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los soldados, y observó los hechos, declaró que Faiber alcanzó a levantar una mano mientras los
soldados seguían disparando, y luego procedieron a golpearlo en el suelo con la culata del fúsil,
pero al verlo grave de salud, se recriminaron entre ellos diciendo “hijueputa la embarramos”.
Con nuevos disparos los soldados dispersaron a la comunidad que había acudido a observar que
era lo que había pasado, razón por la cual cerca de 90 militares fueron retenidos por los campesinos y entregados luego a delegados del Ministerio Público y el Ejército Nacional. Entre ellos se
encontraban los 14 involucrados en el homicidio del civil. Los militares expresaron que el campesino transportaba una bolsa que al parecer contenía drogas, y ratificaron en versión judicial que
habían disparado a Faiber porque este transportaba 25 libras de pasta de coca y había omitido
el puesto de control del Ejército: “Ante la omisión del motociclista, la tropa reaccionó contra el
automotor”, dijo el parte oficial. Los tiros en el cuerpo de la víctima muestran que no fue así.
Sin embargo, la Fiscalía pudo comprobar que no solamente en el lugar de los hechos no estaba
autorizado ningún puesto de control, sino que la supuesta droga que dijeron que transportaba
nunca apareció, razón por la cual 5 militares fueron posteriormente detenidos. Sin embargo, la justificación de “no atender la orden de pare” se ha convertido en un
motivo demasiado frecuente, que según varios fallos del Consejo de Estado, no puede ser
motivo para privar de la vida a los ciudadanos. En noviembre del 2015 esta entidad condenó al Estado a pagar a una importante indemnización por los hechos que rodearon la
muerte de una campesina quien recibió cinco impactos de bala sobre su humanidad por
parte de un soldado en hechos registrados el 27 de enero de 2002 en Dolores (Tolima),
al considerar que se presentó una falla en el servicio cuando los soldados le dispararon
de manera indiscriminada y negligente, y puesto que “El Ejército no cumplió las normas
mínimas para realizar un retén”. En otra sentencia de febrero de 2015 el Consejo de Estado rechazó el uso de la fuerza
letal contra ciudadanos en un retén, pues a diferencia de lo afirmado por miembros de
la policía, estos no accionaron sus armas en reacción a un ataque previo y en legítima
defensa como alegaban, sino que “Si bien el procedimiento de policía se desarrolló en
cumplimiento de un deber legal, el uso de la fuerza letal no fue una reacción de legítima
defensa, en consecuencia, es posible afirmar que se usó de manera arbitraria y desproporcionada la fuerza letal, sin que obre otro medio conducente de prueba en el plenario que
permita erigir una hipótesis diferente”, aclarando además que el uso de las armas “solo
puede ser utilizado como último recurso” y “luego de haber agotado todos los medios de
defensa que representen un daño menor; más aún durante operaciones como esta que no
tienen como propósito atacar un objetivo militar definido y autorizado”. Este uso desproporcionado de la fuerza alegando que la víctima no acató orden de
pare tampoco se justifica para disparar a los pies de los personas en puestos de control. En
julio del 2013 el Consejo de Estado consideró que miembros de la Policía Nacional “actuaron de manera imprudente e hicieron uso de sus armas de manera desproporcionada” cuando en 1997 agentes de la policía dispararon contra un hombre que resultó baleado
en sus piernas por no detenerse en un retén en la capital huilense, razón por la cual se
condenó a la institución a una cuantiosa indemnización. 3.10. Homicidios en acciones de protesta social En el año 2013 unas 15 personas fueron muertas por miembros de la fuerza pública
en acciones de uso ilegítimo de la fuerza en contra de ciudadanos que ejercían el legítimo
derecho a la protesta social en los diferentes paros agrarios, minero, cafetero y en la minga
indígena. En el año 2015 fueron 9 las personas que murieron en diversos actos de represión a acciones de protesta ciudadana. En todos los casos, las víctimas murieron por el accionar ilegal de armas de fuego en
contra de los que protestaban. 8 de los casos fueron responsabilidad de la Policía Nacional
(con dos casos al menos en los que hubo intervención del ESMAD) y en un caso la muerte
fue causada por tropas del Ejército en contra de un joven campesino en Argelia (Cauca)
que protestaba contra la erradicación forzada de cultivos de coca, siendo abaleado por
tropas de la Brigada 29 del Ejército. En otro caso, en el cual fue asesinado el comunero indígena Fiderson Guillermo Paví
Ramos que participaba en acciones de recuperación de tierras en Caloto (Cauca) se causaron también heridas a otros 45 indígenas, y se denunció también la práctica del uso de
armas no convencionales por parte del ESMAD
Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento CASO FIDERSON GUILLERMO PAVI RAMOS. Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD de la Policía Nacional causaron la muerte del líder indígena Siberston Guillermo
Paví Ramos de 18 años y heridas a Carlos García, en hechos ocurridos el 10 de abril de 2015 en
inmediaciones de la hacienda La Emperatriz, Caloto (Cauca). Fiderson Guillermo Pavi provenía
del resguardo de López Adentro y se encontraba participando de acciones de recuperación de
tierras en la hacienda La Emperatriz. Era integrante de la guardia indígena y actualmente se encontraba participando del movimiento juvenil. Según la denuncia: “Cerca de las 2:15 de la tarde
la comunidad se encontraba resistiendo a los ataques del ESMAD cuando Guillermo fue herido
por un impacto de bala disparado desde las trincheras organizadas por la fuerza pública dentro y
fuera de la finca. Desde la tanqueta la fuerza pública se encontraba disparando gases lacrimógenos pero también se dispara armas no convencionales y armas de fuego. Desde el día 5 de marzo
de 2015 la comunidad del Resguardo de Huellas, Tóez y López Adentro se encuentra de nuevo
en el ejercicio de Liberación de la Madre Tierra y como respuesta del gobierno de turno, hasta el
momento han dejado 45 heridos de los cuales 23 han sido de carácter grave, entre ellos Carlos
García, integrante del Movimiento Juvenil y de la Orquesta de Instrumentos Andinos de Caloto,
a quien se le realizará una cirugía en la cabeza”. En las protestas en las cuales fue asesinado Fiderson el ESMAD causo 45 heridos de los cuales 23 han sido de carácter grave. 3.11. Muertes por protestas surgidas o reacciones espontáneas a
procedimientos policiales arbitrarios o excesivos De los 9 casos de muertes en acciones de protesta, 5 víctimas murieron en desarrollo
de protestas colectivas que fueron objeto de represión con balas oficiales. En otros 4 casos
las víctimas murieron luego de que se presentaran protestas espontáneas como reacción a
procedimientos policiales abusivos o autoritarios, que derivaron en acciones tumultuarias
que fueron respondidas a balazos por los agentes policiales, en acciones que manifiestan
un uso abusivo o excesivo de la armas (ver recuadro siguiente y tabla No. 10). CASOS DE ELKIN ARGUMEDO BLANQUICETH (17) y EVER ARGUMEDO BLANQUICETH (23). El 15 de abril de 2015 en un operativo de la Policia en el Municipio de San
Onofre, para dar con la captura de algunos delincuentes, se presentó un amotinamiento de pobladores que se opusieron al procedimiento y se enfrentaron a los agentes, los cuales dispararon
su armas de dotación hiriendo de muerte a los hermanos Elkin y Ever Argumedo Argumedo
Blanquiseth, el primero de 17 años de edad y el segundo de 23. Uno de los amigos de los jóvenes expresó que los policías llegaron a requisarlos y estos se negaron, pues constantemente en
el lugar donde los encontraran, los agentes procedían a registrarlos diciéndoles “donde tenían
la marihuanita”. “Primero le dispararon de frente a Elkin y cuando cayó al suelo, el policía aun
le seguía disparando, por eso Ever le tiró una piedra en la cara al agente y este le disparó por
la espalda dejándolo inmediatamente sin vida”, dijo el testigo. De acuerdo con seres allegados
a Elkin y Ever Argumedo Blanquiseth, estos no tenían cuentas pendientes con la justicia y los
uniformados desde hacía varios meses se las “tenían montada”, pues a cada rato los requisaban,
estuvieran donde estuvieran. Tabla No. 10. Muertes en Protestas o Amotinamientos espontáneos por Abusos en Procedimientos Policiales 2015. Fecha Víctima Entidad Municipio Dpto. Ocupación Sexo Edad 14/04/2015 Darwin Caicedo Torres 15/04/2015 Elkin Argumedo Blanquiceth 15/04/2015 Ever Argumedo Blanquiceth 10/10/2015 Roge...
denunciado en la represión a las comunidades indígenas, resulta gravemente preocupante
que mediante el uso de armas diferentes a las de dotación oficial se haya producido la
ejecución sumaria de 6 personas en la Costa Atlántica. Esta práctica, que busca evadir o
desviar la responsabilidad de los autores de estos crímenes, cobró la vida de 4 personas
en Cartagena y 2 más en Barranquilla. El elevado número de casos de casos de muertes
por intolerancia social en contra de jóvenes de los sectores más marginados de Cartagena
y Barranquilla, en los que la policía los ejecuta, con prácticas de “gatillo fácil” o aplicando
justicia por propia mano, denota un grave problema de corrupción y de cultura de “limpieza social” en contra de jóvenes marginados, pequeños transgresores o consumidores
de drogas, en donde es frecuente que la policía porte dos armas, una de dotación oficial
y otra para llevar a cabo estas acciones criminales
A pesar de que conocimos 6 casos en los que se denunció muerte con segunda arma,
al parecer esta práctica no es infrecuente, y denota una preocupante falta de control y un
irrespeto absoluto a la vida de los sectores más marginados en la práctica policial. La utilización de segunda arma no oficial por parte de altos mandos de la Policia ha derivado en
graves casos de ejecuciones extrajudiciales de connotación nacional en los años recientes,
sea para perpetrar ejecuciones o para “legalizar” homicidios ya perpetrados. En octubre
del 2015 la Fiscalía formuló acusación contra el Coronel de la Policía Gustavo Chavarro
por el homicidio del joven Juan David Guardo, en el norte de Bogotá, para el cual el coronel utilizó una pistola de bala dum dum, la cual es un arma prohibida por convenciones
humanitarias y para la cual, el arma disparada por coronel, no contaba con salvoconducto y no pertenecía a la Policía Nacional, a pesar de lo cual continúa en libertad. La utilización de segunda arma diferente a la de dotación oficial para legalizar una
ejecución extrajudicial por parte de la policía es el motivo por el cual también el Coronel
Nelson de Jesús Arévalo, excomandante de la estación de la Policía de Suba, está siendo
procesado. Según la investigación de la Fiscalía General el coronel Arévalo dio instrucciones precisas a un grupo de uniformados a la hora de conseguir un arma de fuego no
oficial para que fuera trasladada a la calle 106 con Avenida Boyacá, donde el joven Diego
Becerra habia sido asesinado. Esta acción tenía como objetivo afectar la investigación y
acusar al joven de 16 años de ser parte de una banda delincuencial. Es evidente que el
porte y utilización de segunda arma no oficial, más allá de la proliferación de su uso para
perpetrar homicidios en Cartagena y Barranquilla, es un problema que afecta también
altos niveles de la policía, y parece avanzar hacia una tendencia en ciertos sectores de de
la cultura institucional, y que debe ser urgentemente revisado en la reforma que requiere
la transformación institucional de la policía para la su actuación en escenarios de posconflicto. 39 Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento Sin embargo, las nuevas atribuciones cuasi-judiciales que otorga el Código de Policía