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con base en el informe de la Representante
Especial de 2007 y la identificación del Auto
251 de la Corte Constitucional en cuanto a la
relación existente entre desplazamiento y reclutamiento). En uno de sus apartes, la RSC. 1612 también le
pide al Secretario General: (…) que ponga en marcha sin demora el
mecanismo de supervisión y presentación de
informes que antecede y, en primer lugar, lo haga aplicable, dentro del marco de los recursos
existentes y en estrecha consulta con los países
a que concierna, a las partes en las situaciones
de conflicto armado enumeradas en los anexos
del informe del Secretario General (S/2005/72)
y que se hallan sometidas a la consideración
del Consejo de Seguridad y luego, en estrecha
consulta con los países a que concierna, a las
partes en otras situaciones de conflicto armado enumeradas en los anexos del informe del
Secretario General (S/2005/72), teniendo presentes los debates del Consejo y las opiniones expresadas por los Estados Miembros, en
particular en el debate anual sobre los niños y
los conflictos armados, y teniendo también en
cuenta las conclusiones y recomendaciones de
un estudio independiente sobre la aplicación del
mecanismo que se comunicarán al Consejo para
el 31 de julio de 2006. Para tales efectos, en los países pertenecientes
a la lista de la Resolución y en aquellos que, como Colombia, lo aceptaron de manera voluntaria
(diciembre de 2008), se ha establecido el MRM.2
Este mecanismo funciona a través de la articulación de diversas agencias de las Naciones Unidas
coordinadas por Unicef y, en el caso colombiano, con
la participación de organizaciones de la sociedad
civil y la Defensoría del Pueblo en representación
del Estado. En equipo, se trabajan notas bimestrales e informes anuales sobre la situación, permitiendo así la elaboración de los distintos informes
del Secretario General relativos a la participación
de los niños y las niñas en los conflictos armados
y particularmente, en Colombia.3 2 3 A partir de 2009 el Consejo de Seguridad definió que la lista de partes a considerar para el caso colombiano solo incluye a las
guerrillas de las FARC y del ELN. Aún así, se hace seguimiento al accionar de los demás grupos armados en el país aunque
no estén listados. Este es el caso de las Fuerzas Armadas de Colombia y otros grupos como Los Paisas, Los Urabeños, el
Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac) y Las Águilas Negras (los cuales han sido catalogados por
el Gobierno como bandas criminales o “Bacrim”).
A la fecha de publicación del presente informe, el Secretario General de las Naciones Unidas había publicado dos informes
sobre Colombia: el primero en agosto de 2009 y el segundo en marzo de 2012. 15 Con el propósito de aportar a la aplicación del
MRM en Colombia, desde el año 2009, la COALICO
ha desarrollado el proyecto: “¡Tenemos una oportunidad ahora!: implementación del sistema de
monitoreo de la Resolución 1612 sobre niñez y
conflicto armado en Colombia” con una subvención de la Unión Europea (UE) y cofinanciación
de la Fundación War Child - Holanda. Esta acción
partió de la identificación de tres obstáculos que
dificultan la respuesta estatal adecuada y efectiva
para prevenir la vinculación de niños y niñas a los
grupos armados: 1. Deficiencia en los procesos de investigación,
documentación y monitoreo de la realidad de
los niños y niñas víctimas del conflicto armado.
2. Debilidad en la capacidad de respuesta rápida
y efectiva a situaciones de amenazas de vinculación o uso por parte de las instituciones
estatales.
3. Debilidad en los procesos de incidencia política para posicionar en la agenda pública
la problemática de la afectación de la niñez
por el conflicto armado, con énfasis en las
situaciones de reclutamiento forzado, y para
obtener respuestas efectivas y sostenibles por
parte del Estado, la sociedad y la comunidad
internacional. Con base en lo anterior, la propuesta de trabajo
constó de tres componentes: 1. Diseño y aplicación de una estrategia de fortalecimiento de capacidades locales de las
organizaciones aliadas de la COALICO que
conforman la red de apoyo en 11 regiones4 de
intervención para la prevención, la protección,
la observación y la incidencia política con el
ánimo de contribuir a la disminución de la vinculación de los NNAJ al conflicto armado.
2. Observación, monitoreo y visibilización de la
situación de NNAJ afectados por el conflicto
armado en Colombia por medio de un Obser- 3. vatorio nacional especializado en esta materia
con una experiencia piloto focalizada en el departamento de Antioquia (Medellín).
Incidencia política en los ámbitos local, regional, nacional e internacional frente al Estado y
las organizaciones de la comunidad internacional presentes en el país para la promoción
y desarrollo de políticas de prevención y protección de los niños y las niñas. Mediante la implementación de estas líneas de
trabajo, la COALICO ha buscado la cualificación
de las estrategias de prevención y las garantías
de protección para NNAJ, así como proveer información sistemática, rigurosa y permanente sobre
la situación a la sociedad, al Estado y a la comunidad internacional.
En la etapa de diseño del proyecto en mención, al
realizar el análisis de contexto nacional, la COALICO
identificó a Antioquia como una de las regiones de
mayor ocurrencia de hechos atentatorios de los
derechos de NNAJ por razones del conflicto armado y otras violencias. Por lo anterior, y valiéndose
de la presencia en la región de la Corporación Paz
y Democracia (organización miembro), se definió
que el trabajo previsto en la acción para este departamento fuera concebido como una experiencia piloto que permitiera un seguimiento a las
afectaciones de NNAJ y una evaluación de rutas y
estrategias de trabajo que orientaran los procesos
de la Coalición hacia otras regiones priorizadas en
su intervención.
En desarrollo de la experiencia piloto, como resultado del monitoreo de la situación de los NNAJ
afectados por el conflicto armado y otras violencias realizado en Antioquia durante 2009 y 2010,
se identificó como caso de estudio la situación de
las escuelas, especialmente, de las dinámicas por
las cuales atraviesan las comunidades educativas
que han quedado en el medio de la confrontación
armada y las expresiones de violencia cotidiana
que caracterizan gran parte de la ciudad de Medellín y el área metropolitana. El proceso se dio con- 4 Zonas de intervención: Bogotá-Soacha, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Arauca, Meta, Antioquia,
Chocó, Bolívar y Sucre. 16 La respuesta
del Estado se
ha centrado
en atender las