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María Loayza por ser considerada terrorista durante el Gobierno
del presidente Alberto Fujimori. En aquella ocasión, el tribunal
concibió el daño al proyecto de vida como el grave menoscabo de
expectativas razonables y accesibles de la persona, de la pérdida
de las oportunidades de desarrollo personal (Corte, Interamericana de Derechos Humanos, Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, 1998).
De igual manera, asoció la noción de proyecto de vida al concepto de realización personal, entendida como las opciones de expresión y libertad que el sujeto puede tener para conducir su vida
y alcanzar el destino que se propone.
Si bien el concepto de daño al proyecto de vida ha sido reconocido en su mayoría para violaciones de derechos de un sujeto
determinado, su definición no debe limitarse a una visión personalista o individual del daño. En el caso Masacre Plan Sánchez
contra Guatemala, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución de más de doscientos miembros de la comunidad indígena maya, quienes fueron
asesinados como parte de acciones militares destinadas al desplazamiento geográfico forzado de comunidades indígenas cuando
se las consideraba posibles auxiliares de la guerrilla (Corte, Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacre Plan Sánchez
contra Guatemala, 2004). Los habitantes de Plan Sánchez, como
otros pueblos víctimas del Plan de Seguridad, fueron objetivo de
las operaciones de “tierra arrasada”, lo que significó la destrucción
completa de sus comunidades, viviendas, ganado, cosechas y otros
elementos de supervivencia, su cultura, el uso de sus propios símbolos culturales, sus instituciones sociales, económicas y políticas,
sus valores y prácticas culturales y religiosas (párr. 42.7).
Si bien la Corte no utilizó expresamente el concepto de ‘proyecto de vida’ en la sentencia de reparaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegó que se había configurado
un daño al proyecto de vida comunitario por cuanto el dolor y
los efectos producidos por las situaciones vividas por los sobrevivientes y los familiares de las personas ejecutadas en la masacre trascendían la esfera del individuo (Corte, Interamericana de Derechos Humanos, Reparaciones, Caso Masacre Plan Sánchez contra Guatemala, 2004, párr.77.e y 77.f).
Esta dimensión colectiva del proyecto de vida ha sido reconocida también frente a comunidades que no son indígenas, como las
masacres de las que fueron víctimas las comunidades campesinas
del Mozote y otros pueblos aledaños. Al analizar las reparaciones a
las que sería condenado El Salvador, la Corte retomó las palabras
de la perito Yánez de la Cruz, en el texto de la sentencia: la masacre (…) disolvió las tramas sociales donde se insertaba
el proyecto de vida tanto individual como comunitario (…) hubo
una pérdida del sujeto colectivo como tal que se siente identitario
dentro de su comunidad y hubo un duro impacto a la dignidad
colectiva. Sobre este aspecto, puntualizó que la violencia se ejerció en las
plazas y en las iglesias, así como se arrasó con la tierra y los animales, como efecto se arrasó también “con lo que era el centro de la
vida colectiva, con la identidad y la simbología del universo campesino” (Corte, Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacre del Mozote contra El Salvador, 2012, párr. 351). Lo anterior
llevó a que la Corte ordenara programas de rehabilitación con un
enfoque de atención colectiva y multidisciplinaria (párr. 352).
En otros casos, se ha planteado el daño al proyecto de vida
como un daño propio de cada uno de los sujetos de la comunidad, pero se han solicitado medidas de reparación que favorecen
a la comunidad en su conjunto. Por ejemplo, en el caso Masacre
de Santodomingo contra Colombia, los representantes solicitaron
que, además de las medidas señalas por la Comisión de forma genérica, se adoptaran un conjunto de medidas, materiales e inmateriales para la realización de un plan de desarrollo comunitario
tendiente al restablecimiento de los proyectos de vida afectados
con ocasión de la violación de sus derechos humanos (Corte, Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacre de Santodomingo contra Colombia, 2012, párr. 321 y 323). Como se ha descrito a lo largo del presente informe, el proceso
de arrasamiento, entendido desde la forma compleja propuesta en
la conceptualización inicial, se ha correspondido con la descampesinización El Castillo. El arrasamiento ha desestructurado social,
económica, política y culturalmente la forma de vida del campesinado, de sus proyectos vitales tanto individual como colectivamente. 4.2.5. Daños inmateriales colectivos Se pierde lo colectivo, pienso yo, puede ser eso, porque ya cada
cual tiene que jalar pa’ su lado. Entonces pienso yo que eso es en
el mismo efecto de la guerra, el mismo terror que genera hace
que se pierda la noción colectiva, y se vuelva una cuestión de individuo (CNMH, entrevista con mujer adulta, Bogotá, 2012). Los daños inmateriales colectivos resultan del menoscabo a los
referentes que convocan y configuran la organización y tejido social de una comunidad. Entre los daños inmateriales colectivos
se pueden encontrar las pérdidas de celebraciones y fiestas, formas de organización política y comunitaria, la pérdida de líderes
comunitarios, la pérdida de confianza, de costumbres en general;
así como el conjunto de daños enmarcados en el sujeto colectivo
conformado a partir de las diferentes relaciones familiares, vecinales y entre veredas en El Castillo. 4.2.5.1. Daños a las dinámicas organizativas, a los liderazgos
y a las apuestas políticas Como se ha relatado, El Castillo, y sobre todo las veredas de
la parte alta, tuvieron una dinámica de organización relacionada
directamente con los procesos de colonización campesina en la región. El afianzamiento de los lazos de identidad tuvo expresiones políticas claras en torno a los reclamos históricos del campesinado, acceso y títulos de la tierra y presencia del Estado. Estos
reclamos serían compatibles con los postulados del PCC (Partido
Comunista Colombiano) que desde el inicio de la colonización
desempeña un papel clave en la formación de una organización y
cultura política en el Alto Ariari.
Con el conflicto armado y la violencia sociopolítica y económica, se pierde gran parte de las formas de organización colectiva
de El Castillo, el ensañamiento contra líderes políticos y comunitarios, en su mayoría del PCC y la UP (Unión Patriótica) por parte de los paramilitares y el Ejército, aniquila las posibilidades de
reacción colectiva. Las formas y los mecanismos de autocuidado,
adaptación y resistencia de la comunidad ante factores externos
se debilitan. Finalmente, el vaciamiento de las veredas de la parte alta termina desestructurando las dinámicas organizativas, los
liderazgos y las apuestas políticas que hacen parte de la cultura
campesina.
Los habitantes vinculan estas pérdidas con la explicación del
establecimiento de la desconfianza como nueva forma de relacionamiento: Antes de eso la vida era armónica, se trabajaba en comunidad para solucionar problemas, por decir de caminos, escuelas,
puentes, las ayudas de los campesinos: Yo no tengo plátano, vaya
córtelo allá a la casa, el otro no tenía yuca, se le daba la yuca, era
una vida armónica, sabrosa para vivir, una vida de paz. Honestamente, en pocas palabras eso era un paraíso para vivir. (…) En
estos momentos los campesinos siguen de pronto conservando la
amistad, pero ya se crea la desconfianza, el conflicto se ha degradado tanto que entre los mismos hermanos se tienen desconfianza, porque nosotros no sabemos quién es quién y qué viene hacer
cada uno, o sea, acabaron con esa armonía de sociedad (CNMH,
taller de construcción de memoria con hombre adulto, Villavicencio, 2012). La larga tradición organizativa de El Castillo, su importancia como despensa agrícola, su capacidad organizativa y la prosperidad que lo caracterizaran en otro tiempo intentó sepultarse bajo
las ruinas abandonadas, los silencios impuestos y los sueños rotos;
sin embargo, la capacidad de reconstrucción identitaria, la resiliencia y la pervivencia se empeñan en sobrevivir al arrasamiento.
La violencia ejercida contra la UP y el campesinado de El Castillo no solo estuvo orientada a “silenciar la democracia” constriñendo la participación política y la movilización social, sino que
se utilizó también para suprimir un tejido social construido durante décadas, desestructurar la vida campesina que llevaban los
pobladores antes de salir expulsados y aniquilar las estructuras
organizativas que le habían valido ser un territorio organizado,
con autonomía económica e identidad. 4.2.5.2. Pérdida de líderes y lideresas La persecución, el desplazamiento y el asesinato de líderes políticos y comunitarios generaron un daño colectivo que se expresa
en la desestructuración de las apuestas políticas, pero también de
la capacidad organizativa de la comunidad. En la medida en que
el terror se convirtió en el medio para establecerse en el territorio
y liquidar al enemigo, los asesinatos selectivos de líderes comunitarios y actores políticos fueron una estrategia de los actores armados para instalar el miedo en la población y sustraer al sujeto
político de la esfera pública.
El desplazamiento forzado, la desaparición forzada, los asesinatos y las amenazas sistemáticas de líderes y lideresas de izquierda y
defensores de derechos humanos forman parte de los escenarios
de terror instalados por grupos armados ilegales, miembros del
Estado y actores económicos y políticos. Su recurrencia, sistematicidad y encubrimiento han terminado por naturalizar, entre la
sociedad civil, la violencia y el terror por parte de los actores armados. los campesinos saliendo del territorio los mataban. Entraban
a Medellín del Ariari y nos asesinaban los líderes, compañeros
dirigentes del partido nos los asesinaron en Medellín del Ariari,
hicieron atentados en Medellín del Ariari en el ochenta y algo;
después del surgimiento de la Unión Patriótica fue peor (CNMH,
entrevista con hombre adulto, Bogotá, 2012). De 1985 a 1992 se pierden numerosos liderazgos comunitarios a
causa del exterminio de la UP y el PCC en El Castillo.
Después de la segunda masacre de Caño Sibao, en la que cae
asesinada María Mercedes Méndez, sectores del Ejército y autodefensas vinculadas a las élites económicas, políticas y al narcotráfico