Datasets:
anytp
/
prueba2

Dataset card Data Studio Files
xet
 Community
text
stringlengths
0
143k
sino también el peso específico de este actor
institucional. Estas que debían ser medidas
últimas o complementarias, se han convertido en la acción predominante de la respuesta
institucional.
9. Desde la perspectiva de los programas y la
atención, se evidencia que la respuesta del
Estado se centra fundamentalmente en acciones de choque y de atención primaria a los
casos manifiestos o informados. Las medidas
se han caracterizado por no dar una respuesta
integral a la complejidad de las problemáticas
que son atendidas y no son suficientes. Prueba de esto es que no existan o sean nulos los
programas de acompañamiento psicosocial a
la comunidad educativa
(particularmente al
personal docente), en el entendido que hay
unas condiciones de educación en contextos
violentos, como señalan algunas comunidades y que ameritan inscribirse dentro de la
llamada educación en emergencia. En síntesis, se hace necesario actuar en cuatro
escenarios: 1. La respuesta de choque o de emergencia, que
está inscrita dentro de las llamadas Comunidades Protectoras, necesita ampliarse y fortalecerse desde su enfoque, los recursos y los
dispositivos, para lo cual es conveniente recoger experiencias de otros países que viven o
han vivido contextos y experiencias similares. 2. Hay que diseñar e implementar estrategias
participativas que respondan a las particularidades del contexto de Medellín fundamentadas en los criterios del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que permitan substraer
la escuela de las dinámicas del conflicto armado y otras violencias, convirtiéndola en un
lugar protegido, respetado y territorio de paz.
3. Como la dificil situación de las escuelas está inscrita en contexto locales complejos y
problemas estructurales e históricos, se requiere una intervención integral del territorio.
Intervención que no solo implica una mayor
articulación de los actores institucionales con
sus programas, sino una revisión de los enfoques de las políticas sociales de inclusión
y de garantía de derechos. En ese sentido es
indispensable transcender las respuestas de
choque, que en muchos casos se implementan con énfasis en acciones coercitivas. Una
política pública para el territorio está llamada
a responder por compromisos estratégicos
sustentados desde un enfoque
integral de
derechos, que atienda las características diferenciales de los sectores poblacionales hacia
los cuales está dirigida.
4. Se reconoce que el escenario idóneo para
la superación de las situaciones que afectan
a NNAJ tanto en Medellín como en el resto
del país, es la salida negociada al conflicto
armado, que
implique compromisos vinculantes y sostenibles. Mientras eso ocurre, el
gobierno local, así como en el pasado asumió
compromisos de todo orden con el proceso
de desmovilización de las AUC, la situación de
los NNAJ de la ciudad requiere de esfuerzos
similares desde local que complementen y
afiancen los programas que hacen parte de
la política nacional. Más cuando se trata de
fomentar espacios de construcción de paz en
una ciudad que lleva décadas de conflicto y
violencia, y la necesidad evidente de contar
con garantías de protección y ejercicio efectivo de los derechos de la niñez y la juventud de
la ciudad. 49 Al Gobierno colombiano
en el ámbito nacional 4. 1. Reconocer que en los contextos en que viven los NNAJ y coexisten las IE en el país, se
caracterizan por la exclusión, la inequidad y
la violencia, por tanto, la planeación e implementación de las políticas sociales y particularmente de las políticas educativas están
llamadas a brindar estrategias integrales que
aborden estos factores.
2. Establecer medidas adecuadas y eficaces de
prevención y protección de la vinculación de
NNAJ al conflicto armado y otras formas de
violencia, respaldadas con rutas de respuesta
institucional claras, expeditas e idóneas acordes con la realidad de los contextos donde
deben aplicarse.
3. Terminar la realización de actividades de carácter cívico-militar, que incluyen programas
como la Policía Cívica Juvenil y presencia en
actividades pedagógicas, que contravienen el
principio de distinción en contra de NNAJ en
el contexto del conflicto armado en Colombia.
Instar desde el orden nacional, la actuación
del poder judicial en el ámbito local en los casos que han sido denunciados para avanzar
así en la investigación y juzgamiento de los
perpetradores de las violaciones de los derechos de las personas de las comunidades
educativas que se han producido en la ciudad
de Medellín, con el fin de combatir la impunidad en estos casos.
5. Profundizar en la implementación de las políticas públicas que han sido diseñadas para la
prevención y la protección del reclutamiento y
uso de NNAJ por los actores armados desde
el ámbito nacional hacia lo departamental y lo
local.
6. Articular diversos sistemas de
información
que posibiliten el seguimiento permanente de
las problemáticas que afectan a los NNAJ, para fortalecer los sistemas de alertas y la puesta en marcha de dispositivos integrales de
respuesta rápida, inmediata y eficaz, de conformidad con las recomendaciones realizadas
a Colombia por organismos internacionales de protección de derechos humanos, como es el
caso particular de los informes y conclusiones
emitidas sobre el país con base en la aplicación del MRM de la RSC. 1612.
7. Ampliar la capacidad de respuesta para los
casos de emergencia y replantear las medidas
de choque que si bien pueden considerarse
necesarias, no son suficientes. Esta capacidad
de respuesta debe contemplar la protección
de las y los estudiantes y sus familias en todos
los casos de amenazas y riesgo, la posibilidad