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Por tener relación directa con la responsabilidad de los autores de los hechos, nos referimos al
análisis presentado más abajo en este informe en relación con la responsabilidad de los altos
mandos militares. C. Indicios de Responsabilidad de los Altos Mandos Militares Durante la investigación que dio origen a este informe, notamos una falta de comprensión
de ciertos conceptos de Derecho Penal Internacional entre operadores judiciales e incluso
abogados. Se ha reconocido que “[e]n Colombia apenas se está gestando el debate en torno a
la responsabilidad de los jefes de organizaciones criminales”. Se comienza a citar la “teoría
de los aparatos organizados de poder”. No es nuestro objetivo en este informe referirnos
específicamente a la teoría que debiera ser utilizada, pero deseamos señalar que la misma debe
permitir la investigación de los más altos responsables de conformidad con el compromiso de
Colombia como Estado Parte del Estatuto de la CPI.
A modo de referencia explicamos aquí los tipos de responsabilidad penal aceptados por la CPI,
concentrándonos en particular en la responsabilidad del superior jerárquico, por su posible
aplicabilidad al caso de los falsos positivos. 1. Responsabilidad Penal Individual en Derecho Penal Internacional El artículo 25 del Estatuto de la CPI establece la responsabilidad penal individual, que puede
configurarse en distintas formas de comisión. Ellas son la autoría individual y la coautoría (con otro o por medio de otro). Estas formas de comisión se pueden presentar así:
(i) ordenar, proponer, inducir la comisión de crímenes (ya sea consumado o en grado de
tentativa);
(ii) facilitar la comisión en calidad de cómplice, encubridor o colaborando de algún otro modo
en la comisión o tentativa, incluso suministrando medios para su comisión; o
(iii) contribuir de algún otro modo en la comisión o tentativa por medio de un grupo de personas
que tengan una finalidad común. En este caso la contribución debe ser intencional.
Las diferentes formas de comisión tienen diferentes elementos. Por ejemplo, para probar la
coautoría, hay que probar los siguientes elementos:
(i) que el sospechoso es parte de un plan común o un acuerdo con una o más otras personas; y
(ii) que el sospechoso y el coautor hicieron contribuciones esenciales en una manera coordinada
que resultaron en la realización de los elementos materiales del crimen.
Además, en la interpretación del artículo 25, la CPI ha indicado que la autoría y coautoría
implican que los sospechosos tenían “control” sobre el acto criminal.
La responsabilidad penal de superiores jerárquicos está codificada en el artículo 28 del Estatuto
de Roma. Entran en esta categoría dos tipos de superiores: “jefe militar” y “otros superiores”.
La CPI ha identificado los siguientes elementos de la responsabilidad para que se configure la
responsabilidad del jefe militar:
(i) El sospechoso tiene que ser jefe militar o actuar efectivamente como jefe militar.
(ii) El sospechoso debe tener mando y control efectivo, o autoridad y control efectivo sobre las
fuerzas (subordinados) que cometieron uno o más de los crímenes de competencia de la CPI;
(iii) Los crímenes fueron cometidos por las fuerzas (subordinados) en razón de que el sospechoso
no ejerció un control apropiado sobre ellos;
(iv) El sospechoso sabía o, de acuerdo a las circunstancias del momento, debería haber sabido
que las fuerzas (subordinados) estaban cometiendo uno o más de los crímenes de competencia
de la CPI, o se proponían cometerlos; y
(v) El sospechoso no adoptó todas las medidas necesarias y razonables que estaban a su alcance
para prevenir o reprimir la comisión de esos crímenes, o no puso el asunto en conocimiento de
las autoridades competentes para investigar y procesar a los subordinados responsables. 2. La Responsabilidad de los Superiores Militares en los casos de Falsos Positivos Sin entrar en un análisis de la teoría aplicable, pero a la luz de los principios expuestos en el
apartado anterior, procederemos ahora a detallar los elementos que apuntan fuertemente a la
responsabilidad de los jefes militares con relación a los casos de ejecuciones extrajudiciales
cometidas durante el período de estudio.
a. El mismo carácter generalizado y sistemático apunta a una responsabilidad situada
“más arriba”
Recordamos que, en su informe de 2010, el Relator Especial de Naciones Unidas para las
Ejecuciones Extrajudiciales manifestó: “No he visto ninguna prueba que indique que la comisión
de esos homicidios formara parte oficial o hubiera sido ordenada por altos funcionarios del
Gobierno. Sin embargo, recibí informes detallados y creíbles de ejecuciones de ese tipo en todo
el país, cometidas en numerosos departamentos y por un gran número de unidades militares
diferentes. De mis investigaciones se desprende claramente que los miembros de las fuerzas de
seguridad de Colombia han cometido un número considerable de ejecuciones ilegales y que el
cuadro sistemático de falsos positivos se ha repetido en todo el país”.
El alto grado de organización y coordinación para cometer los crímenes, la manera premeditada
en que se escogieron las víctimas y la existencia de patrones claros para cometer los ataques
que se repitieron en diversas regiones del país son indicios claros de que las decisiones no eran
tomadas de manera aislada por las brigadas y apuntan al menos a un conocimiento por parte de
las instancias superiores.
A modo de ejemplo, citamos el caso del Coronel Luis Fernando Borja Aristizabal, quien
comandara la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre y ha aceptado responsabilidad por casos de
falsos positivos perpetrados por dicha Fuerza. El Coronel Borja ha declarado que cuando él llegó
a Sucre en 2007, el montaje de bajas en combate a través del homicidio de civiles inocentes se
encontraba ya en operación. A su vez, antes de llegar a la Fuerza de Tarea Conjunta, Borja era
Comandante en Sumapaz, departamento de Cundinamarca, donde hay fuertes sospechas que
él hubiera ordenado casos de falsos positivos en 2006. Este caso sugiere que, por un lado,
que la sistematicidad de patrones era independiente de quién comandara la unidad respectiva.
Por otro lado, es probable que la movilidad de comandantes de una unidad militar a otra haya
reforzado tal modo operativo. Como se verá más abajo, el alto número de bajas presentadas en
una determinada unidad o brigada, les valía a los comandantes de las mismas ascensos en lugar
de investigaciones penales, lo cual incentivaba, expandía, perpetuaba y acentuaba la impunidad
de la actividad delictiva de los falsos positivos. Al respecto de los ascensos, cabe destacar el
caso del Coronel Juan Carlos Barrera Jurado, quien fue comandante del Batallón Jorge Eduardo
Rodriguez, adscrito a la Cuarta Brigada del ejército, (la cual se ha visto altamente vinculada
a casos de ejecuciones extrajudiciales), y pasó luego a ser Comandante de la Décimo Cuarta
Brigada, también vinculada con casos de falsos positivos.
La figura siguiente (figura 2) muestra la distribución de las ejecuciones extrajudiciales
por brigadas entre los años 2002 y 2008, según registros sistematizados por la CCEEU.
La distribución geográfica de las ejecuciones permite conocer cuáles fueron las unidades
militares
involucradas en
los hechos. Las Brigadas Cuarta
(perteneciente a
la séptima
división), Segunda (perteneciente a la primera división) y Vigésima Novena (perteneciente a la
tercera división), del Ejército Nacional, concentraron casi el 40% del total de las ejecuciones
extrajudiciales ocurridas durante el período en estudio. Aunque se registraron casos similares
en las siete Divisiones del Ejército Nacional existentes en ese momento, llama la atención esa
impresionante concentración de casos en unas pocas unidades operativas. Cualquier observador
que fuere presentado con información, no tardaría en concluir que los jefes de dichas unidades
tuvieron algún tipo de responsabilidad en las ejecuciones, sea por conocimiento directo, sea por
haber sido presentados con semejante número repentino de bajas, sea simplemente por haber
omitido controlar a sus inferiores frente a esta situación inusual.
b. Una Institución Altamente Jerarquizada en el Marco de la Presión por Resultados
La Fuerza Pública colombiana tiene un mando centralizado. La Constitución colombiana, en su
artículo 189.3 señala al Presidente del República como el Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas de la República. El Decreto Número 1512 de 2000 determinó la naturaleza, competencia,
funciones y estructura del Ministerio de Defensa Nacional. Allí se plantea que El Ministerio de
Defensa Nacional tendrá a su cargo la orientación, control y evaluación del ejercicio de las funciones