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y diferenciación que no estaba en
la sociedad europea, por
lo menos
abiertamente: el factor racial. (Escorcia, 1981) Según Escorcia (1981), este factor racial permanecería rígido en las estructuras de
la sociedad caleña. Dentro de esta misma dinámica colonial, se instauraron fuertes
características de una población conservadora, católica y patriarcal que perduran
hasta hoy, luego de la abolición de la esclavitud en 1851 y la desamortización de
los bienes eclesiásticos en 1861 (Grajales, 2012). En contraste con lo anterior, el crecimiento económico y el carácter empresarial
de la sociedad caleña comenzaron a sobresalir a partir de la segunda mitad del
siglo XIX, en la medida en que los empresarios empezaron a especializarse y
diversificaron la producción, con el fin de maximizar los ingresos. Los principales
negocios de la época eran la crianza y venta de ganado, la importación de artículos 38 Según el Censo de 2005, del total de la población del Municipio de Cali el 26,4 % se autoreconoció como población
negra (Censo Nacional 2005, DANE 2005). 57 Aprendizajes para la reconciliación de consumo para las élites —especialmente—, almacenes y venta de rancho y
licores, droguerías, otorgamiento de crédito y actividades bancarias e industrias
manufactureras (Benítez, 2012). En todo este proceso de formación de las élites
empresariales caleñas resalta el papel de la iglesia católica, ya que, como algunos
autores aseguran «históricamente ha jalonado el desarrollo y la construcción de
ciudadanía, así como ha sido co-responsable de situaciones injustas ya sea por
indiferencia o aprobación» (Grajales, 2012). Una mirada a la violencia en Cali Paralelo a este crecimiento
industrial y empresarial, se empezó a configurar
un contexto violento en el Valle del Cauca desde los años cuarenta y cincuenta,
momento en el cual
llegaron personas desplazadas por
la violencia de otros
departamentos (Eje Cafetero). Una parte de esta población se involucró en la disputa
por el territorio, con la intención de defender y promover o el conservadurismo o
el liberalismo (Banco de Datos de Violencia Política, 2013). A este primer proceso
migratorio de la década de los años 50, se le sumó la migración de población,
en la década de los 70, gran parte de ella damnificada del maremoto de Tumaco
ocurrido en 1979 (Negrete, 2012). Estos procesos migratorios dieron pie a la formación de centros de asentamiento
ilegales, en
terrenos que se convertirían posteriormente en barrios
legales,
gracias al trabajo colectivo de los inmigrantes que encontraron ahí un lugar para
reconstruir sus proyectos de vida. En dichos espacios confluyó la recepción de
distintos procesos migratorios y así se dio origen a sectores poblacionales surgidos
desde la década del treinta, entre los que se encuentran el Distrito de Aguablanca,
La Ladera, Siloé y más recientemente Potrero Grande. Dichos sectores comparten
algunas características tales como las condiciones de vulnerabilidad y el origen de
sus pobladores de procesos como el desplazamiento por desastres naturales o por
la violencia en las regiones de Tumaco, Chocó, Cauca, Huila. Debido a que muchos de
los migrantes que han
llegado a esta zona son
afrocolombianos, se convirtieron en el grupo poblacional mayoritario de estos
distritos. Al respecto Urrea Giraldo (1999), asegura que la participación de población
afrocolombiana, al igual que otros grupos de población no afrocolombianos, tiene
«como contexto socio-histórico el conflicto social de la continua demanda de tierras
para vivir de sectores populares desde finales de la década del 40, prolongándose en
varias etapas de urbanización hasta las décadas recientes». El proceso de migración
hacia estas zonas no ha cesado hasta el presente, lo que podría indicar que en
los períodos de llegada a partir de la década del 70 «las condiciones de inserción
urbana [de la población migrante] al lado de un mecanismo de discriminación 58 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras racial los ha colocado en una situación mayor de segregación, vía urbanización
todavía precaria» (Negrete, 2012). Por otro lado, simultáneamente al auge empresarial caleño, los problemas sociales
se hicieron evidentes a finales de los años 70 y comienzos de los 80 cuando hizo
su aparición el tráfico ilegal de cocaína en el país, que encontró en las zonas
más vulnerables de Cali (antes mencionadas), el personal idóneo y los espacios
propicios para solidificar un mercado ilegal que cambiaría el modo de vida de
muchos caleños y dio pie a una «cultura del sicariato» que configuró una imagen
negativa de estos distritos. Así las cosas, Benjamín Herrera Zuleta fue el pionero del tráfico de estupefacientes
en el Valle del Cauca y llegó a ser conocido como «El Papa negro de la cocaína» (El
Espectador, 2012). Luego de este episodio aparecieron los capos que conformarían
el Cartel de Cali y no solo controlarían el tráfico
ilegal de cocaína, sino que
serían reconocidos por el lavado de dinero en Colombia y en Estados Unidos (El
Espectador, 2012). A finales de la década de los 80, las Farc crearon el Frente 30 que actuaba en la
zona rural de los municipios de Buenaventura, Dagua y Calima. Municipios en los
que este grupo armado inició un proceso de consolidación territorial, para, una
década después, incrementar su accionar con el fortalecimiento del Frente 6, que
concentró sus operaciones en el Norte del Cauca y amplió su eje de acción hacia
la cordillera Central. Durante los años siguientes, las Farc fortalecieron su trabajo
de estructuras urbanas en la ciudad de Cali y creó el frente urbano Manuel Cepeda
Vargas. Igualmente, entre 1988 y 1999, el Frente 30 comenzó su expansión hacia
el área urbana de Buenaventura y el margen oriental de la cordillera Occidental,
gracias al posicionamiento del Frente 6 y del Bloque Central del sur del Tolima
(Fundación Social, 2011). Al tiempo que las Farc se fortalecían, el ELN se asentó en
el Valle del Cauca a mediados de los ochenta con el frente Luis Carlos Cárdenas, que
operaba en los municipios de Riofrío, El Dovio y Trujillo (Fundación Social, 2011). De
igual manera, entre 1985 y 1986, el grupo guerrillero M-19 tuvo presencia activa en
la ciudad y como respuesta a esta incursión el Estado desarrolló acciones militares
propias de la guerra urbana en estos distritos. Para la década de los 80 y los 90 en Cali ya se hacía evidente una inestabilidad
institucional, influenciada en parte por la llegada del narcotráfico. Tal y como
asegura Andrea Otero (2012) «en los últimos 20 años, tres alcaldes de la ciudad
fueron destituidos por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en
sus mandatos o en la forma como fueron electos. Ellos fueron Mauricio Guzmán 59 Aprendizajes para la reconciliación Para la década de los 80 y los 90 en Cali
ya se hacía evidente una inestabilidad
institucional, influenciada en parte por la llegada
del narcotráfico Cuevas (enero 1995 a agosto 1997), Apolinar Salcedo (Enero 2004 a mayo 2007) y
Jorge Iván Ospina Gómez (Enero 2008 a diciembre 2011)». Esto ha fomentado la
desconfianza en las instituciones caleñas, ya que se percibe un clima político pobre
y proclive a la corrupción. En medio de
la configuración de un ambiente de violencia,
inseguridad y
desconfianza de la sociedad caleña en la institucionalidad, mientras los grupos
insurgentes incursionaban en el departamento del Valle del Cauca, el Cartel de Cali
aprovechó el escaso control territorial del Estado en las costas del Océano Pacífico
y consolidó rutas de exportación de cocaína en esta zona, que actualmente se
encuentran en disputa39. Tal y como asegura Guzmán Barney (2013): Entre 1993 y 1996 […] la tasa de homicidios por cien mil habitantes llegó
a 121, en medio del auge del cartel de Cali y la detención posterior de
sus principales capos: Durante el ascenso del cartel, Cali vivía en plena
prosperidad económica: era la danza de los millones. La élite del poder local