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 Community
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mientras se establecen la propuesta de Comunidades Protectoras, los protocolos de seguridad y
las rutas seguras.
No hay duda que tanto el diagnóstico como las
propuestas responden a una situación de contexto
de fácil identificación. La respuesta del gobierno
local expresa de hecho, no solo el impacto del
conflicto armado en la escuela, sino cómo la educación se da en esas condiciones.
El concepto de comunidades protectoras es una
perspectiva bien intencionada en el sentido que
busca ampliar la oferta más allá de la estrictamente formal de la educación. Además, tiene, en
teoría, la virtud de proponer una interacción en el
territorio y el entorno de la escuela y no solo en
esta. Sin embargo, justamente es esta una de las
principales carencias que se han identificado históricamente en la ciudad a la hora de atender este
tipo de circunstancias y contextos.
Una intervención integral sobre el territorio debería considerarse como la principal estrategia
no solo de atención sino también de prevención.
Y no es esto precisamente lo que caracteriza la
aplicación de la política social de la ciudad. Se entendería que las comunidades protectoras lo que
buscan es que en efecto la escuelas sean consideradas un territorio de paz y no solo en virtud de
una norma humanitaria, sino porque de manera
táctica y explícita tiene un lugar de reconocimien- to para su función social, incluso por parte de los
actores armados.
Ahora bien, este vacío pretender ser
llenado
de alguna forma, con un nueva propuesta en el
Plan de Desarrollo 2012-2015, y es el referido a
la ampliación o complemento de la jornada escolar, con actividades centradas en las prácticas
culturales y deportivas. Contrario entonces a la
construcción de comunidades protectoras, lo que
ha venido ocurriendo es que el impacto sobre la
escuela muchas veces se extiende al conjunto de
la comunidad y viceversa.
Si la participación de las comunidades educativas
y del entorno se reconoce como una herramienta
significativa en la protección de la escuela, esta no
alcanza aún un nivel importante de empoderamiento que permita lograr lo que se propone. Esto se
da, entre otras razones, porque la oferta en materia
de derechos culturales, sociales y económicos es
bastante limitada en estos territorios. En tal sentido
la ampliación en la concepción y recursos de las
comunidades protectoras debería ser el centro de
la política de atención y de prevención.
Los protocolos de seguridad por su parte, como
ya se mencionó, evidencia la persistencia de una
situación que se va volviendo más que coyuntural.
Esto evidencia que el conflicto armado y la violencia armada en la ciudad no solo persisten sino
que expresan nuevas dinámicas en cada uno de
los territorios.
Podría decirse que los Protocolos de Seguridad
condensan dos acciones centrales. De un lado, las
formas de actuación en casos críticos de enfrentamientos, agresiones en la escuela hacia personal
educativo, situaciones internas, amenazas a docentes y estudiantes. Del otro, la perspectiva de mantener la escuela funcionando y sin deserción o desescolarización por razones del conflicto, prestando a
los y las estudiantes el necesario acompañamiento
mediante las llamadas rutas seguras.
Pareciera obvio que la protección y la seguridad, mediante el uso de la fuerza pública, se
mantuviera como una medida ante una situación
de conflicto. Pero tanto este acompañamiento, la
existencia de más rutas seguras y la activación de
los protocolos de seguridad es evidencia de que
el riesgo es latente y se mantiene el impacto en la 44 escuela. Lo que significa, entonces, una prevalencia de las medidas de emergencia para la efectividad de las llamadas comunidades protectoras.
De esta manera, dos cosas caracterizan la prevalencia de esta respuesta. De un lado, el énfasis en
las llamadas medidas de choque o de contención,
que han identificado a las respuestas de política
social del gobierno local en los últimos 20 años
respecto a las expresiones del conflicto armado
y otras violencias en la ciudad. Así, la respuesta
frente a una comunidad e institución tan específica, como es la escuela, no es la excepción.
De otro lado, el peso específico del papel de la
fuerza pública, también expresa la prioridad de
un enfoque de seguridad duro que no sería precisamente lo que sugiere una propuesta como las comunidades protectoras, que deberían tener en cuenta expresiones de carácter civil, más aún
cuando lo anterior no se limita al tema de las rutas
seguras. La Policía tiene también otro tipo de presencia en las instituciones educativas, mediante
los programas de la Policía Cívica Juvenil y el
DARE (por su sigla en inglés: Drug Abuse Resistance Education, educación para la resistencia en
el abuso de drogas). El papel de la fuerza pública
en la educación ya ha sido revisado por la Corte
Constitucional, al decir que la educación no es
función de las fuerzas armadas.
El primero inicia aproximadamente en 1983 con
el fin de que a través del juego las comunidades
que se encontraban en zonas en riesgo de vinculación a guerrillas, participaran en procesos de la
policía comunitaria.
En Medellín se creó en 1993 y cuatro años después se decidió que los NNAJ participantes no tuvieran los mismos uniformes que los policías, por
tanto, se pensó en un uniforme neutral. Para 1996
ya había 200 NNAJ inscritos. A 2011, la cifra alcanzó los 3.256 niños y niñas que hacen parte de
este programa en distintas zonas del área metropolitana de Medellín. Un requisito para participar
del mismo, es estar escolarizado
Sin embargo, este tipo de estrategias se centran
en una concepción cívico-militar de la protección
y promoción de derechos. Cualquier tipo de acción de este tipo, en medio de conflicto armado y
violencia organizada, es un riesgo para la pobla- ción civil: debe existir, para una protección plena
de la población civil, una distinción constante y
expresa de lo civil y lo militar-policial para el caso
colombiano debido a que en el país, la Policía hace parte de la fuerza pública.
En lo que respecta al DARE, la Ley 30 de 1986,
Estatuto Nacional de Estupefacientes y el decreto
1108 de 1994 establecen la obligatoriedad de la
implementación y desarrollo de un programa de
prevención en drogas por parte de todas las instituciones educativas y la estricta prohibición del