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b) Política de Estado o de una Organización
“Se entiende que la 'política de cometer ese ataque' requiere que el Estado o la organización
promueva o aliente activamente un ataque de esa índole contra una población civil”. “La
política […] se ejecutaría mediante la acción del Estado o de la organización. Esa política, en
circunstancias excepcionales, podría ejecutarse por medio de una omisión deliberada de actuar
y que apuntase conscientemente a alentar un ataque de ese tipo”.
En su informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Relator
Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales afirmó: “Aunque al parecer estos llamados falsos
positivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron hechos aislados. Esos homicidios
fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque
las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas
tenía resultados positivos a través del "número de bajas". Hubo además algunos alicientes: un
sistema oficioso de incentivos ofrecidos a los soldados para que produjeran bajas y un sistema
oficial de incentivos ofrecidos a los civiles para que proporcionaran información que condujera a
la captura o muerte de guerrilleros. Este último sistema careció de supervisión y transparencia. En
general, hubo una falta fundamental de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas de
los procesos disciplinarios y de investigación […] Ha habido demasiados asesinatos de carácter
similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por apenas algunos soldados o
unidades renegados, o 'manzanas podridas'”.
El Relator plantea así una observación preliminar sobre la ausencia de una política de Estado en
cuanto tal. Sin embargo, estas observaciones deben re-evaluarse -en el marco del análisis que nos
ocupa- a la luz de teorías de Derechos Penal Internacional. Según la jurisprudencia de la CPI, el
requisito de la existencia de un plan implica que el ataque reviste un patrón regular (estudiaremos
en detalle más adelante el patrón regular de las ejecuciones). Esta política de ataque puede ser
concebida por grupos de personas que gobiernan un territorio o por una organización que tiene
la capacidad de cometer un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Un
ataque que es planeado, dirigido y organizado (contrariamente a actos de violencia espontáneos y
aislados) satisface el criterio de la existencia de un plan o política. En definitiva, el plan o política
hace referencia a que los actos se encuentren rigurosamente organizados y responden a un cierto
patrón. En cuanto a la política de Estado, la CPI considera que la política no debe necesariamente
haber sido concebida al más alto nivel del Estado. Así, puede tratarse por ejemplo de una política
adoptada por un gobierno regional o incluso órganos locales del Estado.
Al analizar la jurisprudencia internacional y confrontarla con los datos recogidos sobre los falsos
positivos, observamos lo siguiente. En el marco de la lucha contrainsurgente y la llamada Política
de Seguridad Democrática, se diseñaron y pusieron en práctica entre 2002 y 2008, una serie de
dispositivos normativos ordinarios y de excepción, administrativos y operacionales que estimularon
y propiciaron la comisión a gran escala de las ejecuciones extrajudiciales en todo el territorio
nacional, con la participación activa de múltiples unidades del Ejército Nacional, principalmente de
las Brigadas Cuarta, Segunda y Vigésimo Novena. Aunque el sistema de incentivos por sí sólo no
constituye un plan de ataque, la combinación de esa política unida al sistema de recompensas por
información, la creciente presión por resultados y la falta de control adecuado, sí estuvo a la base
de la comisión de las ejecuciones extrajudiciales. Por lo tanto, existen razones para pensar que las
ejecuciones no fueron actos aislados cometidos exclusivamente por miembros del Ejército Nacional
de menor graduación, sino que existió un alto grado de organización y coordinación – respaldado
por documentos oficiales del Ejército falsificados a dicho efecto tal como las órdenes de inteligencia
que ordenaban la ejecución. La planificación se demuestra asimismo por la existencia de patrones
claros para cometer los ataques, como se verá en el próximo sub-apartado.
c) Carácter Generalizado y Sistemático del Ataque
Como se señaló más arriba, las ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes se enmarcan
en un cuadro de un ataque la población civil en el contexto del conflicto colombiano que se
ha traducido en una serie de actos delictivos que incluyen masacres, desplazamiento forzado,
desapariciones forzadas y otros hechos de similar gravedad.
Nuestra lectura de la jurisprudencia internacional en la materia indica que la naturaleza
generalizada o sistemática se refiere al ataque en el que se enmarcan los delitos de que se trata,
en este caso las ejecuciones extrajudiciales. El estudio del conjunto de actos de que ha sido
víctima la población civil colombiana supera el objetivo de este informe y ha sido ampliamente
documentada por diversos informes conjuntos de las redes y plataformas colombianas de
derechos humanos a las que nos remitimos.Para los efectos de este trabajo, analizaremos aquí el carácter generalizado y sistemático de los falsos positivos, entendiendo que los casos
individuales de ejecuciones de civiles inocentes se enmarcan en el cuadro de una serie de
ejecuciones de idéntica o similar naturaleza constitutivos en sí de un ataque.
De acuerdo con la definición de los delitos de lesa humanidad, el ataque puede ser generalizado
o sistemático. El carácter disyuntivo de los adjetivos que caracterizan el ataque ha sido
confirmado por la jurisprudencia de la CPI. En el caso de los falsos positivos que se dieron en
Colombia durante el período de estudio, afirmamos que los mismos revistieron tanto un carácter
generalizado como sistemático, como se verá a continuación.
i) Generalidad de los casos de falsos positivos
“Generalizado” en el sentido de la definición de los delitos de lesa humanidad significa un
ataque a gran escala, es decir masivo, frecuente y lanzado de manera colectiva y dirigido a
múltiples víctimas. En este sentido, el carácter generalizado se refiere tanto a la naturaleza
de gran escala del ataque como al número de víctimas que resultaron de dicho del ataque.
Implica un ataque llevado a cabo en un área geográfica grande, o bien un ataque en un área
geográfica pequeña dirigido a un gran número de civiles. No es solo una cuestión territorial o
cuantitativa, se deben tener en cuenta las circunstancias del caso.
En el caso de las ejecuciones extrajudiciales por miembros del Ejército colombiano, es posible
identificar un incremento notable entre los años 2002 y 2008, y que contrasta drásticamente
con lo ocurrido durante los años anteriores. Según las cifras del Observatorio de la CCEEU,
entre 1996 y 2001, se le atribuyeron a la Fuerza Pública 664 ejecuciones extrajudiciales de
civiles, que corresponden a un promedio de 132 personas cada año. Esa cifra pasó a ser más del
cuádruple entre 2002 y 2008. En esos años en total, a la Fuerza Pública se le atribuyeron 3.345
ejecuciones extrajudiciales, es decir, más de 557 cada año
Aunque existen discrepancias entre las diferentes fuentes de datos sobre el número de personas
muertas a causa de los llamados falsos positivos, hay acuerdo en señalar el período 2002 a
2008 como especialmente crítico. Un informe elaborado por el Banco de Datos del Centro de
Investigación y Educación Popular (CINEP), reporta un total de 1.741 víctimas de ejecuciones
extrajudiciales ocurridas entre 1984 y 2011. De ellas, 1.189 ocurrieron entre 2002 y 2008, lo cual
corresponde al 68% de los casos registrados. Esos datos, coinciden con el drástico aumento
de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, reportado por el Observatorio de la
CCEEU. En todo caso, esas cifras constituyen un subregistro en relación con la totalidad de las
ejecuciones extrajudiciales cometidas en Colombia durante esos años. Es probable que muchos
de los hechos no hayan sido nunca denunciados por temor a represalias, así como también es
probable que muchas de las víctimas de falsos positivos permanezcan aún hoy con paradero
desconocido, debido a que fueron inhumadas como N.N. (sin nombre) y puede ser que sus
familiares continúen buscándolos. . Por su parte, con fecha de 15 de diciembre de 2010, la
Fiscalía General de la Nación reportó estar conociendo de 1,571 casos en la Unidad Nacional
de Derechos Humanos, procesados tanto por el procedimiento de la Ley 600 de 2000 como por
el de la ley 906 de 2004, de los cuales 1509 se habrían cometido entre 2002 y 2010 (el 96,1%
de los casos)- Estos casos, que representan a 2.679 víctimas, no incluyen los que se tramitan
en las fiscalías seccionales, ni en las fiscalías locales, ni mucho menos las que se tramitan en la
Jurisdicción Penal Militar.
Para tener una idea del subregistro, conviene tener en cuenta las cifras oficiales de muertes