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porte y consumo de sustancias psicoactivas en
establecimientos educativos.
Este programa está dirigido a la población estudiantil, entre los 9 y 12 años, de grados cuarto y
quinto de primaria, quienes podrían encontrarse
en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas.
Su objetivo es enseñar a los estudiantes habilidades para resistir la presión y la oferta de consumo
de drogas, habilidades sociales y la toma de decisiones autónomas y responsables.
Más allá de la evaluación que pueda hacerse de
las estrategias y pertinencias de las pedagogías
utilizadas para la información, formación y prevención del consumo de sustancias psicoactivas,
nadie podría dudar de la importancia de este tipo de acciones, más aún en un contexto como
el de las comunidades populares de la ciudad de
Medellín. El Programa DARE es implementado por
personal de la Policía Comunitaria de manera gratuita para las IE en la ciudad.
Y una acción tan relevante de la fuerza pública tiene igualmente unas profundas repercusiones en la concepción del papel de la escuela en
la construcción de sujetos y ciudadanos para la
convivencia, la paz y el desarrollo. En otras palabras, aunque parezca obvio, y en muchos casos
las comunidades y personal docente lo reclame,
un papel tan activo de la fuerza pública, termina
cuestionando el papel fundamental de la escuela.
Sobre este aspecto, en junio de 2011, durante
un taller con docentes y organizaciones sociales
convocado por la Federación Antioqueña de ONG,
se concluyó que “la presencia de la Policía en las
instituciones educativas, bien haciendo rondas o
las llamadas requisas pedagógicas, lo único que
expresa es la deslegitimación de la escuela”. 45 “Debemos
reivindicar la
escuela como
territorio libre de
armas, vengan de
donde vengan,
como territorio
para la formación
integral y como
espacio de paz.
Por ello, no
creemos que
permitir el ingreso
de fuerza pública
a los centros
educativos sea
una solución”. “Por más violencia que tengamos, un colegio
nunca debe cerrar sus puertas. Debemos reivindicar la escuela como territorio libre de armas, vengan de donde vengan, como territorio para la formación integral y como espacio de paz. Por ello,
no creemos que permitir el ingreso de fuerza pública a los centros educativos sea una solución”,
puntualiza Hernando Posada, director del Núcleo
Educativo 921 (IPC, 27 de agosto de 2009).
Otro elemento a tener en cuenta a juicio del
autor, que revela el énfasis dado al control y la
seguridad, es que el papel otorgado a la fuerza
pública le resta peso al rol del cuerpo docente en
la escuela en estas situaciones. Los protocolos de
seguridad establecen una prioridad en las medidas de mitigación de riesgo, la comunicación, la
movilización en y fuera de la escuela. Sin embargo, no aparecen acciones de la llamada educación en emergencia, que implican considerar que
no es lo mismo educar y aprender en condiciones
de tranquilidad y convivencia, que en situaciones
de conflicto armado y otras violencias.
Las afectaciones emocionales, el estrés, el miedo y la atención están insertos en la vida de la
escuela y no existen acciones o procesos que
permitan al personal docente, a estudiantes y a
madres y a padres de familia, dispositivos y herramientas para atender casos en contextos como
el de la ciudad de Medellín, que pudieran evitar
mayores afectaciones sobre la salud mental de la
comunidad educativa.
Ahora bien, en la documentación y acompañamiento de casos se identificaron vacíos en las rutas
de atención y en muchas oportunidades la inexistencia de rutas claras de atención, para aquellas
situaciones de riesgo y amenaza. Si bien surgen al- gunas medidas, como los talleres para estudiantes
que se desescolarizan temporalmente, las mismas
rutas seguras y en algunos casos los traslados,
subsisten las preocupaciones para casos masivos
de desescolarización, deserción escolar, o cuando
hay una reducción en el número de estudiantes que
se matriculan para un siguiente período, por razones atribuibles al conflicto armado.
Lo anterior queda ejemplificado con un caso
acaecido en marzo de 2011 en una de las comunas de la ciudad, donde se presentó el abuso
sexual de una niña por parte de miembros de un
grupo armado. La atención sugerida por las personas responsables del programa no pudo ser
aceptada por la familia ni por las organizaciones
acompañantes debido a que significaba la separación de la víctima de su núcleo familiar.
Se puede colegir que más allá de las definiciones que ha dado el gobierno local a esta problemática, las medidas antes descritas dan cuenta
del énfasis en medidas de atención y no de prevención. Como han subrayado algunos funcionarios que atienden el programa, es difícil señalar
que el trabajo que este realiza se pueda definir
como una política de largo plazo. Sin duda, se
trata de un programa de choque necesario para
atender casos, emergencias, circunstancias, pero
que aún los programas no incluyen aspectos de
prevención y de protección efectiva a NNAJ afectados por la dinámica del conflicto armado y otras
violencias en la ciudad.
Lo que el seguimiento ha permitido señalar es
que la instancia creada para la atención de la
problemática, así como los dispositivos generados
para la misma, no han sido suficientes y, en algunos casos, tampoco adecuados. 46 6. concLusIones El conflicto armado y la violencia organizada
son la expresión visible de conflictos y condiciones estructurales de una sociedad que
se caracteriza por la exclusión y la inequidad; y, como se ha mencionado en este informe, la
naturalización de la violencia es el resultado de la
aprehensión cultural de un contexto violento. El informe La escuela en Medellín: un territorio en disputa es un reflejo de la situación de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
en un contexto violento. En otras palabras: la violencia –directa, estructural y cultural– disputa un
territorio de construcción de paz.
Este proceso investigativo y de monitoreo ha
reafirmado el mandato de defender los derechos