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académicos, pero es que lo otro también es importante. Con el titular de Escuelas en la mira, el 17 de mayo de 2011 el periódico El Espectador informó que
en Medellín durante 2009, 144 niños y niñas fueron asesinados, mientras 199 docentes tuvieron
que ser reubicados.
Las afectaciones a los docentes se resumen en
las siguientes categorías: 1. El impacto directo, como amenazas, asesinatos, desplazamiento, etc.
2. El impacto emocional con profundas implicaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el relacionamiento con los estudiantes
y, en general, con la comunidad educativa.
3. Los dispositivos o condiciones de las IE para
educar en medio de contextos de violencia. 38 5. LA respuestA
deL estAdo Ante el complejo escenario planteado, en
el que actores armados ejercen diversos
tipos de presiones en los barrios, afectando de manera directa e indirecta a las
instituciones educativas, a los estudiantes, a los
docentes y, en últimas, a la comunidad, surge una
pregunta fundamental: ¿cuál es la respuesta del
Estado? I. Como ha podido observarse en la información
recogida para la presente investigación, ha sido de
suma importancia la recepción de quejas, el acompañamiento de casos y situaciones presentadas,
así como la participación en la definición y aplicación de algunas medidas, implementadas bajo la
dirección de la Secretaría de Educación, de la Personería de Medellín y particularmente de la Unidad
Permanente de Derechos Humanos.
Los informes sectoriales, así como los semestrales
y anuales de derechos humanos presentados por la
Personería, contienen unas claras imágenes y ra- diografía de la forma y contenidos como han venido
evolucionando en la ciudad los impactos del conflicto
armado y la violencia armada en la escuela. Así por
ejemplo los informes de los años 2010 y 2011 dan
cuenta de este contexto. En su informe Convivencia y participación en las IE (2010), la Personería evidenció avances en la
participación con perspectiva de género y en el
posicionamiento de la intervención política tanto
de mujeres, adolescentes y jóvenes (entre los 15 y
20 años) como de la población de Lesbianas, Gais,
Bisexuales, Transgeneristas e Inter-Sex (Lgbti). El
documento también reveló una debilidad en la legislación vigente en cuanto a los procedimientos
o mecanismos que regulan el ejercicio de la participación en las comunidades educativas.
En lo que respecta a la convivencia escolar, el informe mostró que a nivel interno de las IE se han
presentado situaciones de vulneración al derecho
al libre desarrollo de la personalidad, como por
ejemplo sanciones o desescolarización ya sea por 39 los cortes de cabello, por manifestaciones de afecto entre jóvenes del mismo sexo o por embarazos.
También se observaron dificultades en las IE para el
manejo de casos de violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias psicoactivas.
Ante esto, la Secretaría de Educación en convenio
con la Universidad Nacional, llevaron a cabo una
investigación a través de la cual se hizo análisis y
seguimiento de 75 manuales de convivencia de IE
de la ciudad. A nivel externo de las instituciones, el
informe muestra que dinámicas como el reclutamiento de personas menores de 18 años a los grupos armados, el narcotráfico y el control territorial
afectan los procesos educativos, con vulneración
continua y directamente de los derechos a la educación, a la movilidad y a la vida.
En 2011 la Personería de Medellín realizó un
proceso investigación y análisis de la situación
de derechos humanos en algunas IE de Medellín
y sus corregimientos. En el proceso se identificaron instituciones con casos de vulneración de
derechos humanos, se
realizaron acciones de
acompañamiento y seguimiento en IE localizadas
en polígonos de alto riesgo o círculos de fuego,
y se visualizaron instrumentos formulados como
herramientas de protección.
Además del monitoreo y los informes en mención, la Personería promueve el seguimiento y
mejoramiento de los Manuales de Convivencia y
la participación y organización, mediante la formación y acompañamiento a la red de Personeros
estudiantiles.
También, con base en lo anterior, la Personería
implementó un trabajo de exigibilidad e incidencia
para que el gobierno local, en cabeza de la Secretaría de Educación, dé respuestas a los hechos
y contextos que por efectos del conflicto armado
afectan, no solo el derecho a la educación, sino
también los derechos a la vida, a la integridad personal y a no desplazarse.
Es por ello que la Personería de Medellín ha
sido importante para que desde la Secretaría de
Educación se hayan producido unas estrategias
de coordinación y de los llamados protocolos de
seguridad para la identificación de situaciones y
su atención. II. Ante estos casos y contextos y a partir de varios
hechos violentos ocurridos en las IE, donde fueron
asesinados 11 estudiantes en 2009 y cuatro jóvenes
en 2010, la Secretaría de Gobierno y la Administración Municipal tomaron medidas como acciones
simbólicas, movilizaciones sociales y la concreción
en diciembre de 2010 de las Comunidades Protectoras, que incluyen unos protocolos de seguridad y
actuación en caso de situaciones críticas.
Además de lo anterior, la alcaldía de Medellín
cuenta el Comité Municipal de Seguridad y Convivencia paras las IE, que tiene como tareas: 1. La construcción de un sistema de medición
del grado de afectación de las escuelas.
2. Las medidas a tomar.
3. Las recomendaciones y los niveles de protección a prestar a las mismas. Puede decirse entonces que es en el año 2010
cuando se estructura una respuesta del Estado
a esta problemática que parte de reconocer los
informes de la Personería de Medellín, los hechos
registrados por la prensa y los informes de algunas organizaciones no gubernamentales.
Para el año 2009, desde el Programa de Convivencia y Participación en la Escuela de la Secretaría de Educación de Medellín se detectaron
10 variables que intervienen de manera directa
en la afectación de la escuela por el conflicto armado y la violencia. El coordinador del programa,
entrevistado para esta investigación, definió estas
variables de la siguiente forma: 1. Amenazas a docentes, alumnos y padres de
familia, no siempre asociadas a situaciones de
la escuela.
2. Amenazas a docentes en relación con el debido proceso, a medidas disciplinarias, pedagógicas, etc.
3. Promoción de abusos sexuales de actores internos y externos mediante formas directas e
indirectas. Estimulación de la pornografía, la