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en dos etapas: 1. La venta de servicios de estructuras delincuenciales o de violencia armada organizada
en los años 1995 y 2000 a las ya existentes
AUC, y a los Bloques Metro y ACCU.
2. La absorción de estas estructuras por parte
del denominado Bloque Metro (de 2000 a
2002) permitió que se consolidara en la ciudad el Bloque Cacique Nutibara con las estructuras existentes de violencia armada y con
cambios en la dinámica de formación, estructura, nombres y mando. La consolidación de este tipo de estructura armada
permitió que el paramilitarismo tuviera un creci- 24 miento exponencial. En 2001 comenzó un proceso
de fortalecimiento de las estructuras paramilitares
en Medellín, que tuvo su mayor expresión con la
“Operación Mariscal” en abril de 2002 y la “Operación Orión” en octubre del mismo año.8
En la revista Noche y Niebla (2003), los investigadores del Centro de Investigación y Educación
Popular (Cinep) señalaron que: Miembros de la fuerza pública ingresaron
en varias viviendas y las registraron sin orden
judicial, en algunas de ellas tomaron alimentos
de sus cocinas y hurtaron algunas pertenencias.
Algunas casas fueron tomadas como trincheras
por los policías. La señora Marleny Suárez llegó hasta la unidad de salud acompañando a un
herido y reclamó a los agentes por el irrespeto
a la bandera blanca y pidió la presencia de organismos de derechos humanos. De inmediato fue
golpeada e introducida en una tanqueta, en donde se le insultó, se le escupió y se le amenazó
con entregarla a los paramilitares. Jesús Adolfo
Martínez Moreno, Daniel Alejandro Ardila y Juan
Esteban Ardila fueron sacados de sus propias
casas y detenidos. El ex comandante del Ejército de Colombia, general Mario Montoya, ha sido llamado a responder
por los presuntos nexos con grupos paramilitares
después de haber sido señalado por varios desmovilizados de las AUC. Uno de ellos, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, aseguró el 23 de junio de 2009 que “las autodefensas
del Bloque Cacique Nutibara fueron al área de la
Comuna 13 como parte de una alianza con la IV
Brigada del Ejército, incluyendo al comandante, general Mario Montoya, y el general de la Policía
Nacional Leonardo Gallego” (RCN Radio, 19 de diciembre de 2011).
A partir de entonces comenzó la hegemonía de
este grupo paramilitar en la ciudad, cuyo momento culmen fue noviembre de 2003 cuando, en el
marco de los acuerdos de Santa Fe de Ralito entre
el Gobierno nacional y las AUC, se dio inicio al proceso de desmovilización de las AUC con el Bloque
Cacique Nutibara de Medellín.
Respecto a la supuesta o incompleta desmovilización, existen varios planteamientos (como los de
HRW, 2010): 1. No fue una desmovilización completa, no solo
en términos de personas, sino de sus estructuras, activos, cómplices, financiadores, asesores, etc.
2. De 2.033 desmovilizados del Bloque Héroes
de Granada, solo 75 solicitaron beneficios en
la ley de Justicia y Paz (975 de 2005).
3. A la lista de desmovilizados se integraron personas de otros grupos armados, situación reconocida por el entonces Comisionado de Paz,
Luis Carlos Restrepo.
4. Hubo dificultades en las investigaciones judiciales por amenazas a testigos.
5. Se evidenciaron vínculos de algunos grupos
con agentes del Estado así como la tolerancia
de la fuerza pública al accionar de este grupo.
6. En la agenda no entraron temas cruciales como el narcotráfico.
7. Fue una paz impuesta y la disminución de los
homicidios se correspondió con el monopolio
de ‘Don Berna’, quien reguló el accionar de las
bandas y otros actores armados.9 8 9 Ambas operaciones fueron orientadas por los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010) y dirigidas por el Ejército y la Policía. Según información proporcionada por organizaciones sociales y ratificada en el curso de las
versiones libres de algunos desmovilizados que se encuentran en el proceso de Justicia y Paz, dichas operaciones se hicieron
en compañía del Bloque Cacique Nutibara.
Uno de los debates más frecuentes en la ciudad alude a la disminución de la tasa de homicidios y a sus causas. En ese
entonces, mientras el Gobierno aseveraba que esta obedecía a la política social de la ciudad y al proceso de desmovilización,
organizaciones de derechos humanos señalaban que la hegemonía de un actor armado era la responsable de la disminución
de la confrontación. Existía, por tanto, una especie de cogobierno entre la institucionalidad y la “para-institucionalidad” integrada por estructuras tanto legales como ilegales, con consecuencias importantes desde la perspectiva social, económica,
política y cultural. Hoy, en Medellín nadie puede negar la existencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial
y producen impactos en las vidas de los NNAJ. 25 Las fronteras
invisibles
circunscriben una
violencia que,
paradójicamente,
ha desbordado
cualquier límite
social, político,
económico y
cultural. 8. Algunos jóvenes se rearmaron y los desmovilizados continuaron delinquiendo.
9. A partir de esta experiencia emergieron nuevos grupos denominados neo-paramilitares o
surgidos después de la desmovilización (nombrados por el Gobierno como Bacrim).
10. Se dio una duplicación del desplazamiento intraurbano. Sobre el tema, el informe de la Secretaría de
Bienestar Social del municipio de Medellín (2011)
señala: Luego del proceso de desmovilización de
los bloques paramilitares que operaron en
la
ciudad, se observa un nuevo proceso de cambio
y reconfiguración en las dinámicas del conflicto
armado, con una fuerte influencia sobre la región
y, en particular, sobre la misma ciudad, como
centro político y económico del departamento.
Desde este nuevo contexto, la disputa por el
control de los circuitos económicos de carácter
legal e ilegal sobre el territorio comienza a tomar auge en la ciudad, evidenciando cómo los
diferentes actores armados inician otra vez un
procedimiento de fragmentación que se refleja
en pequeños procesos de expansión, revelando
una tendencia por homogenizar los territorios
bajo su poder y ejercer el control sobre otros,
en la carrera por imponer de nuevo en la ciudad
un dominio armado ilegal. Así, en el contexto de
las confrontaciones armadas, que se libran en
el marco del conflicto, se recurre a prácticas de
control social, político, económico y militar, en
función de dichos intereses. Esto quiere decir
que el control territorial estuvo y está ligado a
las lógicas de conflicto armado, pues si bien es
correcto que los actores han comportado transformaciones, las lógicas del conflicto se han
mantenido y especializado. Durante el año 2011 se cometieron 1.650 homicidios en Medellín (Instituto Nacional de Medicina