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Legal y Ciencias Forenses, Centro de referencia
regional sobre violencia -CRVV- 2012). Esta cifra
es una muestra representativa de la acumulación
de la violencia y de la victimización de la última década, ya que los homicidios en 2009 y 2010
sumaron un total de 2.190 y 2.025 víctimas respectivamente.
Esta ola de violencia de los últimos años, donde
los homicidios son solo una parte mínima de las
formas de victimización, se explica en seis causas
(Corrales, 2010): 1. La posición geoestratégica de Medellín, que
se articula a las necesidades económicas y
estratégicas de actores armados y narcotraficantes.
2. Una historia de violencia¸ con cambios y continuidades en su composición.
3. El entorno socio cultural, donde confluyen una
débil oferta institucional para la ocupación de
los jóvenes y una cultura de la ilegalidad.
4. Crimen
organizado
“profesionalizado” mediante estructuras más descentralizadas y con
recursos provenientes de actividades ilícitas.
5. Respuesta errática del Estado, debido a restricciones legales, burocráticas y geográficas
para la comprensión y mitigación del problema de la ilegalidad, así como el grado de voluntad política de los funcionarios públicos.
6. La indiferencia de la ciudadanía. Las causas mencionadas son también el fundamento para el mantenimiento del control territorial
y social, y la expansión del mismo. El proceso de
consolidación de la violencia y de los violentos articula estas causas como factores de riesgo para
la población civil, en especial para los NNAJ.
En este sentido, por ejemplo, los grupos surgidos de la desmovilización de las AUC han buscado
el incremento de la presencia de las redes de economías ilegales de la ciudad junto con el continuo
reclutamiento de NNAJ para las tareas logísticas
y de operación.
A partir de la revisión de informes de derechos
humanos de 2009 (CNAI, 2010 y HRW, 2010) y
el desarrollo de varios conversatorios con organizaciones sociales de la ciudad, fue posible identificar que: 1. Es vigente el conflicto armado con una guerrilla que conserva un proyecto político, que se 26 nutre financieramente del narcotráfico y que
comete infracciones al DIH (como el caso del
reclutamiento de NNAJ).
2. Se ha producido un reacomodo de los grupos
armados no solo por razones de narcotráfico,
sino de territorio y poder político. Aún así, conservan prácticas contrainsurgentes aplicadas
a sectores sociales en territorios urbanos y
rurales.
3. Existen unos contextos de
relacionamiento
que permiten comprender una hibridación de
actores en zonas “grises o indefinidas”, como
lo señala la Personería de Medellín (2009): Si bien es cierto el componente estrictamente político de la violencia hoy en día en Medellín es bastante brumoso, algunas consideraciones son importantes a la hora de analizar el
fenómeno de violencia y caracterizar sus actores
e intereses (...) Estos grupos armados se caracterizan por el desarrollo junto a las actividades
típicamente criminales, de diferentes modalidades de control territorial y poblacional claramente
apropiadas del modelo paramilitar (...) Adicionalmente, es necesario considerar que en muchos
lugares del país, grupos de delincuencia común
desde hace más de 20 años junto con sus actividades delictivas realizan acciones por encargo
de claro contenido contrainsurgente o de eliminación de personas que son consideradas enemigas por determinados sectores del establecimiento (...) Finalmente, hay que considerar que
lo político no se agota en la institucionalidad, sino
que como lo han planteado las ciencias sociales
desde hace más de 100 años, la esencia de lo
político es el poder, y difícilmente alguien podría
negar que los grupos armados que en la actualidad actúan en la ciudad son un factor de poder
indiscutible, y que representan los intereses de
diversos sectores de la sociedad paisa. Así las cosas, y pese a que el Gobierno nacional
niega la existencia del paramilitarismo, es evidente la continuidad de actores y prácticas, así como
la renovación de estructuras que recogen el legado de las AUC, como lo destaca el informe de
HRW (2010): Si bien existen diferencias entre las AUC
y los grupos sucesores, estos son en muchos
sentidos una continuación de algunos de los
“bloques” o grupos paramilitares. Según informó
la Policía, casi todos los líderes de los grupos
sucesores son jefes de las AUC de rango medio
que nunca se desmovilizaron o que continuaron
participando en actividades delictivas pese a
que aparentaron haberse sumado a la desmovilización. Los grupos se encuentran activos en
muchas de las mismas regiones en las cuales
tenían presencia las AUC, y operan en forma
similar a estas: controlan territorios mediante
amenazas y extorsión, participan en narcotráfico
y otras actividades delictivas y cometen abusos
generalizados contra civiles. El surgimiento de
los grupos sucesores era predecible, en gran
parte debido a que el gobierno colombiano no
desmanteló
las estructuras criminales de
las
AUC, ni sus redes de apoyo económico y político
durante las desmovilizaciones. Las estructuras armadas que se mantuvieron después de las desmovilizaciones han sido llamadas
por el Gobierno como Bacrim. Aun así, más allá
del rótulo otorgado al actor, lo que está demostrado es que así las estructuras armadas se reciclen, se recreen o reaparezcan bajo otras formas y
denominaciones, se mantienen en su naturaleza.
Sobre esta discusión, HRW (2010) señala: Los grupos sucesores han sido catalogados de distintas maneras, como paramilitares,
bandas criminales, grupos armados ilegales y
carteles de narcotráfico. Algunas organizaciones no gubernamentales hablan de una “nueva
generación de paramilitares” o “nuevos grupos
paramilitares”. La MAPP/OEA habla de “estructuras armadas ilegales de perfil delincuencial”,
así como “grupos armados ilegales” y “facciones
armadas, estrechamente relacionadas con el desarrollo de economías ilegales”. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos hace mención de “grupos armados ilegales surgido[s] después de la desmovilización.
Por su parte, el Gobierno colombiano se niega a
referirse a los grupos sucesores como paramili- 27 Los
enfrentamientos
entre los grupos
no discriminan
espacios,
territorios y