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la ausencia de condiciones de seguridad
idóneas para proteger la nueva vida civil de los excombatientes, la persistencia en
las comunidades de miedos estructurales que se traducen en la profundización
de estigmatizaciones y desconfianzas y la ausencia de un ambiente propicio para
la reintegración política son algunos de los obstáculos evidentes tanto para el
cumplimiento de los términos de los acuerdos de paz como para concretar avances
encaminados a la reconciliación. En este sentido, las dinámicas del conflicto armado y la violencia en las ciudades
han condicionado las respuestas de los actores sociales de las experiencias y sus
decisiones de adaptación, resistencia o desplazamiento forzado, lo cual llama
a que opten por acciones individuales o colectivas que les permitan sobrevivir
y desplegar cierto tipos de mecanismos (González, 2006). Así, la intensificación
del conflicto armado y de la violencia urbana tuvo un doble efecto inhibidor y
creador, para la construcción de espacios de encuentro en las cuatro experiencias.
Sin embargo, la naturaleza de estos dos fenómenos y sus diferencias históricas
merecen un análisis por separado. La vulnerabilidad frente al conflicto armado ha sido más evidente en los escenarios
rurales de Colombia. El incremento de las acciones violentas por cuenta de los
grupos armados, la disputa por el control del territorio y sus economías ilegales
incidieron en la interacción, difusión y construcción de la identidad colectiva de las
experiencias de Cesar y sur de Bolívar. La experiencia del Comité Cívico y el proceso
colectivo del EPL en Cesar, aunque emergieron en dos escenarios históricos
distintos, coinciden en la presencia de grupos armados, de manera particular en dos
episodios de su dinámica organizativa más reciente: la irrupción del paramilitarismo
representada por los bloques Central Bolívar-Sur de Bolívar y Norte de las AUC y la
desmovilización de los mismos en el año 2006118. En el caso del Comité Cívico, los 117 En la revisión histórica presente en el segundo capítulo de este libro es posible encontrar evidencias de cómo la
persistencia de la violencia armada ha impedido u obstaculizado la consolidación de espacios de reconciliación en el
panorama nacional.
118 En 1998, grupos paramilitares comandados por alias «Julián Bolívar»
incursionaron por primera vez en el
casco urbano de Simití con el objetivo de expulsar al ELN de los territorios del sur de Bolívar. En 2006, luego de su
establecimiento, el Bloque Central Bolívar-Sur de Bolívar de las AUC se desmoviliza en el corregimiento de Buena Vista,
de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
De manera similar, en septiembre de 1999, hombres vestidos de camuflado bajo las órdenes de Salvatore Mancuso
y Rodrigo Tovar, alias «Jorge 40», irrumpieron en La Mesa, corregimiento de Valledupar. Tras años de predominio en
la zona, en marzo de 2006 el Frente Mártires del Cesar, del Bloque Norte de las AUC, se desmovilizó en el mismo
corregimiento. 155 Aprendizajes para la reconciliación años de disputa de los paramilitares por el territorio del ELN, seguidos a los de su
predominio en esta subregión, estuvieron marcados por la represión y todo tipo
de atropellos contra la población civil. El proceso de desmovilización aceleró desde
el año 2006 la recomposición del tejido social a través de la emergencia de actores
como el Comité Cívico y la acción de intermediación del Programa de Desarrollo
y Paz, organizaciones de derechos humanos, la cooperación internacional y el
Estado. La experiencia del Cesar muestra cómo el proceso de reinserción (reencuentro) de
los exmiembros del EPL, que se venía gestando desde 1991, fue interrumpido por
la incursión paramilitar, lo cual de una manera paradójica aceleró su proceso de
integración social con la comunidad receptora a través de la atribución de amenaza
y de identidad colectiva como víctimas del paramilitarismo. Adicionalmente,
la permanencia de
los exmiembros del EPL
siempre estuvo condicionada
por
la persecución hacia sus miembros, quienes fueron objeto de amenazas,
desplazamiento forzado, despojo de tierras, desaparición y asesinatos. Por su parte, el análisis de la experiencia de Cali plantea preocupaciones serias
acerca de la repercusión de la violencia urbana en las experiencias de reconciliación.
En primera medida, se hace observable su efecto inhibidor para generar espacios
de encuentro en
las zonas de residencia de desmovilizados. La persistencia
de
los grupos armados y de delincuencia organizada
(bandas criminales)
genera argumentos contraproducentes para la disposición de comunidades y
excombatientes urbanos hacia su reconciliación. En su investigación respecto a la
presencia de desmovilizados e inseguridad en las ciudades, Enzo Nussio et al. (2011,)
señala que las comunidades receptoras tienen distorsiones sobre la participación
real de excombatientes en las acciones delictivas. Esas distorsiones inciden en la
disposición para transformar sus relaciones desde la mera coexistencia hacia la
convivencia pacífica y la reconciliación. Las dinámicas urbanas de hoy están marcadas por las contradicciones transversales
que afectan de distintas maneras a diferentes grupos sociales con diversos valores
e intereses y variada capacidad para influir sobre su desarrollo y resultado final.
«El conflicto urbano generalizado prefigura un ambiente general de poder difuso
en el que actores no estatales y privados
juegan un papel progresivamente
más protagónico a la vez que el monopolio de la fuerza por parte del Estado se
resquebraja y se debilita» (Pérez, 2013). La configuración de miembros de este colectivo del EPL como víctimas del paramilitarismo ha estado atravesada
por un intenso conflicto con el Estado, que no les ha dado ese estatus dentro del registro de víctimas por sus
antecedentes como desmovilizados.
Ver capítulo 2. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras En suma, es importante tener en cuenta el doble efecto del conflicto armado y la
violencia en las experiencias de reconciliación: en primer lugar, como inhibidores
de la participación de actores en espacios de encuentro, ya sea por las restricciones
de movilidad y de circulación que suelen darse bajo el predominio de un actor
armado o por argumentos basados en la relación previa del grupo excombatiente
con la comunidad receptora, lo cual determina la disposición de los actores; y en
segundo lugar, como generador de argumentos para la organización social y la
búsqueda de alternativas pacíficas al conflicto. En la medida que la violencia se
convierte en una amenaza colectiva, los actores buscan repertorios para mitigarla
o suprimirla. Estos argumentos contraproducentes tienen como una de sus expresiones más
comunes la opción por el anonimato por parte de los excombatientes. Si bien
la decisión de no identificarse como desmovilizado puede obedecer a causas
meramente personales como «querer pasar la página», gran parte de las entrevistas
a excombatientes plantearon que esta decisión era para salvaguardar su integridad
y la de su familia, así como para evitar caer en situaciones de estigmatización social. Es importante destacar que durante los 90, la disposición de la comunidad pereirana
para un proceso de reinserción y reconciliación con el EPL tuvo unos antecedentes
determinantes: el bajo impacto de la violencia del EPL en esta sociedad, el eco de
su discurso político reivindicatorio en ciertos sectores sociales de la comunidad y el
hecho de que la élite del eje cafetero no considerara al EPL como una amenaza real
para el statu quo (Comisión de la Superación de la Violencia, 1992). Asimismo, los
excombatientes del EPL del Frente Oscar William Calvo tenían mayor disposición
hacia un proceso de reconciliación anidada en los argumentos que los llevaron
a seleccionar la ciudad de Pereira como sitio de su reencuentro (reinserción) en
1991: era un lugar que conocían y utilizaban como centro de abastecimiento
durante su acción armada, tenían allí un trabajo político sólido y, además, era la
ciudad más pujante económicamente del Eje Cafetero (Entrevista a Marino Alzate,