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población,
por lo que en
muchos barrios
las escuelas
son el límite de
las fronteras
invisibles. tares –dado que afirma que los paramilitares se
han desmovilizado– y, en cambio, los clasifica
como “bandas criminales emergentes” o Bacrim.
Algunas fuentes han explicado que la negativa
del Gobierno colombiano a catalogar de paramilitares a los grupos sucesores se debe a que
quiere impedir que estos grupos puedan reclamar el estatus de grupo armado ilegal para
efectos de beneficios en futuras negociaciones.
Pero esta explicación es inadecuada, ya que el
Gobierno colombiano ha participado en negociaciones en el pasado con organizaciones criminales –tales como el cartel de Medellín, de Pablo
Escobar– ofreciéndoles beneficios sin importar
su estatus como criminales o grupos armados
(...)
Y más allá de cómo sean catalogados, el Gobierno
colombiano
tiene
responsabilidades
específicas de hacer frente a la amenaza que
representan para la población civil. Entre estas
obligaciones se incluyen proteger a los civiles
frente a agresiones, prevenir abusos y garantizar
el juzgamiento de los abusos ocurridos. El grado
de responsabilidad del Estado por los abusos de
los grupos sucesores se incrementará en función de la medida en que los agentes del estado
toleren a estos grupos o colaboren con ellos. Más allá de establecer distancias o señalar si
se presentan o no hibridaciones entre diversos
grupos armados con intereses económicos y políticos, para HRW (2010) la responsabilidad del
Estado respecto a las violaciones de derechos
humanos –aplicable para un caso tan complejo
como el de Medellín– es evidente: Otros grupos, con un menor grado de
control territorial y organización, o que no estén
alineados con el conflicto, pueden ser simples
“organizaciones criminales” respecto de las cuales el Estado está en el deber jurídico de prevenir,
razonablemente, las violaciones de derechos humanos, de investigar seriamente con los medios
a su alcance las violaciones que se hayan cometido a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar
a la víctima una adecuada reparación. En esta apreciación se puede observar la importancia de atender el impacto de la violencia
en las víctimas, más allá del conflicto armado
y de los grupos responsables de las violaciones (guerrilla, “nuevos” grupos paramilitares o
los llamados “otros grupos”). Más aún bajo la
consideración de que en un contexto como el
de Medellín las relaciones de cooperación entre
los grupos se mantienen de acuerdo con sus
intereses.
De acuerdo con Indepaz (2011), en Medellín
existe la presencia continua de los siguientes
grupos narcoparamilitares: “Los Rastrojos”, “Los
Urabeños”, “Águilas Negras”, “Los Paisas” y
otros grupos (Oficina de Envigado). En esta materia, se ha podido constatar que los llamados
“Combos” o en algunos casos Bacrim, difícilmente pueden existir por largos períodos. Después de su génesis, las actuaciones podrán ser
por un corto tiempo acciones autónomas, pero
rápidamente estos pequeños grupos son subordinados o eliminados por las estructuras antes
mencionadas.
Para el año 2009, el Instituto Popular de Capacitación daba cuenta de que las autoridades de
Medellín identificaron que en nueve comunas la
situación de violencia era especialmente crítica
(IPC, 2009). En ese entonces, la Policía Nacional
identificó “123 estructuras criminales que a su
vez agrupan a unos 3.600 integrantes, en su mayoría menores de edad” (IPC, 2009).
En 2010 y 2011, como se encuentra documentado por medios de comunicación locales y nacionales, el enfrentamiento entre las estructuras
armadas fue constante. De la mano de la confrontación, los ataques a la población civil fueron
sistemáticos.
En
los escenarios microterritoriales como
los
barrios de Medellín, las estructuras armadas delimitan sus espacios de control y disputa, para así
configurar las llamadas “fronteras invisibles”. Inmersa en ellas, la población civil se ve obligada a
adaptar sus rutinas y cotidianidades para salvaguardar su integridad. En otras palabras, las fronteras invisibles circunscriben una violencia que,
paradójicamente, ha desbordado cualquier límite
social, político, económico y cultural. 28 El conflicto
armado y
la violencia
armada no
son problemas
específicos de
los actores, sino
también del
contexto, las
razones y las
motivaciones
históricas que
los explican. Es posible identificar cómo los actores armados usan la escuela como un mercado para las
drogas y las armas, mientras intervienen sobre
las dinámicas del gobierno escolar, para disciplinar y amenazar. Además, se conocen casos en
que dichos grupos usan las escuelas como sitios de reunión o para la búsqueda de niñas para
el abuso y la explotación sexual. Asimismo, los
enfrentamientos entre los grupos no discriminan
espacios, territorios y población, por lo que en
muchos barrios las escuelas son el límite de las
fronteras invisibles.
Con estos elementos se reafirma que la escuela
en Medellín es un escenario de disputa, un lugar
que sufre ataques sistemáticos y expone a una alta vulnerabilidad a todas las personas integrantes
de la comunidad educativa. La reconfiguración del conflicto
y su impacto en la escuela El proceso de afectación de las escuelas por las
dinámicas del conflicto armado y la violencia