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explotación sexual, entre otras.
4. Entornos naturales y sociales que favorecen
la acción de actores armados que facilitan la
venta y consumo de drogas. 40 5. Barreras territoriales que impiden la movilización de los NNAJ de un barrio o sector a otro
como expresión de control territorial.
6. Acciones delictivas como atracos y robos en
las afueras de las instituciones educativas.
7. Establecimiento de plazas y ventas de drogas
al interior de los colegios, estimulando el comercio, el consumo y las presiones que de allí
se derivan.
8. Amenazas, enfrentamientos y concertación de
peleas vía Internet. Esto ocurre entre colegios
públicos, privados y de ampliación de cobertura.
9. Personal directivo y docente que es sujeto de
injerencia, manipulación o permisivo frente a
los intereses de los grupos armados, lo que
facilita la influencia de los grupos en las actividades de la institución educativa.
10. Reclutamiento de NNAJ por parte de los grupos armados. El funcionario asegura que no todas las variables
actúan sobre la misma IE. Sin embargo, en una
identificación de factores se encontró que estos
se asumen en su conjunto y definen los espacios
de intervención desde la Alcaldía de la ciudad,
además de la Secretaría de Educación.
Si bien los informes y documentos presentados
por diversos estamentos de
la administración
municipal no señalan cuál es la población por estratos más afectada por el conflicto armado y la
violencia, las evidencias dan cuenta de que este
drama se presenta en general en las comunidades con mayores niveles de exclusión. Sin embargo, un informe de la Secretaría de Educación
expone las razones para la adopción y ampliación
del Programa Buen Comienzo: En el escenario de lo cotidiano de la ciudad
de Medellín en la actualidad se presentan dificultades de orden público y de violencias en diferentes zonas de la ciudad que imposibilitan que los
niños y las niñas del Sisben 1 y 2 accedan a sus
derechos plenos para su desarrollo integral. Es el
interés de la Administración Municipal en cabeza
de la Secretaría de Educación, mediante el programa Buen Comienzo, quien se articula con las entidades prestadoras del servicio por medio de
este proyecto para garantizar los derechos de los
niños y las niñas en el territorio municipal. Durante 2009 la Administración Municipal implantó la medida de “toque de queda para menores de
edad” sin arrojar resultados favorables. Además,
se aumentó la presencia de la fuerza pública al
interior de los planteles educativos por medio de
“registros pedagógicos”. A partir de allí, comenzó
la implementación de los protocolos de seguridad.
En enero de 2010 el entonces presidente de la
República, Álvaro Uribe Vélez, propuso (El Espectador, 26 de enero de 2010): “Hemos tomado una decisión, vincular a
través de la fuerza pública a mil jóvenes universitarios de Medellín como informantes del Ejército”, puntualizó Uribe a periodistas. Cada uno
de los vinculados recibirá un pago mensual de
100.000 pesos “a título de bonificación”, señaló el mandatario, quien anunció la llegada de
1.300 policías y 137 investigadores más a esa
ciudad “para combatir el crimen”. Al día siguiente de esta propuesta el entonces
alcalde de Medellín, Alonso Salazar, en una entrevista por Caracol Radio, expresó su apoyo a la
propuesta y señaló que la Alcaldía de la ciudad
podría disponer de 500 millones de pesos al año
para ello. Aun así, esa misma tarde y en los días
posteriores, Salazar cambió su posición y señaló
que prefería la denuncia voluntaria de la comunidad. La propuesta mereció el rechazo de la comunidad educativa y de diversos sectores de la
sociedad, por lo que no prosperó.
Para reafirmar el Diagnóstico, el documento de
Comunidades Protectoras (documento elaborado
por la Secretaría de Educación de Medellín en
2010), señala: “A propósito de las motivaciones
que se tuvieron para implementar el acompañamiento a los escolares”, estas se deben a “la situación de reubicación de grupos armados en las
ciudades, la división territorial, los límites creados
por los actores armados, la inseguridad que se
presenta alrededor de las instituciones, con actos
delincuenciales y enfrentamientos”. 41 Si la participación
de las
comunidades
educativas y
del entorno se
reconoce como
una herramienta
significativa en
la protección
de la escuela,
esta no alcanza
aún un nivel
importante de
empoderamiento
que permita
lograr lo que se
propone. Además de dicho diagnóstico, es importante reseñar que la ciudad en los últimos ocho años ha
tenido una importante inversión en el campo de
la educación debido a una mayor destinación de
recursos para la creación de grandes IE en las comunas y en los diferentes niveles de escolaridad.
Informes de la Secretaría de Educación conceptúan que con las 29 nuevas construcciones en los
últimos siete años, y las adecuaciones y reestructuraciones a más de 70 colegios de la ciudad, junto
al incremento del presupuesto en el área de educación (en términos de cobertura), Medellín está
en capacidad de recibir el ciento por ciento de los
estudiantes hasta la secundaria. Por tanto, en términos de cupos, la escolarización no es problema.
Algunos
especialistas
valoran
este
proceso
como de profundización de la masificación de
la educación con aumento de la eficiencia (Programa Medellín Cómo Vamos, 2010). “Uno de la
aspectos relevantes de dichas inversiones es que
la ciudad atrae estudiantes de otros municipios
del Valle de Aburrá. En primaria, por ejemplo, se