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la ayuda humanitaria o
la
actuación de emergencia debe considerar
el papel fundamental de la educación. En este contexto, la Unesco ha señalado que la
afectación de las escuelas no se presenta únicamente por situaciones de conflictos armados (como bombardeos, utilización por parte de grupos
armados regulares o irregulares como lugar de
descanso o para solicitar apoyo logístico, como
escenario de propaganda o reclutamiento) sino
también por razones económicas (como el interés
de los grupos de narcotraficantes).
Por su parte, Amnistía Internacional, en su in- forme Escuelas seguras: el derecho de cada niña.
No más violencia contra las mujeres (2007), se- ñala que “el 40 por ciento de los 77 millones de
niños y niñas en edad escolar que no asisten a la 20 Las escuelas,
que deberían ser
lugares seguros
para niños y
niñas, se han
convertido “con
mayor frecuencia
en uno de los
principales
objetivos de los
ataques de los
grupos armados”. escuela viven en zonas afectadas por conflictos”.
AI explica cómo cuando en las confrontaciones se
presenta un elevado número de víctimas civiles,
se produce la devastación del sistema educativo:
docentes y estudiantes son blanco sistemático de
los actores armados
Al respecto, en 2006 Radhika Coomaraswamy,
representante Especial del Secretario General para
la cuestión de los niños y los conflictos armados,
advirtió cómo las escuelas, que deberían ser lugares seguros para niños y niñas, se han convertido
“con mayor frecuencia en uno de los principales
objetivos de los ataques de los grupos armados”.5
Estás interpretaciones sobre la relación escuelaconflicto armado se resumen en: 1. Los actores armados comprenden la escuela
desde perspectivas utilitaristas, como fuente
de recursos económicos, tácticos y humanos. 2. Existen riesgos permanentes para la comunidad educativa debido a la acción indiscriminada de los actores armados.
3. La escuela debe ser, al igual que el resto de
instituciones civiles, excluida de los escenarios de confrontación y protegida por el Estado, sus instituciones y la sociedad misma. Estos fundamentos, para el caso de Medellín, sirven como elementos de análisis del fenómeno.
De esta manera, se ha estructurado el presente
informe con los siguientes capítulos: 1. Contexto: el conflicto armado y la violencia armada organizada, dinámicas y actores.
2. El impacto directo del conflicto armado y la
violencia armada en la escuela.
3. Las respuestas del Estado.
4. Conclusiones y recomendaciones. 5 En Colombia, por ejemplo, el profesorado ha sido objetivo de todos los bandos del conflicto: las fuerzas de seguridad, los
paramilitares apoyados por el Ejército y los grupos armados de oposición. Según datos de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), reportados por AI, al menos 310 docentes fueron víctimas de homicidio en Colombia entre 2000 y 2006. 21 3. contexto:
el conflicto armado y
la violencia armada
organizada, dinámicas
y actores Después de más de 60 años de continuidad
y cambio del conflicto armado, la violencia
mantiene la afectación sobre el desarrollo
político y económico del país y también
frente a los derechos humanos (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2012).
Los cambios en la composición de los actores
armados tienen las siguientes características: 1. La disminución gradual de la presencia guerrillera y su accionar frente a las dos décadas anteriores (CNAI, 2012), que provoca la
concentración del esfuerzo militar en territorios delimitados mediante
tácticas como
hostigamientos y uso de minas antipersonal
y municiones abandonadas sin explotar (MAP/
MUSE).
2. La desmovilización de las AUC trajo consigo la
aparición de nuevos actores y la consolidación
de antiguos actores (HRW, 2010), ambos con
relación directa a actividades paramilitares. 3. La fuerza pública ha aumentado su capacidad militar, tanto en pie de fuerza como en
armamento (Ministerio de Defensa Nacional,
2012). Estos cambios en el conflicto no han logrado detener la afectación negativa de los derechos humanos. Por el contrario, Colombia cuenta con un
acumulado de victimización que no se detiene,
como lo confirman las cifras de desplazamiento
forzado: entre 1985 y 2011 se han desplazado
5.445.406 personas (Codhes, 2012).
De forma progresiva, los grupos surgidos tras
la desmovilización de las AUC se han fortalecido
(Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
2012), particularmente Los Rastrojos, Los Urabeños y las Águilas Negras han copado diversos territorios en el occidente del país (Indepaz,
2011). Del mismo modo, las FARC han fortalecido
su capacidad operativa en estos territorios (CNAI,
2011 y 2012), mientras que la fuerza pública ha 22 concentrado su actividad en los mismos lugares
(Codhes, 2012). En este período el conflicto armado se ha profundizado en los departamentos de la
costa pacífica y, además, en los departamentos de
Córdoba y Antioquia.
Si bien durante
los dos gobiernos anteriores
(2002-2010), con base en la supuesta o incompleta desmovilización de los grupos paramilitares
iniciada en 2003, se decretó la inexistencia del
conflicto armado por la ausencia del paramilitarismo y se redujo la presencia de las guerrillas a una
amenaza terrorista, en el gobierno actual (2010-a
la fecha) se aceptó el conflicto armado en el marco
de la Ley de Víctimas (1448 de 2011).
Sin embargo, la existencia o no del conflicto armado en Colombia no es, según el Secretario
General de las Naciones Unidas, exclusivamente
una definición jurídica. Al contrario, lo que se pone
en un nivel prevalente es el impacto que tiene en
los NNAJ cuando se han padecido históricamente
situaciones de conflicto armado. Por eso, en sucesivos informes ha señalado: Desde el punto de vista de la protección
de los menores, el nivel básico de análisis debe
ser si los agentes armados que actúan en una
situación determinada, independiente de cuáles
sean su carácter o sus motivaciones, cometen