiene unos orígenes históricos que se pueden situar a partir del asesinato de Jorge Eliécer
Gaitán, desde cuando ha existido un cierre institucional para la
población campesina. A partir de ese momento, se ha configurado
un marco institucional donde solo las clases sociales tradicionales
han ocupado una centralidad en los programas de gobierno, lo
que ha llevado a que los campesinos se hayan convertido en una
población inconsulta, cuyo proyecto de vida tiende a ser decidido
por otros a través de diferentes prácticas y de diversas violencias,
entre ellas la violencia material y simbólica.
Estas prácticas violentas han significado la creación de márgenes profundos respecto del campo, la población campesina y su
forma de vida. Se trata de una marginalización negativa en cuanto ha profundizado las asimetrías y ha demarcado simbólica y materialmente el campo y a los campesinos como un espacio y una
población periférica, ilegible y patológica.
Por lo anterior, el CNMH entiende el concepto de ‘descampesinización’ como el conjunto de prácticas que tienen como finalidad la marginalización negativa de la vida campesina y que
producen un daño significativo. Se trata de un concepto emergente que permite una narración más precisa de la violencia desde
una perspectiva ampliada que centra su atención en el campo y la
forma de vida campesina, e identifica a esta población como víctima central del conflicto armado. Más exactamente como víctima
de la violencia material y simbólica de un tipo de proyecto político
y económico amparado por el Estado.
Este concepto se pregunta por la forma en que los campesinos
son integrados al Estado, independientemente del modelo de desarrollo que dicho Estado asuma. Al contrario de lo sucedido en
Europa, en Colombia la integración de los campesinos al Estado
se ha realizado a través de una marginalización negativa que hace
que sean vistos como una población en transición entre el pasado
primitivo, el presente subdesarrollado y el futuro como “desarrollo”. Donde, adicionalmente, se parte de la base de que el campo
debe pasar de ser un lugar de producción ineficiente a un lugar
de producción eficiente, y el campesino debe pasar de habitar el
campo a habitar la ciudad. Por esta razón, a los campesinos se les
ha dado el tratamiento de una población que no debe ser sujeto
de protección y cuidado especial, como el que se les da a las comunidades étnicas, sino frente a los cuales se debe esperar el paso del
tiempo para que termine su proceso de integración a la ciudad, o
si es del caso, acelerar este proceso, lo que justifica la intervención
de los territorios por ellos habitados.
Quizá las razones anteriores sirvan para identificar los motivos
que han impulsado una serie de prácticas violentas y unos efectos
en contra del proyecto de vida campesino en Colombia, que se
dieron con muchísima claridad en el alto Ariari y en El Castillo.
Al amparo de paradigmas como los mencionados, se permitió una
transformación forzada de la forma de vida de la población rural,
vía violaciones a los derechos humanos. También bajo el mecanismo discursivo de la estigmatización se permitieron y justificaron
ataques indiscriminados y victimizantes contra las supuestas bases
sociales de la guerrilla, esto es, contra el campesinado.
La violencia ha atentado contra el proyecto de vida campesina
de diferentes maneras y en El Castillo los líderes campesinos fueron
convertidos en blanco. De esta forma, se convirtieron en víctimas
de masacres, homicidios, tortura, desaparición y desplazamiento
forzados. Sus manifestaciones sociales fueron silenciadas mientras
ocurrió la consolidación de un modelo de explotación económica.
De esta forma, el desplazamiento forzado, el vaciamiento de las veredas y otros hechos victimizantes favorecieron la modernización
y la entrada de grandes capitales a las tierras más productivas del
municipio, y en épocas recientes, están permitiendo la privatización de las fuentes hídricas.
Aun cuando el Gobierno está interesado en promover políticas
para sacar al campo de la trampa de la pobreza en la que se encuentra sumido y aliviar la situación de las víctimas campesinas
que han sido despojadas por el conflicto armado, parece que esto
se hace dentro de las mismas lógicas que desde la segunda mitad
del siglo XX vienen acentuando las prácticas de descampesinización en el país. Es decir, continúa la nominación del campo y del
campesino como un lugar y un sujeto en transición frente al que
es necesario, para el progreso, contribuir a que pase de estar en la
informalidad a la formalidad, de la improductividad a la productividad y del atraso a la tecnificación.
Bajo la lectura propuesta pareciera que el problema del desarrollo en el campo no son las amenazas a la forma de producción campesina y a su forma de vida, sino más bien la improductividad y falta
de formalización de la propiedad rural que genera inseguridad para la inversión y bajos rendimientos. Si bien para los campesinos
es fundamental la formalización de la propiedad, ser beneficiarios
de créditos agrarios y gozar de una estabilidad, no se puede dar
dicha formalización sin garantizar la desactivación de las amenazas
a la forma de vida campesina, pues esto podría conducir a la legalización de las condiciones de marginalidad existentes.
En otras palabras, si la finalidad de las políticas agrarias es que
no existen “más siervos joya”, entonces fortalecer sus proyectos de
vida debe ser la máxima prioridad. Para ello, se les deben otorgar
a los campesinos oportunidades sostenibles para que desarrollen
su proyecto de economía y vida campesina, en vez de transformar
la forma de vida en el campo, buscando construir un campo que
no necesite del campesino y afianzando la discriminación histórica contra esta población.
Así lo manifestaron los campesinos y las campesinas de El Castillo en las entrevistas y talleres realizados. Sus expectativas se
centran en la protección de sus vidas, la formalización de sus tierras, el retorno y la potestad de volver a sembrar y comercializar
productos agrícolas. También esperan por parte del Estado que
les ayude a retomar los proyectos de vida interrumpidos por los
procesos de vaciamiento y de arrasamiento. Estigmatización Además, se propone que el arrasamiento por vaciamiento puede verse acompañado por la imposición de representaciones sociales negativas, la negación soterrada de la alteridad y, en últimas,
por una violencia simbólica (Fernández, 2005) que se ejerce con
la construcción de estigmatizaciones sobre un grupo social o sobre el territorio que este habita. Esta estigmatización, junto con los
factores estructurales de marginamiento y exclusión social que generalmente le son concomitantes, componen un ambiente propicio
para que se desencadenen múltiples repertorios de violencia que
generan el vaciamiento que, como ya se mencionó, aparece como
objetivo en sí mismo de los actores armados en confrontación. El estigma es una situación que por su naturaleza genera la
simplificación, la reducción de un sujeto individual o colectivo a
una categoría social de “no deseable”. A partir de esta reducción,
se construye un discurso legitimador o justificante que predetermina y legitima actos de agresión, discriminación, violencia o eliminación física a causa de diferentes atributos, como la identidad
cultural, las condiciones económicas, la ubicación espacial, los referentes ideológicos, opciones sexuales o expresiones de cualquier
naturaleza que contraríen un marco identitario o una matriz de
valores hegemónicos (Goffman, 1963).
La población campesina, indígena y negra, que ocupa los territorios rurales, es más propensa a sufrir la estigmatización, en