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advertencias hechas durante años por organizaciones de derechos humanos sobre la práctica de la
Fuerza Pública de cometer ejecuciones extrajudiciales; esto potencializó el riesgo que de manera
inherente conlleva el pago por muertes en combate; no hubo control político, ni económico, ni
jurídico al pago de tales recompensas y muchas de las unidades militares vieron en la presión
por resultados un estímulo para permitir las ejecuciones extrajudiciales o participar de ellas.
El comité creado por medio de la directiva ministerial 010 de 2007 del Ministerio de Defensa,
tuvo un carácter transitorio ya que su mandato fue de un año, a pesar de la existencia de graves
indicios de que un fenómeno generalizado de crímenes estaba ocurriendo con base en la política
de recompensas. Estas medidas fueron insuficientes para detener el fenómeno de criminalidad
a gran escala que se venía cometiendo con especial intensidad con la implementación de la
política de seguridad democrática y con el establecimiento de un sistema de medición de la
política de guerra del gobierno en términos de litros de sangre.
Como sistema de control al otorgamiento de recompensas la directiva 029 creó un “comité
técnico de seguimiento” a su aplicación. Dicho comité estaba constituido por un asesor del
Ministerio de Defensa, un delegado del Comando General de las Fuerzas Militares, el jefe
de la dirección administrativa de la Dirección de Inteligencia del Ejército y sus homólogos
en la Armada, Fuerza Aérea y Policía, y un analista del DAS [Departamento Administrativo
de Seguridad] y otro del CTI de la Fiscalía y debía reunirse como mínimo una vez al mes
para evaluar el “desarrollo e impacto” de la directiva. Para dichas reuniones de seguimiento
el gobierno dispuso que “los delegados de cada Fuerza o Agencia, aportarán información
relacionada con los cabecillas capturados o abatidos en combate […]”, pero guardó silencio
acerca del resto de los miembros de los grupos armados al margen de la ley del cual hacen parte
la gran mayoría de los casos de falsos positivos.
Tampoco se ejerció el control de la política y la fiscalización adecuada de los dineros pagados por
las ejecuciones extrajudiciales por parte del Contralor General de la República, función encargada
por la ley 1097 de 2006 en su artículo cuarto. Del mismo modo, es presumible que las Fuerzas
Militares tampoco establecieron mecanismos de control interno adecuados para la ejecución de
los gastos reservados, como lo ordena el artículo sexto de la misma ley. Por ejemplo, se pasó por
alto que el gobierno, a través del Ministerio de Defensa y por medio de la directa secreta 029, creó
de manera secreta un gasto reservado al otorgar recompensas por información que permitiera dar
muerte a miembros de grupos armados, que posteriormente se convertiría en ilegal, ya que con la
expedición de la ley 1097 de 2006, se estipuló en su artículo primero, que “[l]os gastos reservados
son aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia,
investigación criminal, protección de testigos e informantes”, pero jamás para recompensas por
bajas en combate. Sin embargo, la directiva ministerial operó al menos hasta final de 2008.
El 20 de noviembre de 2007, el Comando General de las Fuerzas Militares expidió la directiva
permanente Nº NR. 300 – 28, por medio de la cual se buscaba “privilegiar como medición de los
resultados operacionales las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas, y estas
a su vez sobre las muertes en combate”. Sin embargo, esta medida no tuvo utilidad práctica porque
un año después de su expedición fue que se hizo público que durante todo el año 2008, la Fuerza
Pública había cometido ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, la campaña de difusión de
la política de recompensas a cambio de muertes en combate si fue llevada a cabo con eficacia. El
artículo 8 literal d. de la directiva ministerial 029 le impuso al Comité Técnico de Seguimiento
la función de “orientar la divulgación del programa de recompensas y los procedimientos para el
suministro de información”. El éxito de la campaña de divulgación fue tal que está comprobada la
ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en la gran mayoría de los departamentos de Colombia.
Innegable Conocimiento de los Casos de Ejecuciones Extrajudiciales
Dada la gravedad y difusión del fenómeno, el mismo no pudo ser desconocido por los más altos
mandos militares.
Según las estadísticas de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación,
tras la expedición de la directiva Ministerial 029 de 2005, se pasó de 73 denuncias por casos de
ejecuciones extrajudiciales contra la Fuerza Pública en 2005, a 122 en 2006 y 245 en 2007.
Además, a partir de 2003, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas comenzó a
notar en sus informes un aumento de los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos por
la Fuerza Pública. A partir de 2005, la Oficina del Alto Comisionado empieza a denunciar
los casos de falsos positivos: “Llamaron la atención los casos de ejecuciones extrajudiciales de
personas cuyos cuerpos fueron posteriormente presentados ante los medios como guerrilleros
o paramilitares abatidos en combate”. En 2006, la Oficina advirtió que había observado
“un incremento en las denuncias sobre acciones atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, y
particularmente del Ejército. Esto se manifestó especialmente en el departamento de Antioquia,
así como en Chocó, Norte de Santander, y en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La mayoría de estas ejecuciones ha sido presentada por las autoridades como muertes de
guerrilleros en combate, con alteraciones de la escena del crimen. Muchas fueron investigadas
indebidamente por la justicia penal militar. Se registraron casos en que los propios mandos
habrían apoyado la acción de vestir a las víctimas con atuendos de guerrilleros para ocultar los
hechos y simular una acción en combate […] La práctica de estas conductas, su negación por
ciertas autoridades y la ausencia de sanciones a sus autores plantean la eventual responsabilidad
de los superiores jerárquicos”.
En efecto, el Gobierno y los altos mandos militares tenía que estar al tanto de la existencia de un
fenómeno de graves ejecuciones extrajudiciales, ya que el 6 de junio de 2007 del Ministerio de
Defensa, a través de la directiva ministerial 010, dio instrucciones a las Fuerzas Militares para la
prevención de homicidios en persona protegida y creó un comité para que hiciera seguimiento
a las denuncias sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales. Así mismo, la directiva NR. 300
28 le dio a la Jefatura de Operaciones Conjuntas la función de supervisar la aplicación de dicha
directiva, recibiendo, consolidando, analizando y evaluando la información sobre resultados
operacionales suministrados por los Comandos de Fuerza y Organizaciones Conjuntas. Sin
embargo, a pesar de estas medidas que sugieren conocimiento o sospecha de delitos graves, no
se procedió a investigar a jefes militares por su presunta responsabilidad penal.
e. La Trayectoria de los Jefes Militares Refuerza la Tesis de que Conocían los Hechos
La tesis expuesta en numerosas ocasiones por el Gobierno colombiano, según la cual las
ejecuciones fueron perpetradas por algunos militares aislados, sin que sus superiores tuvieran
conocimiento, carece de sustento cuando hacemos un recorrido de la trayectoria de los jefes
militares de la época. En particular, los Generales Mario Montoya y Oscar González Peña
ascendieron a la dirección del Ejército tras ser comandantes de Brigada y de División en Antioquia, precisamente el departamento en donde se concentraron la gran mayoría de las
ejecuciones extrajudiciales reportadas en el período de estudio.
En efecto, el General Mario Montoya había sido Comandante de la IV Brigada en Antioquia entre
2001 y 2003 y se desempeño más tarde como Comandante de la Séptima División del Ejército
Nacional (de marzo de 2006 a noviembre de 2008). Mientras se encontraba al frente de la IV
Brigada, el General Montoya comandó, entre otras, la Operación Mariscal, la Operación Orión
y la Operación Meteoro, y las operaciones Marcial y Marcial Norte, en el oriente antioqueño.
En todas ellas se reportaron ejecuciones extrajudiciales, que fueron ampliamente denunciadas.
Según reporta el CINEP, se cometieron en Antioquia 18 ejecuciones extrajudiciales en 2002 y
24 en 2003104. Como se señaló más arriba, es probable que los datos del CINEP constituyan
un sub-registro. La Base de Datos de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos
registra para el Departamento de Antioquia 24 casos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales
en el año 2001, 51 víctimas en el 2002 y 86 en el 2003, años en los cuales estuvo al frente de la
IV Brigada el General Montoya.
En cuanto al General Oscar González Peña, llegó a la comandancia del Ejército luego de haberse
desempeñado -remplazado justamente al General Montoya- como Comandante de la IV Brigada
(entre diciembre de 2003 y julio de 2005) y luego como Comandante de la VII División (entre