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interno están estrechamente relacionados, (…)
pues en muchos casos el desplazamiento es el
único medio que tienen las familias en ciertas
zonas para evitar que sus hijos sean reclutados
por grupos armados”. En el contexto de Medellín, la presión por el reclutamiento, las amenazas y las fronteras invisibles que
limitan la movilidad, se traducen muchas veces en
desplazamiento forzado y, por ende, en desescolarización o en reubicación de los estudiantes.
Entre 2009 y 2011 fueron desplazados forzosamente de la ciudad de Medellín al menos 23.122
personas, de las cuales 11.411 eran menores de
edad (DPS, 2012).
En 2010 se recibieron en Medellín 1.604 declaraciones que cobijan a 5.962 personas (1.061
niños y 954 niñas). Uno de los reportes correspondía a un desplazamiento masivo de 86 personas del barrio La Sierra de la Comuna 8, ocurrido
en el mes de junio (Personería de Medellín, 2010).
Un año después, a 30 de junio, se habían recibido
1.112 declaraciones que comprendían a 4.238
personas (727 niños y 705 niñas), en las que se
incluían 163 que aducían peligro de reclutamiento12 (Personería de Medellín, 2010 y 2011).
Como parte de la multicausalidad del desplazamiento forzado se encuentran, por ejemplo, los
homicidios y las amenazas en contra de los miembros de la comunidad educativa. Estos crímenes
manifiestan el riesgo constante para estudiantes,
docentes y directivos, y la potencialidad de desarticulación de los procesos educativos, sociales y
culturales en los colegios. 12 Si bien los informes no determinan cuántos de estos niños y niñas reportados se encontraban escolarizados, si se considera
que en Medellín la Secretaría de Educación estima una cobertura del ciento por ciento, es de suponer que estos hechos
afectan el proceso de escolarización de la población menor de 18 años. Durante 2009 fueron asesinados 11 estudiantes a las salidas de las instituciones educativas
(siete hombres y cuatro mujeres) (Personería de
Medellín, 2010). Un año después, se reportaron
los asesinatos de cuatro estudiantes a la entrada
o a la salida de las IE (tres hombres y una mujer).
A estas cifras se suman las identificadas por el
Observatorio del IPC en el año 2009, con base en
los reportes oficiales de la Personería de Medellín: 1. De enero a octubre se presentaron los siguientes casos de amenazas: 92 a docentes,
54 a estudiantes y 34 directas e indirectas a
instituciones educativas de las comunas 1, 2,
3, 5, 6 y 15 de Medellín.
2. En el mismo período se registraron 12 casos
de estudiantes asesinados, de los cuales cinco eran menores de edad. No obstante, según reportes de medios locales de
comunicación, hasta el 12 de agosto de 2009 se
tuvo conocimiento del asesinato en Medellín de
39 estudiantes menores de 18 años en diferentes
circunstancias.
La
relación desplazamiento
forzado-desescolarización se enmarca en un permanente estado
de emergencia de las comunidades educativas.
En otras palabras, padres de familia, estudiantes,
directivos y docentes encuentran en las emergencias humanitarias los elementos de la existencia
o no de la “normalidad” académica. Con el fin de
reducir los impactos y evitar la desescolarización
plena, se han adoptado medidas temporales que
involucran a los familiares de los estudiantes amenazados: padres y abuelos cumplen la función de
enlace entre la IE y el alumno, para que sin asistir
al colegio, el niño o la niña se mantenga vinculado
a través de talleres y guías pedagógicas.
En el año 2009, la situación de deserción escolar preocupaba a las comunidades educativas: Hernando Posada, director del Núcleo
Educativo 921 Doce de Octubre, afirma que, en
agosto de 2009, unos 400 estudiantes de este
sector de Medellín han abandonado el sistema
educativo, cancelado matrícula, solicitado tras- 35 lado a otras instituciones educativas e, incluso,
han pedido autorización a las directivas de sus
respectivos colegios para terminar el año lectivo
desde sus hogares (IPC, 27 de agosto de 2009). El 21 de marzo de 2010, el periódico El Colombiano expresaba que “en un colegio de la Comuna
8, en 2009 finalizaron el año escolar 108 estudiantes pero al regreso en 2010, solo ingresaron
72. Algunos de ellos al ser consultados, expresaron que no volvían por temor a ser agredidos”.
Del mismo modo, en su reporte del 31 de mayo
de 2010, el IPC menciona que “solamente en la
Comuna 6 unos 1.000 jóvenes, de una población
de 32 mil estudiantes que habitan allí, están por
fuera del sistema educativo”.
La violencia barrial y sus consecuencias inciden
para que se realicen modificaciones en los programas académicos, los calendarios, las acciones
pedagógicas, entre otras, como lo señala el rector
de una IE: En el contexto
de Medellín, la
presión por el
reclutamiento, las
amenazas y las
fronteras invisibles
que limitan
la movilidad,
se traducen
muchas veces en
desplazamiento
forzado y,
por ende, en
desescolarización
o en reubicación
de los
estudiantes. En la jornada de la mañana, los estudiantes llegaban muy tarde o simplemente no
venían. Y es que en los barrios había orden de
que no se podía salir hasta cierta hora. Nos tocó
ser flexibles con eso. Ahora, por solicitud de los
mismos padres de familia, la hora de salida de la
tarde se recortó en 30 minutos, es decir, pasó de
las 6:45 a las 6:15 de la tarde (IPC, 31 de mayo
de 2010). Si bien el gobierno local reconoce estas problemáticas desde instancias como las secretarías
de Educación y de Gobierno, y los informes y
alertas de la Personería de Medellín son contundentes en este sentido, las respuestas del
gobierno local siguen siendo insuficientes y en
muchos casos contraproducentes. En el primer
caso está la existencia del Programa de Convivencia y Participación Escolar de la Secretaría