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agosto de 2005 y octubre de 2006). Durante ese período de tiempo la Coordinación Colombia
– Europa – Estados Unidos recopiló denuncias en Antioquia de 248 casos de ejecuciones
extrajudiciales que fueron cometidas por tropas que se encontraban bajo su mando . Durante su
período en la IV Brigada, recibió una condecoración por sus buenos resultados operativos. Fue
denunciado por las organizaciones de Antioquia por los casos de ejecuciones extrajudiciales
durante su permanencia en ese departamento.
Si bien estos son los casos más destacados, todos los Comandantes del Ejército Nacional y los
Comandantes de las Fuerzas Armadas durante el periodo de estudio ascendieron luego de haber
comandado unidades inferiores, en muchos de los casos incluso durante el período en el que
señalamos que aumento considerablemente el número de ejecuciones. Dada la generalidad de
esta actividad delictiva, la probabilidad de que dichos comandantes tuvieran algún conocimiento
o sospecha es bastante alta. El hecho de que militares como los Generales Montoya y González Peña, posiblemente
responsables, tanto por acción como por omisión, en casos de ejecuciones extrajudiciales
cuando se desempeñaban como comandantes de Brigada o de División, hayan logrado escalar
hasta la comandancia del Ejército, apoya la tesis que la alta cúpula militar de la época había
estado involucrada directamente en los casos, tenía conocimiento de las ejecuciones y, en
su puesto de poder, ocultaron u omitieron actuar para impedir que los crímenes se siguieran
cometiendo. Esto también plantea un grave problema: en lugar de investigar a los comandantes
involucrados, se los premió con ascensos y se les permitió a través de la jerarquía más alta del
Ejército permitir la expansión a nivel nacional, la perpetuación y ocultamiento de la práctica
delictiva de los falsos positivos.
Administración de
Justicia por Falsos
Positivos: Impunidad
de los Máximos
Responsables Según informó la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, se han abierto
ante dicha unidad 1579 investigaciones por casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por
miembros de la Fuerza Pública desde enero de 2000. De la totalidad de investigaciones, 1405
casos (88,9%) se encuentran en etapa de investigación, 45 en acusación (2,8%) y 30 en juicio
(1,9%), habiéndose proferido sentencia en tan solo 16 casos (1%). Sin embargo, la gran
mayoría de los casos se encuentra en la etapa preliminar del proceso, en la que ni siquiera se ha
individualizado al presunto autor.
En este
informe hacemos especial hincapié sobre
la responsabilidad y
la necesidad de
investigaciones de los más altos mandos. Si bien reconocemos la existencia de investigaciones
y casos abiertos ante el sistema judicial, nuestro acercamiento al tema de la administración
de justicia en casos de falsos positivos busca ir más allá de las cifras. Reconocemos también
la gran cantidad de trabajo que llevar un número tan elevado de casos implica. Sin embargo,
nuestro análisis busca elucidar hasta qué punto la realidad de estos procesos corresponde a la
necesidad de erradicar la impunidad por el fenómeno que padeció Colombia entre 2002 y 2008
y en contra de quien están llevado.
Como se explicó más arriba, este estudio también busca elucidar si Colombia cumple con los
estándares fijados por la CPI en materia de lucha contra la impunidad. En este sentido, como
lo referimos, la CPI se orienta al juzgamiento de los “más altos responsables”. Asimismo,
corresponde recordar que en materia de complementariedad, la jurisprudencia de la CPI ha
determinado que.
A efectos de que un caso sea declarado inadmisible bajo el supuesto de complementariedad,
las investigaciones adelantadas por los tribunales nacionales deben referirse al mismo individuo
y a la misma conducta por la que se los pudiera procesar ante la CPI.
El primer análisis que corresponde efectuar es si dichas investigaciones (contra los
máximos responsables por las conducta por las que son imputables en virtud del Estatuto de la CPI) existen o no. No entra aquí la cuestión de la capacidad y la voluntad a la que se refiere
el artículo 17 del Estatuto, pues esta es una segunda parte del análisis que solo corresponde
efectuar si tales investigaciones existen. A. Investigaciones Individuales y Ausencia de investigación de
Patrones Como se describió más arriba existen actualmente un número significativo de procesos en
curso. Un análisis sumario de los datos presentados por la Fiscalía General de la Nación en
cuanto a las investigaciones y juicios en trámite, confrontado con la información obtenida
sobre el desarrollo de los procesos en curso, permite concluir inmediatamente que los hechos
se analizan siempre como incidentes individuales, aislados los unos de los otros y no como
crímenes de sistema ni como parte de una política generalizada. Por lo mismo, como veremos
más abajo, solo se persigue a soldados de menor graduación, mientras que los más altos mandos
responsables de los crímenes permanecen impunes.
Si bien la Fiscalía General de la Nación está obligada a abrir una investigación por cada delito
ocurrido, es primordial hacer uso de la figura de la conexidad, dado el carácter repetitivo de la
conducta criminal que afectó a un gran número de víctimas. Tal forma de proceder permitiría
la investigación por patrones, a fin de establecer la sistematicidad de las violaciones, poder
realizar investigaciones e incoar acciones penales por cargos de delitos de lesa humanidad.
Asimismo, en un contexto en el que el poder judicial está saturado por el número de casos, una
aproximación judicial al fenómeno de los casos de falsos positivos como lo que fueron, es decir
una práctica institucional, podría permitir eventualmente una mejor gestión de los recursos del
Poder Judicial.
Por ejemplo, es conocido el caso del más alto mando procesado, el Coronel Borja Aritstizabal,
quien fuera comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre y confesó más de 50 casos de
falsos positivos, entre ellos los conocidos casos de Toluviejo. El Coronel Borja ha recibido
al menos cinco sentencia condenatorias, es decir que se ha procedido a al menos cinco procesos
por hechos similares cometidos por la misma fuerza a su cargo. Otro ejemplo lo constituyen las
17 investigaciones abiertas por los casos de falsos positivos del municipio de Soacha, en los que
estuvo implicada una misma brigada.
Si bien la conexidad ha sido decretada en algunos pocos procesos, generalmente se reúnen en
esos casos un pequeño número de investigaciones sobre víctimas desaparecidas o asesinadas al
mismo tiempo o en un lapso corto de tiempo. Es decir que la aproximación hacia la conexidad
se realiza exclusivamente a partir de las características de la base del crimen (crime base) y no
a partir de la identidad de patrones ni del (estudio) de las circunstancias de la cadena de mando
que ordenó, facilitó o permitió la perpetración de los mismos delitos, cometidos por la misma
unidad militar, con idénticos patrones y una motivación común.
Al hacerse procesos aislados, resulta más difícil plantear investigaciones que pueden establecer
los elementos circunstanciales de crímenes de lesa humanidad, que analizamos más arriba,
incluyendo la existencia de un plan o política. No tenemos conocimiento de ningún caso en el que se haya investigado o procesado por crímenes de lesa humanidad conforme a la definición
que los mismos tienen en Derecho Internacional. Si bien, como señalamos más arriba, esta
noción ha sido mencionada en algunos actos procesales y sentencias, por lo general no es
utilizada en su acepción correcta.
Si bien se llevan a cabo procedimientos que cumplen formalmente con el deber del Estado de
abrir investigaciones estos no revistan la profundidad necesaria para establecer judicialmente
la gravedad del fenómenos ni para llegar a la verdad sobre quién estuvo detrás de esta práctica
delictiva.
La ausencia de investigaciones de carácter global y transversal no se presenta sólo en los
casos de falsos positivos. La FIDH ha observado desde hace muchos años la ausencia de
voluntad de las autoridades colombianas para adelantar procesos por patrones que permitan
determinar la estructura que apoyó la comisión de delitos e identificar al conjunto de actores