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graves violaciones como el reclutamiento y la
utilización de niños o su asesinato, mutilación o
violación (Informe de la Representante Especial
del Secretario General para la cuestión de los
niños y los conflictos armados, 2008). En este marco, la violencia actual se encuentra
principalmente constituida por el conflicto armado, por una parte, y por la violencia asociadas a
lo criminal, por otra. Estas formas de la violencia
–que son interdependientes en algunos momentos y lugares– no son un principio ni criterio para
el goce efectivo de los derechos de NNAJ. Así se ha constatado que, por ejemplo, las prácticas de violencia y abuso sexual contra niñas están
asociadas a la lucha por el territorio, la cual no
se define exclusivamente por el negocio de las
drogas o el microtráfico. Las organizaciones paramilitares y las que se derivaron o mantuvieron
después del proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), mantenían su interés
y acción en otros renglones económicos ilegales
(como la explotación sexual de NNAJ, los “paga
diario” o “gota a gota”,6 las vacunas y extorsiones,
entre otros).
También está el caso del desplazamiento intraurbano asociado a amenazas de reclutamiento, el
cual afecta de manera directa al sistema educativo
convirtiéndose en un factor de desescolarización (como lo señaló el Secretario General de las Naciones
Unidas en su informe de 2007 y el Auto 251 de la
Corte Constitucional7), y al mismo tiempo, son una
vulneración explícita de derechos.
Es por esto, por ejemplo, que el impacto del conflicto armado en los NNAJ, tal y como lo establece
la RSC. 1612, no es un asunto que pueda resolverse a partir de que los Estados definan o no la
existencia de un conflicto armado.
Como se observa en esta referencia, el núcleo
central de preocupación son los NNAJ, por lo que
se hace un llamado a los Estados para que por
encima de las consideraciones o motivaciones de
los grupos, los derechos de esta población sean
integralmente protegidos: El carácter de los grupos armados que
participan en los conflictos contemporáneos es
cada vez más difícil de precisar. La denominación que se da a las partes en los conflictos llámense fuerzas del gobierno, fuerzas armadas
de oposición política, grupos rebeldes o movimientos de liberación, milicias comunitarias
de autodefensa, fuerzas paramilitares y asociadas, grupos armados ilegales o bandas de 6
7 “Sistema financiero” de los grupos armados, donde se presta dinero a corto plazo con elevados intereses.
Corte Constitucional, Auto 251 de 2008. Auto producto del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004
de la Corte Constitucional en el que se definen las directrices para las instituciones del Estado para ejecutar un programa
diferencial de atención para los NNAJ que se encuentran en condición de desplazamiento. 23 Ante la
continuidad y los
cambios de los
componentes
del conflicto
colombiano, se
debe mantener
la priorización
de la protección
de las personas
menores de 18
años. delincuentes indica sus distintas motivaciones
y carácter. Sus objetivos y estructuras son más
variables que nunca y a menudo existe una zona indefinida donde las motivaciones políticas
coinciden con la intención delictiva (Informe de
la Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos
armados, 2009). Así, se evidencian dos ideas centrales: 1. La complejidad del conflicto armado colombiano, en el que más allá de la discusión de
su existencia, evidencia las diversas motivaciones e intereses de los grupos armados.
2. Aun así, dicha complejidad no debe generar
confusiones en cuanto a
la necesidad de
proteger a los NNAJ de todas las acciones
que ocurran en este contexto. Se está ante
un llamado a la prevalencia del interés superior del niño sobre los actores generadores
de victimización. En resumen, ante la continuidad y los cambios de
los componentes del conflicto colombiano, se debe mantener la priorización de la protección de las
personas menores de 18 años: este es un mandato que trasciende el desarrollo de la historia del
conflicto armado. el contexto en la ciudad de Medellín Medellín tiene una extensión de 380 kilómetros
cuadrados y limita con los municipios de Bello, Copacabana y San Jerónimo en el norte; Envigado,
Itagüí, La Estrella y El Retiro en el sur; Guarne y
Rionegro en el oriente; y Angelópolis, Heliconia y
Ebéjico en el occidente. Un total de 16 comunas
dividen territorialmente la ciudad: Popular, Santa
Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Vistahermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles-Estadio, La América, San Javier,
El Poblado, Guayabal y Belén, además de los corregimientos Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San
Antonio de Prado y Santa Elena (Alcaldía de Medellín, 2012). En 2011, la capital antioqueña alcanzó
un total de 2.368.282 habitantes, de los cuales, 570.159 son personas menores de dieciocho años
(DANE, 2009).
En Medellín, desde hace varios años, la violencia de los distintos actores armados ha producido
diversas afectaciones en la población civil. La vida
social, económica, política y cultural de la ciudad
y sus habitantes es constantemente asediada por
los violentos.
A partir de la década de 1990 la violencia en
Medellín se ha profundizado. De esta manera, el
fenómeno del conflicto, así como de la victimización, se enmarcan en un proceso acumulativo de
hechos y actores que explican el desarrollo del
pasado y el presente de la violencia en la ciudad.
Nuevamente, los cambios en la composición del
conflicto armado no han resuelto ni evitado la victimización.
Un punto de quiebre para entender la dinámica y el contexto del conflicto armado en la capital
antioqueña lo establece el posicionamiento de los
grupos paramilitares a finales de dicha década,
cuando tenían una relación con las estructuras
armadas de la ciudad.
En 1998 se inició un proceso de consolidación
territorial de las AUC en la ciudad, con el principal objetivo de disputarle a las Milicias Populares,
de origen guerrillero, algunos barrios de la ciudad
(especialmente la Comuna 13, controlada por estas desde 1996).
Para la construcción de la estructura paramilitar
en Medellín bastó un proceso que puede definirse