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de los organismos y entidades que conforman el Sector Administrativo Defensa Nacional, sin
perjuicio de las potestades de decisión que les correspondan así como de su participación en la
formulación de la política, en la elaboración de los programas sectoriales y en la ejecución de los
mismos. Dispone que la Dirección del Ministerio de Defensa Nacional está a cargo del Ministro,
quien la ejerce con la inmediata colaboración del Comandante General de las Fuerzas Militares, los
Comandantes de Fuerza, el Director General de la Policía Nacional y el Viceministro.
Cada uno de los comandantes de Fuerza Pública ejerce control y mando directo sobre todos
sus miembros. El comandante del Ejército da órdenes directas a los comandantes de las ocho
divisiones que cubre todo el territorio nacional. Asimismo, los comandantes de división del
Ejército imparten las órdenes a las brigadas adscritas a cada división y estas a su vez a los
comandantes de batallón, que se encuentran divididos en compañías de tres o cuatro pelotones.
Por último, los pelotones son de aproximadamente 40 personas, en las que existe un comandante
de escuadra por cada diez soldados.
Un principio del funcionamiento de la institución militar lo constituye el de la claridad de las
órdenes y el conocimiento de las mismas por todos los miembros que la conforman. En este
sentido existe una clara división de las funciones dentro de la institución y muchos niveles
de mando entre los militares de mayor jerarquía y los de más bajo nivel con el propósito de
alcanzar los objetivos de la Fuerza Pública como institución. Cada unidad de mando cuenta con
una autoridad limitada para tomar decisiones, pues se ejerce un mando único y centralizado
en el que los niveles superiores, empezando por el Presidente de la república y el Ministro de
Defensa, toman el mayor número de decisiones estratégicas y las más importantes en términos
de política, misión, objetivos y métodos.
Las organizaciones militares se caracterizan por tener tramos de control estrechos, es decir,
con un número limitado y pequeño de subordinados inmediatos que reportan directamente
al superior y con una supervisión minuciosa y constante del cumplimiento de las órdenes,
que pueden ser dictadas verbalmente. Aunque el superior en la línea de mando no controle
directamente a todos los subordinados, todas las decisiones que este toman en la cúpula de la
institución vinculan a todos los miembros y van a ser cumplidas, a primera vista, debido a la
fuerte disciplina que implica este modelo de organización y al principio de obediencia debida.
En ese sentido, una declaración del Presidente de la República o del Comandante de las Fuerzas
Militares será comprendida como un imperativo para el resto de estructuras militares. Bajo esta
lógica, la afirmación del Teniente Coronel Wilson Cedeño de la Brigada XIV, cuando dijo que “Cada
comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección
segunda me debe responder por tres muertos al mes. En este momento la guerra se mide por litros de
sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente
y se verá reflejado en su folio de vida88”, debe ser interpretada como una orden directa a todos
sus subalternos. Además es el reflejo de una visión eficientista e inconveniente de la definición,
orientación y objetivos de las Fuerzas Militares, en el marco de la Política de Seguridad Democrática,
en la que los “éxitos militares” pasan a ser fines en sí mismos de las Fuerzas Militares.
Así, la institución militar en general siente la obligación de presentar resultados debido a la
disciplina militar, a la obediencia debida y a la competencia con otras unidades militares por
presentar los “mejores” resultados, pero además una unidad militar que muestra resultados,
así estos sean producto de ejecuciones extrajudiciales, lo hacer con el propósito de alcanzar el
objetivo misional de la institución y a incrementar la eficiencia organizacional.
Adicionalmente esta situación se ve agravada ante la amenaza de comandantes militares de imponer
sanciones ante el incumplimiento de las metas de bajas en combate fijadas por la Fuerza Pública.
Todas las unidades militares en Colombia se encuentran fuertemente presionadas para presentar
resultados positivos de combate. De este modo, todos los mandos medios y altos, presionados
para mostrar resultados, encontraron en las ejecuciones extrajudiciales las cifras que avalaron su
gestión como comandantes militares. De este modo, el llamado escándalo de los falsos positivos
lo constituye la conjunción de la política de recompensas, la presión por resultados de la política de
guerra y una práctica arraigada de ejecuciones extrajudiciales en la Fuerza Pública colombiana.
La
implementación de
la Política de Seguridad Democrática
requirió
la ampliación y
fortalecimiento de la Fuerza Pública, en particular del Ejército, como eje central para su
ejecución. Entre 2002 y 2006, el pie de fuerza pasó de 124.000 a 170.000 soldados. Además se
crearon siete Brigadas Móviles, seis Batallones de Alta Montaña y dos nuevas divisiones
(la Sexta y la Séptima). Desde ese momento, cada una de las divisiones del Ejército contó con
una Brigada Móvil, excepto la Cuarta que tiene dos. Adicionalmente, se crearon pelotones de
“Soldados de mi Pueblo” en casi todo el territorio nacional.
c. Omisión de Control en el Marco de Directivas que Incentivaban Homicidios
Como parte de esa estrategia antisubversiva, la llamada Política de Seguridad Democrática
promovió el involucramiento de la población civil en tareas propias de la Fuerza Pública, a
través de la implementación de una red de cooperantes e informantes, definida como “una Diligencia de queja suscrita por el señor Edgar Iván Flórez Maestre, Medellín, 15 de diciembre de 2009.
La medida se complementó con un sistema de recompensas por información dirigido
a la ciudadanía en su conjunto. Para ese fin, se previeron fondos específicos del presupuesto
nacional, destinados al pago de recompensas e incentivos por información. Con ese fin, la
Fuerza Pública contaba con un fondo para gastos reservados de plena discrecionalidad. Sin
embargo, la política no previó controles ni medios adecuados para comprobar la veracidad de
las informaciones entregadas a través de informantes y cooperantes, de manera que la falta
de controles adecuados unida a la presunción según la cual la población civil constituía la
principal fuente de apoyo de las guerrillas, creo una situación de riesgo principalmente para la
población campesina que fue asociada a la insurgencia y por lo tanto, se convirtió en blanco
principal de las ejecuciones extrajudiciales.
La cúpula militar, incluyendo al Ministerio de Defensa es responsable por la ejecución de la
directiva 029 de 2005, porque se estipuló un sistema estructurado de pago de recompensa por
quitarle la vida a alguien, lo que suponía una responsabilidad reforzada de supervisión de ese
sistema de recompensas, más aun cuando el fenómeno de asesinar a civiles a manos del Estado
y en múltiples ocasiones presentarlos como muertos en combate no era una situación nueva.
En efecto, la directiva ministerial 029 de 2005 vino a reforzar las ejecuciones extrajudiciales que
ya contaban con otros incentivos y con la presión por resultados, y generó un grave riesgo con
consecuencias probadas que no fue controlado. La gravedad de esta situación fue reconocida
por el Relator Especial de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales quien planteó
la necesidad de suprimir “todo tipo de incentivo para los militares por ejecuciones”.
Hasta el momento no se conoce que la Directiva 029 de 2005 haya sido derogada tal y como
solicitó en su informe sobre Colombia el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que de manera clara expresó que “El Estado parte debe tomar medidas eficaces para discontinuar
cualquiera Directiva del Ministerio de Defensa que puede conducir a graves violaciones de
derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales y cumplir plenamente con su obligación
de asegurar que las violaciones graves de derechos humanos sean investigadas de manera
imparcial por la justicia ordinaria y que se sancione a los responsables Naciones Unidas”. Exigencia similar, hizo el Relator Especial de Naciones Unidas para
las Ejecuciones
Extrajudiciales en su Informe Final sobre su visita a Colombia, al afirmar que “ El Gobierno debería prohibir que se ofrezcan incentivos a los miembros de las fuerzas armadas para que
repriman a los autores de los homicidios. No debería permitir, sin la debida supervisión, que se
concedan recompensas a civiles por proporcionar información y debería realizar una auditoría
de los fondos discrecionales destinados a tales recompensas.”.
Con la expedición de la directiva ministerial secreta 029 de 2005 se acumularon varios factores
dando origen al pago de recompensas por cometer ejecuciones extrajudiciales. Se ignoraron las