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los grupos paramilitares ocuparon prácticamente
la
totalidad del territorio, Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», al mando del Bloque
Norte, contó bajo su mando el frente Mártires del Valle de Upar, cuya influencia
cubrió tanto el norte como el centro del Departamento, incluyendo los municipios
de Valledupar, El Copey, Manaure, Pueblo Bello, La Paz, La Jagua de Ibirico y San
Diego. Bajo el mando de alias «39», este frente ejerció una clara influencia en el
corregimiento de La Mesa; los integrantes de EMPAGROC no fueron ajenos a su
accionar, y en junio de 2002 tuvieron que salir de la finca Las Marías. En el sur del departamento se dio la presencia de las Autodefensas Campesinas del
Sur del Cesar (AUSC), lideradas por Juancho Prada y Roberto Prada, alias «Junior». 107 Aprendizajes para la reconciliación Su accionar contó con el beneplácito de las grandes agroindustrias, principalmente
la palmera. Se caracterizaron por la desaparición de sus víctimas, varios pobladores
coinciden en que la mayoría de los cuerpos fueron arrojados al río Magdalena (Verdad
Abierta, 2010), golpearon el movimiento sindical y sentaron las primeras bases de
apoyo de los grupos de autodefensa en las partes planas (Oppdh DIH, 2006). El Bloque Norte y su comandante Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», se
desmovilizaron en marzo de 2006 en el corregimiento de La Mesa, que había sido
históricamente su base de operaciones. Según fuentes de la Procuraduría, en ese
mismo corregimiento surgen las primeras bandas criminales que con constantes
cambios de mando, debido a
la ofensiva de
las Fuerzas Militares, pretenden
dominar los corredores estratégicos del narcotráfico que dejaron libres las AUC
tras su desmovilización. El OPDDR de la Universidad Nacional señala que en el
departamento hacen presencia Los Paisas, Los Rastrojos y Los Urabeños66. Como
bien señala el Oppdh DIH en la región existen varios corredores de movilidad que
le permiten a los grupos armados irregulares comunicarse entre los departamentos
de Bolívar, Cesar, Magdalena y La Guajira, así como entre Cesar, Norte de Santander
y la frontera con Venezuela. Institucionalidad y movilización social Dentro de la institucionalidad, según se pudo apreciar, son característicos los
vínculos de la clase política con la llegada del paramilitarismo. Muchos de estos
vínculos se dieron luego de la presión de las guerrillas a las familias de tradición
política del departamento67. Así se comienza por la presión sobre las candidaturas
legislativas en el año 2002, que derivarían años después en la condena del senador
Mauricio Pimiento, por nexos con el Bloque Norte. Al respecto la Corte Suprema de
Justicia señaló: «Los resultados electorales examinados, la evidente intimidación
sobre
la población y demás actores políticos,
la eliminación de eventuales
opositores, la no admisión de candidaturas distintas a las acordadas por el grupo
paramilitar y la imposibilidad del libre ejercicio de actividades proselitistas» son
situaciones reveladoras del concierto para delinquir imputado al senador Pimiento
(El Espectador, 2008). Dicha captura se extendió por juntas de acción comunal,
alcaldías e
incluso
la Gobernación del departamento (Misión de Observación
Electoral, 2011). Además, en la región existieron alianzas entre fuerzas militares del 108 66 Ver al respecto Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional
de Colombia, DDR y acciones violentas. Enero 2010.
67 Monografía político electoral, Departamento de Cesar, Misión de Observación Electoral y Corporación Nuevo Arco
Iris, de 1997 a 2007, publicada en el 2011. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Estado y paramilitares, que se ilustran en la condena al oficial del Ejército, el coronel
Hernán Mejía Gutiérrez por este tipo de vínculos68. Es de destacar que, para las décadas de los 70 y los 80 el departamento presentó
una alta presencia de luchas campesinas e indígenas, concentrando el 5,8 % del
total de las movilizaciones en el país. Se destacaron los municipios de Valledupar
y El Copey (Prada, 2002). En las décadas posteriores, el liderazgo campesino se
ve mitigado en gran medida por la arremetida paramilitar en la región, así como
por la apertura económica de la década del 90. Las movilizaciones sociales y las
acciones colectivas por la paz en el departamento del Cesar han correspondido
con las múltiples causas del conflicto que se han presentado: los conflictos por la
tierra entre campesinos y grandes propietarios, los derechos humanos y el respeto
a la población civil, así como la lucha por los intereses laborales y empresariales.
A estos podría añadirse, siguiendo a Gutiérrez (2014), el suministro de servicios
públicos básicos, el desarrollo regional, el aprovechamiento de recursos acuíferos
y el poder político y electoral. Luego fueron víctimas de los paramilitares (especialmente en los 90 y los primeros
años del siglo XXI), quienes de manera directa se empeñaron en reducir liderazgos
para que no
interfirieran con sus proyectos políticos y económicos. En estos
procesos, líderes campesinos, políticos, estudiantiles, sindicales, indígenas y de
barrios populares han sido silenciados, asesinados y obligados a desplazarse, a
exiliarse o a marginarse de toda actividad, lo que ha terminado por debilitar la
organización social y fragmentar el tejido social del territorio69 (PNUD, 2010). La gran mayoría de las acciones colectivas por la paz registradas en las últimas
décadas correspondieron a marchas y movilizaciones, con 24 registros. En segundo
lugar se registran los encuentros, foros o seminarios con un total de diez hechos. La
tercera modalidad fueron los procesos de concertación ciudadana con 5 hechos.
Es evidente la significativa participación de Valledupar, el ser centro administrativo
departamental así como su tradición de movilización (Datapaz, 2014)70. 68 El Coronel Hernán Mejía Gutiérrez fue sentenciado a 19 años de prisión por colaborar con paramilitares desde inicios
de los 2000, cuando estuvo como comandante del Batallón La Popa, en la ciudad de Valledupar. Sostuvo encuentros
con cabecillas de los paramilitares como Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», y otros como David Hernández, alias
«39». Diario el País, Judicial, “Condenan a oficial del Ejército por vínculos con paramilitares” Cali, Colombia. Septiembre
9 del 2013.
69 Las masivas marchas campesinas que se realizaron entre 1985 y 1987 mostraron a esta población como un actor
de Cesar dispuesto a reclamar sus derechos. Las marchas tuvieron el respaldo de A Luchar, una corriente política legal
nacida en el ELN, el Movimiento Cívico Causa Común y otros movimientos del Cesar. En la marcha de junio de 1987, por
ejemplo, más de 10.000 hombres y mujeres campesinos se reunieron en Valledupar y se quedaron días negociando con
el Gobierno nacional y departamental la defensa de derechos. PNUD, Cesar: Análisis de la Conflictividad, Colombia, 2010.
70 Datapaz, Participación departamental en las Acciones Colectivas por la Paz, Región Caribe 1975-2014, CINEP/PPP, 2014. 109 Aprendizajes para la reconciliación Experiencia rural del Cesar:
episodios y mecanismos Tal y como había sido esbozado anteriormente en este documento, la experiencia
que se describirá a continuación llamada «Proyectos Agropecuarios del Cesar»
se compone de tres empresas derivadas del proceso de desmovilización del EPL.
Las tres empresas se gestaron en el marco del programa de reincorporación, y
constituyeron escenarios de experiencias productivas rurales. A continuación se
hace una descripción de cada una de ellas: La Empresa Comunitaria Agropecuaria del Cesar
(EMPAGROC)
surge con
la participación de dieciocho desmovilizados
con
sus
respectivas
familias.
EMPAGROC obtuvo la personería jurídica a finales de 1992, con el fin de adelantar
un proyecto productivo bovino. Como parte de la política del Programa Nacional
para la Reinserción, el INCORA adjudicó el predio conocido como Las Marías a
finales de 1993, este cuenta con aproximadamente 288 hectáreas y se ubica en
el corregimiento de La Mesa a diez kilómetros del municipio de Valledupar, Cesar.