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milicianos o colaboradores. El ganado o la remesa que tuvieran
“era para la guerrilla” y en esa medida se justificaba el hurto de
ganado, el homicidio de sus propietarios o vaqueros, así como el
bloqueo alimentario y de bienes de primera necesidad.
Muchos de los vecinos y amigos pasaron de llevar este estigma
al de informantes de las Fuerzas Militares, integrantes o colaboradores de los grupos paramilitares, razón por la cual las personas
cortaban la relación con ellos. Incluso, dentro de las familias, se
evitaba continuar con las relaciones. Así el señalado solo fuera un
miembro, toda la familia debía cargar con el estigma.
La estigmatización, que funciona como un manto de culpa impuesto a las víctimas, no cesó para las personas que tuvieron que
desplazarse forzosamente, muchas veces estas se vieron reforzadas
en los lugares de paso y recepción no solo por parte de extraños,
sino también dentro de la familia.
Al lado del estigma está la discriminación. En varios de los
testimonios se encuentra que la llegada a los lugares de paso o
recepción después de la salida del territorio están llenos de experiencias marcadas por la discriminación, ya sea por parte de las
comunidades receptoras, los funcionarios públicos encargados de
la oferta institucional para la atención de personas en situación
de desplazamiento, o inclusive sus propias familias, lo que llenaba
a las víctimas de sentimientos, como humillación, miedo, rabia,
odio o frustración. La llegada a las ciudades, en la mayoría de las
ocasiones a lugares marginados con acceso limitado a los servicios
públicos, con nuevas formas de inseguridad, ambientes completamente diferentes al del territorio de salida, llevaron a la pérdida
de muchos referentes identitarios.
Las judicializaciones arbitrarias fungieron como herramienta
para criminalizar la pertenencia al PCC, la UP, Civipaz o la actividad sindical en Sintragrim. Las acusaciones por delitos de rebelión, extorsión y secuestro se hacían sin mayores fundamentos.
Sin el debido proceso y sin respeto de las garantías básicas, las víctimas tenían que pasar meses e incluso años en la cárcel, durante
los cuales sufrieron un deterioro en su salud. En muchos casos, las personas eran dejadas en libertad ante la ausencia de pruebas,
pero sus proyectos de vida fueron truncados y su familia estigmatizada y perseguida, mientras continuaban los allanamientos y la
discriminación. 4.2.4. Daños en el proyecto de vida campesino Las personas que tienen un proyecto de vida, ser campesinos
no es solo cultivar la tierra, es un amor, es un proyecto de vida
específico que incluye unas formas políticas de organizarse, unas
formas económicas de organizarse y eso es ser campesino o si no
cualquiera que siembre una mata es campesino (…) y ese es el
problema del Estado que siempre ha visto que los campesinos son
personas que están ahí, pero ellos no tienen ningún arraigo por
la tierra, entonces los corremos, les compramos fincas, la gente
tiene un proyecto de vida acá y es un proyecto de vida que no se ha
podido hacer por la misma guerra, por el mismo conflicto armado, por las mismas empresas que están aquí de minería y por las
mismas privatizaciones de las comunidades, o sea, no se respeta
el proyecto de vida que tiene la gente acá, y esos son actores específicos los que lo han hecho (CNMH, entrevista con mujer adulta,
Medellín del Ariari, 2013). Cinco décadas de conflicto armado, violencia sociopolítica,
abandono estatal y desplazamiento forzado han dejado huellas
casi imborrables en los sujetos y el territorio de El Castillo. Una
mirada detenida sobre el conjunto de los daños acumulados a lo
largo del tiempo, además de las profundas afectaciones en individuos, familias y pequeñas colectividades, permite identificar la
erosión paulatina de un proyecto cultural más amplio: el proyecto
de vida campesino.
Los efectos se proyectan, por una parte, en las dinámicas y formas de producción, que comprenden la relación jurídica y simbólica con la tierra y el territorio, y la totalidad de las actividades, formas de organización y relaciones sociales vinculadas a dichas
formas de producción, y en los procesos de organización social,
familiar y vecinal.
En esta medida, el conflicto armado y la violencia sociopolítica
en El Castillo generaron un daño al proyecto de vida campesino
debido a las diferentes formas de impedimento para la transmisión de un saber hacer que consiste básicamente en el trabajo de
la tierra (el homicidio o desaparición de miembros de la familia
o la comunidad, el abandono y la pérdida de tierras, cultivos y
actividades pecuarias, entre otros), cuando se vulnera el proyecto
de lograr autonomía en la producción y el consumo o cuando se
perpetúa una condición histórica de dificultad para acceder a la
tierra y a los medios que permitan desarrollar dicha autonomía.
La pérdida de tierra para los campesinos implica tanto un
daño material como simbólico. La tierra fértil y el trabajo de los
campesinos son los dos medios de producción esenciales que sustentan la forma de vida campesina, pues permiten su sustento y la
conformación de una territorialidad propia, con expresiones sociales, culturales y económicas. La pérdida de la tierra, los cultivos
y actividades pecuarias a causa del desplazamiento forzado genera
un desarraigo profundo en las familias campesinas, pues con la
tierra también se pierde la posibilidad de continuar sus prácticas
agropecuarias en espacios urbanos, afectando la autonomía que
les permitían los cultivos de autoconsumo.
El abandono y la pérdida de la tierra también produjeron una
fragmentación familiar. Las familias no podían permanecer unidas a causa de las penurias económicas que debían afrontar en los
lugares de recepción. Ante los espacios reducidos de la ciudad y el
costo de vivir en esta, los hijos eran enviados con distintos familiares en condiciones de recibirlos.
Con el desplazamiento forzado, o la pérdida de los miembros
de la familia que ayudaban a conseguir el sustento económico,
los jóvenes se vieron obligados a suspender sus proyectos de vida,
dejar su educación para empezar a trabajar y aportar en el hogar. Mi hijo tiene 28 años, él es del municipio de El Castillo, y se me
quedó con tercero de primaria, no alcanzó a pasar el cuarto (…)
estábamos huyendo porque nos tocó salir en huida (…) cuántos
jovencitos se los tragaron y yo le he tenido mucho miedo (CNMH,
entrevista con abuelo, Villavicencio, 2012). El desarraigo trunca proyectos de vida, obliga a abandonar expectativas de futuro, obliga a adaptarse a una cultura diferente,
a oficios diferentes, y en consecuencia a reconstruir sus metas y
proyectos. Yo llegué donde la hija y ellos pagaban arriendo allá en una
piecita y ahí fue donde nos tocó seguir el calvario (…). Sí, uno
pasa necesidades, pero pues tiene donde vivir. Ladrillos no come
uno, y pues para pagar servicios es difícil porque uno no tiene trabajo. En El Castillo teníamos el negocio, yo vendía comida, vendía
cerveza, vendía miel para las bestias. Nosotros allá lo teníamos
todo, teníamos la casa propia y todo eso quedó porque nos quedó apenas un poco de cambio. Nos dieron la ayuda humanitaria
como a los ocho meses y como al año nos dieron otra ayuda, luego
cada año cada dos años, y de ahí cada tres años, ya como que no
dan más. Y pues mi esposo ahorita vende bolsas para la basura. Yo
estuve vendiendo tamales, al principio vendía, ya después empezaron a llegar encargos por allá más baratos, ya después me puse
a hacer rellenas, a vender ya que tenía contratos, y ya. Ahora que
uno se enferma de todo, mis hijos dijeron que no me pusiera a
bregar tanto, entonces ahorita ya lo que vendo por ahí es catálogos de Avon (CNMH, entrevista con mujer adulta, Bogotá, 2012). Para muchas personas que continúan en situación de desplazamiento forzado, retomar sus proyectos de vida en el campo son
una esperanza que cada vez se ve más lejana.
El concepto de ‘daño al proyecto de vida’ tiene un reconocimiento fundado en la jurisprudencia nacional e internacional.
Este fue reconocido judicialmente por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en la sentencia hito de Loayza Tamayo contra Perú, en la cual la Corte analizó la responsabilidad del Estado por
la privación de la libertad y la tortura de la profesora de Derecho