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en combate. Según el Ministerio de Defensa Nacional entre 2002 y 2008, fueron abatidos en
combate 12.713 personas pertenecientes a las guerrillas, y 2.602 integrantes de los grupos
paramilitares. El Ministerio reportó además, 49.523 capturas, de las cuales 32.335 corresponden
a grupos guerrilleros y 13.456 a paramilitares. Eso significa que en total, entre 2002 y 2008,
45.048 miembros de los grupos guerrilleros y 16.058 miembros de los grupos paramilitares,
debieron salir de la confrontación armada a raíz de la acción de la Fuerza Pública. No obstante,
los datos no concuerdan con los informes oficiales que daban cuenta de un número de 20 mil
guerrilleros y 12 mil paramilitares al comienzo del Gobierno de Uribe Vélez. Esas cifras ponen
en evidencia serias inconsistencias en los reportes oficiales sobre resultados operacionales de
la Fuerza Pública y es probable que en ellas se hayan incluido casos de civiles ejecutados
extrajudicialmente.
La información de la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la CCEEU, da cuenta de la
manera generalizada en que ocurrieron los crímenes en todo el territorio nacional pues, se
registraron casos en 32 de los 33 departamentos del país, con excepción del departamento
del Amazonas, en donde no se llevaron a cabo operaciones militares sostenidas. Sólo en el
departamento de Antioquia ocurrieron casi el 30% de los hechos reportados, seguido de los
departamentos del Meta, Huila, Cesar, Caquetá y Norte de Santander, en donde se concentraron
la gran mayoría de los casos
Sistematicidad con que se cometieron los falsos positivos
En el análisis de la definición de crímenes de lesa humanidad, la CPI ha establecido que el
término “sistemático” es un elemento cualitativo que hace referencia al carácter organizado
de los actos de violencia, y la improbabilidad de que se produjeran por mera coincidencia.
Se demuestra con patrones en la comisión de crímenes: la repetición no accidental de una
conducta criminal similar sobre una base regular. Los patrones se determinan en función de
las circunstancias del caso.
En todos los casos de falsos positivos en Colombia, se pudieron identificar los mismos patrones
de acción por parte de las unidades militares involucradas, a pesar de que los hechos ocurrieron
en zonas a veces muy distantes las unas de las otras, y a pesar de que fueron perpetrados por
unidades militares que respondían a comandantes diferentes (quienes reportan, sin embargo, al
mismo comando central).
Esos patrones se pueden analizar bajo los siguientes tópicos:
Perfil de la víctima
El perfil de las víctimas es coincidente en todos los casos reportados:
Se trata en su gran mayoría de hombres jóvenes pues solo ellos correspondían al perfil
de los guerrilleros o combatientes del que se los disfrazaría. Si bien no fue una generalidad, se
conocieron varios casos de menores de edad, especialmente jóvenes de alrededor de 16 años.
Una de las características principales es la de ser campesinos o habitantes de zonas
rurales a donde iban dirigidas las operaciones militares.
A menudo provenían de familias de escasos recursos económicos, y/o se encontraban
desempleados, con lo cual eran fáciles de atraer bajo el señuelo de promesas laborales. Era
frecuente que los jóvenes desaparecieran luego de acudir a una oferta de trabajo, de manera que
al principio los familiares no tuvieron sospechas sobre lo que ocurría.
En algunos casos, se trataba de jóvenes que habían tenido problemas menores de
delincuencia o que habían participado de falsas desmovilizaciones.
En otros casos, se optó por personas indigentes o marginadas socialmente, de quienes
no se esperaba que nadie fuera a reclamar por su destino, o cuyas familias desconocían cómo
acceder a medios de denuncia.
Estas acciones revestían muchas veces el carácter de acciones de “limpieza social”,
siendo las víctimas personas consideradas indigentes, drogadictas o discapacitados.
La gran mayoría de las ejecuciones extrajudiciales respondieron al siguiente patrón común:
Las ejecuciones ocurrieron en zonas rurales apartadas, en donde se desarrollaron
operaciones militares contrainsurgentes ordenadas por la Política de Seguridad Democrática.
En algunos casos, se detuvo arbitrariamente a las víctimas en sus lugares de residencia o
labores agrícolas o cuando se dirigían de o hacia alguna de éstas. Estas detenciones se realizaban
sin orden judicial de autoridad competente, y sin que medie la situación de flagrancia, lo que
daba lugar a la desaparición forzada.
En su variante más organizada, las víctimas eran previamente señaladas y/o seleccionadas
por un informante o un reclutador que solía acompañar los operativos militares que culminaban en
falsos positivos y que era remunerado por tal trabajo (lo cual se hacía pasar como una recompensa
en el marco de las directivas que incentivaban la entrega de información sobre miembros de las
organizaciones armadas al margen de la ley que permitieran su captura o muerte).
El
reclutador engañaba a la víctima con falsas pretensiones (por ejemplo: ofrecimiento de
trabajo) y la trasladaba largas distancias, para evitar la posible identificación por testigos del lugar.
Al poco tiempo de llegar allí, miembros del Ejército mataban al individuo. En muchos
casos se llevaban y ejecutaban a más de una víctima al mismo tiempo.
Una vez cometido el asesinato se manipulaba la escena del crimen para simular una
baja legítimamente producida en el fragor de un combate: las víctimas eran vestidas con prendas
militares, armamento y munición previamente preparados para tal fin. En algunas ocasiones se
entregaban las armas a las víctimas con alguna excusa con anterioridad al combate simulado
para que sus huellas digitales quedaran registradas en el armamento.
Las simulaciones resultaban usualmente muy burdas. Por ejemplo, se conocieron casos
en los que el supuesto guerrillero vestía prendas de una talla muy superior a la que su contextura
física indicaba, o calzaban dos botas izquierdas, o siendo zurdo portaba el arma en la mano
derecha. A pesar de tratarse de un combate, nunca resultaba herido un miembro del Ejército. La
manera tosca en que se manipulaba la escena del crimen puede tomarse como indicio de que los
perpetradores tenían una cierta seguridad de que los hechos quedarían en la impunidad.
Al manipular la escena del crimen, los cuerpos eran despojados de los documentos de identidad
y las víctimas eran enterradas de manera anónima (como NN), algunas veces en fosas comunes.
Las primeras
diligencias sobre la escena del crimen eran realizadas por los mismos
militares implicados en los hechos, que tomaban fotografías de las escenas simuladas una vez
que se había producido el montaje.
Las víctimas eran así presentadas como combatientes muertos durante un operativo militar.
Una vez producida la
baja se informaba el resultado positivo de la operación al
comando del batallón del que dependía la unidad militar.
Las operaciones eran respaldadas por órdenes de inteligencia fraguadas (en ocasiones
producidas incluso con posterioridad al hecho delictivo).
Los responsables de la operación recibían beneficios, algunos de ellos económicos,
y generalmente consistentes también en permisos para los soldados y felicitaciones que
figurarían en la hoja de vida de los comandantes.
El modus operandi que aquí recapitulamos
requería evidentemente un alto grado de
sincronización interna para la realización de los asesinatos, incluyendo la asignación de tareas
y roles específicos a las personas involucradas en los operativos militares organizados para ese
fin. En efecto, los testimonios de distintos miembros del Ejército involucrados en los llamados
falsos positivos, dan cuenta de un alto grado de coordinación y preparación del crimen, que
denota la existencia de un plan premeditado.
Por ejemplo, en el caso de las ejecuciones cometidas por la Décimo Cuarta Brigada del Ejército