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de Educación Municipal. En el segundo, acciones que promueve de manera directa la fuerza
pública, como los programas de protección para
el traslado de estudiantes de la casa al colegio
y viceversa, las rutas seguras, los controles al- 36 Durante
2009 fueron
asesinados
11 estudiantes
a las salidas de
las instituciones
educativas.
Un año después,
se reportaron
los asesinatos
de cuatro
estudiantes a la
entrada o a la
salida de las IE. rededor de los colegios y las llamadas requisas
pedagógicas13 (también conocidas como registros pedagógicos).
Se ha identificado que la Policía ingresa a las
IE con el argumento de evitar la violencia y la delincuencia, para lo cual desarrolla requisas y en
muchos de los casos, según testimonios de los
mismos jóvenes, promueve el reclutamiento con
el aval de las directivas escolares. Este tipo de
acciones, en lugar de conllevar un propósito pedagógico, genera en los jóvenes la sensación de
represión y abuso por parte de las autoridades.
Los estudiantes se sienten violentados en el espacio escolar, que debería ser un escenario para el
encuentro y la construcción de pensamiento crítico. Estas medidas, en últimas, constituyen una
afrenta a los procesos formativos. Afectaciones a las y los docentes Cuando la escuela es amenazada, las y los estudiantes no son los únicos afectados. El problema
ha trascendido a las y los profesores a través, por
ejemplo, de amenazas. Solo en 2008, 61 maestros fueron intimidados, según datos suministrados por el Comité de Amenazados de Adida. Ante
esta situación, varias IE han tenido que cambiar
de rector hasta tres veces en un año, siendo las
más perjudicadas las de la Comuna 13 y el corregimiento de Belén Altavista de la ciudad.
Una investigación desarrollada por Adida y la
Escuela Nacional Sindical en el período 1986 y
2008, registró 1.890 casos de violaciones contra
la vida, la libertad e integridad de los educadores antioqueños. La cifra incluye 372 casos de
asesinatos y desapariciones, concentrados principalmente en el área metropolitana de Medellín,
Oriente de Antioquia y Urabá. Según Adida, el
número de amenazados en 2009, 2010 y parte
de 2011 en Medellín alcanza un promedio de 90
casos por año. El Comité de Desplazados en el Sector Educativo14 reportó que a agosto de 2009, 81 profesores tuvieron que ser reubicados por amenazas de
muerte, mientras que el Comité de Amenazados
de Adida documentó, a marzo de 2010, 12 docentes amenazados en Medellín y 30 más en el
departamento de Antioquia (El Colombiano, 21 de
marzo de 2010).
Acerca de esta problemática, un artículo de la revista Semana (13 de agosto de 2010), señalaba: En el primer semestre de este año fue
asesinado el profesor Gustavo Gil Sierra, y 39
colegas suyos se acogieron al Comité de Docentes Amenazados. Las advertencias de muerte
son directas. Por ejemplo, varios maestros de
la institución educativa Cedepro, en el corregimiento de Altavista, se enteraron de que querían
matarlos mediante un panfleto donde aparecían
sus nombres junto con los de otras 20 personas,
entre ellos, los de algunos niños. De igual manera, Adida señala que a la fecha no
tiene cifras consolidadas de afectaciones emocionales y en salud mental a los docentes y el número de consultas e incapacidades por motivos
asociados a la violencia y el conflicto. Sin embargo, en entrevista con un miembro del Comité de
Derechos Humanos de la asociación, se reportó
que existen numerosos casos registrados, especialmente en las comunas 1, 6 y 13.
Adicionalmente, el conflicto armado y la violencia
que se han exacerbado en los últimos tres años
en Medellín, han puesto en evidencia la ausencia
de recursos y herramientas de los docentes para
adelantar actividades educativas y sociales con
las que sea posible atender sus impactos.
En varios conversatorios organizados por el IPC
(31 de mayo de 2010), las y los docentes han expresado esta situación. Así lo retrata el testimonio
del rector de la IE Kennedy: 13 14 Las requisas o registros pedagógicos son llevados a cabo por la fuerza pública a la entrada o dentro de los colegios, en
aquellas zonas de la ciudad donde existe la presencia de grupos armados. Si bien no es una política oficial de la Secretaría
de Educación, en muchos colegios se autoriza y se realiza en ciertas coyunturas. Más adelante se señala cómo este tipo de
acciones cuestionan el papel socializador y regulador de la escuela.
Integrado por la Secretaría de Educación de Medellín, la Personería de Medellín y Adida. 37 Cuando la
escuela es
amenazada, las
y los estudiantes
no son los únicos
afectados. El
problema ha
trascendido a las
y los profesores
a través, por
ejemplo, de
amenazas. Esta es una situación que se nos sale de
las manos. Anteriormente, en otras épocas de
violencia, nosotros sabíamos cómo movernos y
cómo actuar porque conocíamos a los actores
de ese conflicto. Podíamos utilizar la pedagogía,
esas son nuestras armas. Hoy eso es casi imposible, no sabemos el por qué de esta violencia y
quiénes son los enfrentados. En ese sentido, docentes de instituciones ubicadas en la Comuna 6 de la ciudad señalaron cómo
se mezclaban el miedo, el estrés, la impotencia
y la incapacidad para responder a las continuas
situaciones de emergencias que se presenta.
Estas situaciones tienen un fuerte impacto sobre
la calidad y la pertinencia del proyecto pedagógico
que se imparte en las IE afectadas por el conflicto
armado y la violencia. Así lo manifiesta el Director
del Núcleo Educativo Doce de Octubre (IPC, 31 de
mayo de 2010): Nosotros hemos tenido que suspender los
ciclos educativos para dedicarnos más a pro- cesos formativos y de convivencia. El conflicto
nos obligó a eso. Cuando lleguen las pruebas de
Estado, se va a notar el “bajón” en los resultados