anytp/prueba2 · Datasets at Hugging Face

text stringlengths 0 143k
Nacional, “El soldado llegaba con los siguientes argumentos: él llegaba al centro de Medellín
y buscaba vendedores ambulantes, o por ahí personas que no tuvieran familia, les compraba
ropa, les ofrecía plata y trabajo en Puerto Berrío en una ﬁnca y les decía que tenían que viajar
a Puerto Berrío y cuando ya iban a llegar a Puerto Berrío, en un lugar llamado Puerto Nare, los
bajaba del bus [...] ahí en ese lugar los esperaba en algunas ocasiones un cabo tercero en una
moto particular, en otras ocasiones los recogían soldados profesionales de la sección segunda
del Batallón Calibío”. Similarmente, en el caso de los jóvenes de Toluviejo, ejecutados por la
Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, la Fiscalía señaló que “la empresa criminal nació al parecer
de la necesidad de presentar personas muertas en combate por parte del Ejército nacional, para lo
cual se dieron a la tarea de hacer contactos con individuos no pertenecientes a la tropa (civiles)
que se encargaban de reclutar o conseguir personas para este ﬁn, disponiendo de incentivos
económicos para quien los consiguiera [...] cuando las víctimas estaban seleccionadas y listas
para viajar, le avisaban al Gringo y este a su vez al contacto del Ejército, quien indicaba en qué
lugar y sitio las recogería y de allí las transportaba hacia el supuesto lugar donde prestarían sus
servicio [...] el reparto de funciones sólo era una manera de distorsionar la realidad, cumpliendo
una función especíﬁca en aras de lograr un ﬁn común”.
El testimonio de uno de los reclutadores del caso de Soacha, también da cuenta de la división
del trabajo y la asignación de tareas especíﬁcas: “Tengo conocimiento de que la personas que
voy a nombrar son las que hicieron el reclutamiento: Eder Obeso, conocido en el barrio como
“El costeño” o “Pique”, Alex Díaz de igual manera el costeño y dueño de la tienda y Dairo
Palomino, tengo conocimiento que Pique era el que hacía las propuestas de trabajo [...] lo único
que sé es que se contactaba con un soldado profesional Dairo Palomino, yo conocí a Dairo
Palomino, yo me encontré con Dairo hace como dos meses y me dijo que había pedido la baja
y que trabajaba con el B2 del Batallón de Ocaña”.
Una vez que las víctimas eran entregadas al Ejército se ponía en marcha un amplio dispositivo
para llevar a cabo las ejecuciones, simulando la realización de operativos militares, debidamente
documentados e informados. Por ejemplo, en el caso de la Décimo Cuarta Brigada, “Ya cuando
se tenía asegurada a la víctima procedían el oﬁcial de inteligencia, o sea el Capitán Alarcón y el
teniente Rodríguez, que era el comandante de compañía a entrevistarse con el comandante de
Batallón, que era mi Coronel Camelo Piñeros, para que diera el aval de la operación, luego en
la sección de operaciones, que estaba al mando de mi Mayor Fonseca, se elaboraba la misión
táctica para que la desarrollara el grupo especial en la que incluía la cantidad de militares que
iban a participar, pero que en realidad esto era falso, porque por ejemplo, se decía que iba 01-
02-10, o sea, un oﬁcial, dos suboﬁciales y diez soldados, esto era falso porque solamente iban
los que iban a hacer el trabajo, que en ocasiones hasta se iban de civil. Luego que reportaban la
baja, mi Coronel Camelo coordinaba con las autoridades judiciales para lo del levantamiento
y él personalmente iba a todos los lugares donde se presentaron los hechos”. Por su parte la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre “escogía los puntos críticos desde la información que
realmente estaba en la sección, sobre los lugares donde la guerrilla había hecho cosas, de esta
información se partía para dar las bajas, esa información se cogía para dar el resultado pero, se
hacía lo más fácil, se traía a una persona para dar la baja […] en el 2 se recogía la información
de la población y ellos hacían el informe de inteligencia y se lo pasaban al Coronel Borja y ya
él organizaba todo”.
Ese alto grado de coordinación también requirió del uso signiﬁcativo de recursos económicos
para el pago de guías e informantes, así como para la adquisición del material de intendencia
(uniformes, armas y munición) con en el cual eran presentados los cuerpos una vez cometidos
los asesinatos. Sobre la manera en que se coordinaban estas operaciones en la Fuerza de Tarea
Conjunta de Sucre, el testimonio de uno de los suboﬁciales del Ejército implicado en el caso de
Toluviejo señala: “Yo recibía la orden de mi Coronel Borja de conseguir pelaos para mostrarlos
como falsos positivos. Entonces si una escuadra o una contraguerilla iba a dar una baja, yo me
entendía con el comandante de esa escuadra o de esa contraguerrilla, de ahí se cuadraba cuánto
valía el paquete, es decir, la víctima y el armamento que se requería, yo le transmitía la orden
al soldado profesional Iván Contreras, y él ya sabía qué tenía que hacer para dar un resultado
como falso positivo. Iván se encargaba de conseguir los reclutadores, y la plata se conseguía
así: la mitad la ponía la patrulla que iba a dar la baja y el resto la daba mi Coronel […] para
conseguir las armas a veces la contraguerrilla reunía un dinero y compraban las armas, en otras
ocasiones la plata salía de la Fuerza de Tarea Conjunta, esa plata la daba el Coronel Borja a un
funcionario de la Sección Segunda, al que fuera a hacer los contactos”.
El dinero provenía del fondo para gastos reservados asignado a cada unidad militar, de donde
salían los recursos para el pago de informantes. Según explica el Teniente Flórez de la IV
Brigada, había dos modalidades para hacer la justiﬁcación de los gastos imputados a ese fondo:
“le conseguimos el guía, usted consigue la plata para comprar el KIT de legalización, se establece
la misión táctica en la orden de operaciones y ya se hace la operación y usted recupera la plata
con el pago de información, usted habla con el guía, lo cuadra y le dice que le da $200.000 para
que ﬁrme y el resto de la plata la coge usted para que recupere, o la otra es que usted mismo
consiga todo: guía, KIT e información pero eso sí, usted nos consigue a alguien que venga a
ﬁrmar, le da $100.000 y listo”.
Finalmente, las unidades militares se encargaban de preparar adecuadamente la escena del
crimen, de manera que pareciera que efectivamente había ocurrido un combate. Para eso, se
vestía a las víctimas, se le ponía armamento y munición e incluso realizaban disparos.Hay
abundantes testimonios que dan cuenta de la manera en que se realizaban los montajes: “yo les
dije a los soldados que organizaran un campamento en la parte alta, y que organizaran para que
la escena quedara bien montada. Llegó el helicóptero del CTI y con el sargento Soler que traía
una bolsa blanca con uniformes camuﬂados, con panﬂetos de las Farc, un radio comunicaciones
y unos brazaletes de las Farc”. En muchas ocasiones las tropas salían ya desde el batallón con
las armas y las prendas necesarias para vestir a las víctimas que serian presentadas luego como
muertos en combate.
Los elementos anteriormente expuestos muestran que al interior de las unidades militares
involucradas en casos de falsos positivos existió un importante nivel de organización y de
planiﬁcación de los crímenes que no puede considerarse como fruto del azar. el 8 de julio de 2008 entre las veredas de Jabonal y Puerto Matilde de Yondó (Antioquía).


Nexo entre los actos criminales y el ataque
Este requisito se reﬁere al término “como parte de”, es decir que los crímenes deben ser cometidos
como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Por eso se habla de
nexo entre los actos criminales y el ataque. Para dar por conﬁgurado este criterio, se consideran las
características, el objetivo, la naturaleza y las consecuencias del acto criminal. Así, actos aislados
que diﬁeren en cuanto a su naturaleza, objetivo y consecuencias de otros actos que forman parte
del ataque, quedarían fuera del alcance de la deﬁnición de crímenes de lesa humanidad.
No nos extenderemos sobre este punto pues consideramos que las informaciones reproducidas en
este informe dan suﬁciente cuenta del nexo entre las ejecuciones individuales y el fenómeno de
los falsos positivos a nivel nacional. Nos referimos en lo que a esto respecta a las observaciones
contenidas más arriba en este informe.
e) Conocimiento del ataque
El autor de los crímenes debe saber que hay un ataque dirigido contra la población civil y que
sus actos forman parte de este ataque. Sin embargo, no es necesario probar que el autor conocía
todas las características del ataque o los detalles precisos de la política o plan del Estado o la
organización. Basta evidencia circunstancial, por ejemplo: posición del sospechoso en la jerarquía
militar; la asunción de un rol importante en la campaña criminal; su presencia en la escena del
crimen, referencias sobre la superioridad de su grupo por sobre el grupo enemigo; y la que se deduce
globalmente del contexto histórico y político en el que se cometieron los crímenes.

Nacional, “El soldado llegaba con los siguientes argumentos: él llegaba al centro de Medellín

y buscaba vendedores ambulantes, o por ahí personas que no tuvieran familia, les compraba

ropa, les ofrecía plata y trabajo en Puerto Berrío en una ﬁnca y les decía que tenían que viajar

a Puerto Berrío y cuando ya iban a llegar a Puerto Berrío, en un lugar llamado Puerto Nare, los

bajaba del bus [...] ahí en ese lugar los esperaba en algunas ocasiones un cabo tercero en una

moto particular, en otras ocasiones los recogían soldados profesionales de la sección segunda

del Batallón Calibío”. Similarmente, en el caso de los jóvenes de Toluviejo, ejecutados por la

Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, la Fiscalía señaló que “la empresa criminal nació al parecer

de la necesidad de presentar personas muertas en combate por parte del Ejército nacional, para lo

cual se dieron a la tarea de hacer contactos con individuos no pertenecientes a la tropa (civiles)

que se encargaban de reclutar o conseguir personas para este ﬁn, disponiendo de incentivos

económicos para quien los consiguiera [...] cuando las víctimas estaban seleccionadas y listas

para viajar, le avisaban al Gringo y este a su vez al contacto del Ejército, quien indicaba en qué

lugar y sitio las recogería y de allí las transportaba hacia el supuesto lugar donde prestarían sus

servicio [...] el reparto de funciones sólo era una manera de distorsionar la realidad, cumpliendo

una función especíﬁca en aras de lograr un ﬁn común”.

El testimonio de uno de los reclutadores del caso de Soacha, también da cuenta de la división

del trabajo y la asignación de tareas especíﬁcas: “Tengo conocimiento de que la personas que

voy a nombrar son las que hicieron el reclutamiento: Eder Obeso, conocido en el barrio como

“El costeño” o “Pique”, Alex Díaz de igual manera el costeño y dueño de la tienda y Dairo

Palomino, tengo conocimiento que Pique era el que hacía las propuestas de trabajo [...] lo único

que sé es que se contactaba con un soldado profesional Dairo Palomino, yo conocí a Dairo

Palomino, yo me encontré con Dairo hace como dos meses y me dijo que había pedido la baja

y que trabajaba con el B2 del Batallón de Ocaña”.

Una vez que las víctimas eran entregadas al Ejército se ponía en marcha un amplio dispositivo

para llevar a cabo las ejecuciones, simulando la realización de operativos militares, debidamente

documentados e informados. Por ejemplo, en el caso de la Décimo Cuarta Brigada, “Ya cuando

se tenía asegurada a la víctima procedían el oﬁcial de inteligencia, o sea el Capitán Alarcón y el

teniente Rodríguez, que era el comandante de compañía a entrevistarse con el comandante de

Batallón, que era mi Coronel Camelo Piñeros, para que diera el aval de la operación, luego en

la sección de operaciones, que estaba al mando de mi Mayor Fonseca, se elaboraba la misión

táctica para que la desarrollara el grupo especial en la que incluía la cantidad de militares que

iban a participar, pero que en realidad esto era falso, porque por ejemplo, se decía que iba 01-

02-10, o sea, un oﬁcial, dos suboﬁciales y diez soldados, esto era falso porque solamente iban

los que iban a hacer el trabajo, que en ocasiones hasta se iban de civil. Luego que reportaban la

baja, mi Coronel Camelo coordinaba con las autoridades judiciales para lo del levantamiento

y él personalmente iba a todos los lugares donde se presentaron los hechos”. Por su parte la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre “escogía los puntos críticos desde la información que

realmente estaba en la sección, sobre los lugares donde la guerrilla había hecho cosas, de esta

información se partía para dar las bajas, esa información se cogía para dar el resultado pero, se

hacía lo más fácil, se traía a una persona para dar la baja […] en el 2 se recogía la información

de la población y ellos hacían el informe de inteligencia y se lo pasaban al Coronel Borja y ya

él organizaba todo”.

Ese alto grado de coordinación también requirió del uso signiﬁcativo de recursos económicos

para el pago de guías e informantes, así como para la adquisición del material de intendencia

(uniformes, armas y munición) con en el cual eran presentados los cuerpos una vez cometidos

los asesinatos. Sobre la manera en que se coordinaban estas operaciones en la Fuerza de Tarea

Conjunta de Sucre, el testimonio de uno de los suboﬁciales del Ejército implicado en el caso de

Toluviejo señala: “Yo recibía la orden de mi Coronel Borja de conseguir pelaos para mostrarlos

como falsos positivos. Entonces si una escuadra o una contraguerilla iba a dar una baja, yo me

entendía con el comandante de esa escuadra o de esa contraguerrilla, de ahí se cuadraba cuánto

valía el paquete, es decir, la víctima y el armamento que se requería, yo le transmitía la orden

al soldado profesional Iván Contreras, y él ya sabía qué tenía que hacer para dar un resultado

como falso positivo. Iván se encargaba de conseguir los reclutadores, y la plata se conseguía

así: la mitad la ponía la patrulla que iba a dar la baja y el resto la daba mi Coronel […] para

conseguir las armas a veces la contraguerrilla reunía un dinero y compraban las armas, en otras

ocasiones la plata salía de la Fuerza de Tarea Conjunta, esa plata la daba el Coronel Borja a un

funcionario de la Sección Segunda, al que fuera a hacer los contactos”.

El dinero provenía del fondo para gastos reservados asignado a cada unidad militar, de donde

salían los recursos para el pago de informantes. Según explica el Teniente Flórez de la IV

Brigada, había dos modalidades para hacer la justiﬁcación de los gastos imputados a ese fondo:

“le conseguimos el guía, usted consigue la plata para comprar el KIT de legalización, se establece

la misión táctica en la orden de operaciones y ya se hace la operación y usted recupera la plata

con el pago de información, usted habla con el guía, lo cuadra y le dice que le da $200.000 para

que ﬁrme y el resto de la plata la coge usted para que recupere, o la otra es que usted mismo

consiga todo: guía, KIT e información pero eso sí, usted nos consigue a alguien que venga a

ﬁrmar, le da $100.000 y listo”.

Finalmente, las unidades militares se encargaban de preparar adecuadamente la escena del

crimen, de manera que pareciera que efectivamente había ocurrido un combate. Para eso, se

vestía a las víctimas, se le ponía armamento y munición e incluso realizaban disparos.Hay

abundantes testimonios que dan cuenta de la manera en que se realizaban los montajes: “yo les

dije a los soldados que organizaran un campamento en la parte alta, y que organizaran para que

la escena quedara bien montada. Llegó el helicóptero del CTI y con el sargento Soler que traía

una bolsa blanca con uniformes camuﬂados, con panﬂetos de las Farc, un radio comunicaciones

y unos brazaletes de las Farc”. En muchas ocasiones las tropas salían ya desde el batallón con

las armas y las prendas necesarias para vestir a las víctimas que serian presentadas luego como

muertos en combate.

Los elementos anteriormente expuestos muestran que al interior de las unidades militares

involucradas en casos de falsos positivos existió un importante nivel de organización y de

planiﬁcación de los crímenes que no puede considerarse como fruto del azar. el 8 de julio de 2008 entre las veredas de Jabonal y Puerto Matilde de Yondó (Antioquía).

Nexo entre los actos criminales y el ataque

Este requisito se reﬁere al término “como parte de”, es decir que los crímenes deben ser cometidos

como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Por eso se habla de

nexo entre los actos criminales y el ataque. Para dar por conﬁgurado este criterio, se consideran las

características, el objetivo, la naturaleza y las consecuencias del acto criminal. Así, actos aislados

que diﬁeren en cuanto a su naturaleza, objetivo y consecuencias de otros actos que forman parte

del ataque, quedarían fuera del alcance de la deﬁnición de crímenes de lesa humanidad.

No nos extenderemos sobre este punto pues consideramos que las informaciones reproducidas en

este informe dan suﬁciente cuenta del nexo entre las ejecuciones individuales y el fenómeno de

los falsos positivos a nivel nacional. Nos referimos en lo que a esto respecta a las observaciones

contenidas más arriba en este informe.

e) Conocimiento del ataque

El autor de los crímenes debe saber que hay un ataque dirigido contra la población civil y que

sus actos forman parte de este ataque. Sin embargo, no es necesario probar que el autor conocía

todas las características del ataque o los detalles precisos de la política o plan del Estado o la

organización. Basta evidencia circunstancial, por ejemplo: posición del sospechoso en la jerarquía

militar; la asunción de un rol importante en la campaña criminal; su presencia en la escena del

crimen, referencias sobre la superioridad de su grupo por sobre el grupo enemigo; y la que se deduce

globalmente del contexto histórico y político en el que se cometieron los crímenes.