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los casos de ejecuciones extrajudiciales de responsabilidad directa de agentes estatales, a
pesar de su reducción, sigan siendo elevados. Pese a los esfuerzos estatales y la presión social nacional e internacional por reducir la
práctica de los homicidios intencionales de civiles, la CCEEU documentó la persistencia
de esta práctica, expresada en 65 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetrados por agentes estatales durante el año 2015, lo que implicó que una persona cada 6
días en Colombia murió por causa de violencia estatal ilegítima. Las ejecuciones extrajudiciales, sea en su modalidad de muertes de civiles a manos
de agentes estatales por uso indebido o excesivo de la fuerza o en la modalidad de “falsos
positivos”, muestran una tendencia a desvincularse del contexto de conflicto y aparecen
mayoritariamente perpetrados por fuera de éste. A pesar de la importante disminución de
la intensidad del conflicto armado, el 30% de estas víctimas (20 personas) murieron en circunstancias relacionadas con el conflicto armado o en el desarrollo de acciones militares o
policiales vinculadas con el mismo, pero lo más preocupante es que un 70% de los casos
(45 víctimas) fueron ejecutadas por fuera de la situación de conflicto armado, con tendencias o pautas que de no detenerse pudieran avanzar hacia patrones de sistematicidad. 45 Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento La mayor parte de las víctimas se presentaron en los departame...
víctimas), Atlántico (6), Antioquia (6), Bogotá DC (5), Cauca (6), Caquetá (4). En su gran
mayoría las víctimas corresponden a jóvenes marginados social y económicamente de
centros urbanos cuando la policía es el responsable, y zonas de agudos conflictos sociales
y territoriales (como el departamento del Cauca) cuando el responsable es el Ejército. En
estos casos, las comunidades indígenas y campesinos siguen siendo los más victimizados. A diferencia de las ejecuciones extrajudiciales de la época de la Seguridad Democrática el Ejército ya no es la entidad responsable de la mayoría de estas ejecuciones (registra
23 víctimas de las cuales 13 corresponden a la modalidad de falsos positivos) sino la Policía Nacional, con 43 víctimas (de las cuales 5 corresponden a la modalidad de falsos positivos). La mayor parte de estos casos se presentaron por fuera de la situación de conflicto
armado (69,3%), con un 30,7% que aparecen relacionados con el contexto de conflicto
armado. Los casos de Cartagena, Barranquilla y Bogotá los más preocupantes por las
prácticas de discriminación, abusos y golpizas que han derivado en muertes de jóvenes de
población empobrecida, y en el caso del Ejército la situación más delicada se presenta en
el suroccidente colombino (en los departamentos de Cauca y Nariño), bajo la jurisdicción
de la Comando Conjunto Nro. 2 de Suroccidente y las Brigadas de la III División. Los falsos positivos ya no son la modalidad predominante de estas ejecuciones pues
representa el 24% de los casos (16 víctimas). La mayor parte de las víctimas fueron perpetradas con ocasión de un uso indebido o excesivo de la fuerza (76%, con 39 víctimas). Sin
embargo entre el ejército los falsos positivos si constituyen más de los casos presentados
en tanto que en la policía la inmensa mayoría son casos de uso ilegítimo o abusivo de las
armas por intolerancia social, justicia por propia mano o discriminación contra pobladores
urbanos y jóvenes de sectores marginados. Los nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales permiten evidenciar modalidades que
buscan ocultar o encubrir la responsabilidad de los perpetradores tanto en la policía como
en el ejército. Por ello es preocupante que estas muertes se den en un contexto en el que
la violencia socio-política, especialmente la sufrida por comunidades de agudos conflictos
socio-políticos y territoriales (como en el suroccidente colombiano) o la producida en
contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos tenga la característica de
que sea cada más difícil conocer quienes están detrás de estos hechos, o sean atribuidos
a actores indeterminados. En este contexto, el informe sobre la situación de derechos humanos en el 2015 del
Cinep/Programa por la Paz documentó que los grupos paramilitares durante el 2015 fueron responsables de 99 ejecuciones extrajudiciales perpetradas como violaciones a los
derechos humanos y 89 homicidios intencionales en persona protegida perpetrados como
violaciones al DIH. Pero también entre el año 2014 y 2015 aumentaron en un 13% el número de asesinatos de defensores/as de derechos humanos pasando de 55 casos en 2014 a 63 casos
en 2015 según datos del Programa Somos Defensores, documentando una tendencia
al aumento de homicidios de defensores de derechos humanos perpetrados por autores
“desconocidos”, es decir donde los esfuerzos por ocultar la responsabilidad se han extremado. De este modo el porcentaje de homicidios de defensores en que no pudo precisarse
la autoría pasó de un 62% de los casos en 2014 a un 81% de los casos en el año 2015. Durante el 2015 se presentaron 16 casos de falsos positivos. Aunque las ejecuciones extrajudiciales se han reducido notoriamente en relación con el periodo de 46 Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos la Seguridad Democráti...
falsos positivos y la dispersión de los mismos no nos permite concluir que se mantenga
dentro del Estado una política para perpetrar ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de falsos positivos de manera sistemática, y en este sentido no es muy clara la
persistencia de patrones que pudieran con certeza apuntar a la sistematicidad en la
perpetración de estos crímenes. Sin embargo, un escrutinio de las modalidades bajo las cuales se han llevado a cabo
las prácticas de ejecuciones en los últimos 5 años, y especialmente durante el 2015 si nos
permiten delinear al menos unas pautas o tendencias de comisión que si se mantienen,
y no son severamente reprimidas y sancionadas, podrían llegar a configurar patrones de
sistematicidad. Estas prácticas evidencian la persistencia de ejecuciones en las que se nota un esfuerzo por privilegiar la imagen institucional ocultando o desviando la responsabilidad de los
autores por la comisión de estos hechos. Entre estas modalidades durante el 2015 hemos
documentado 12 casos de muertes en Estaciones de Policía o sitios de detención (9 en
Estación, 2 en Cárceles y 1 en la UPJ de Bogotá), de los cuales 6 murieron pretextando
ahorcamiento en estaciones, y 3 alegando problemas de salud, 6 de estas víctimas murieron realmente por haber recibido golpizas, maltratos, intoxicación forzada o disparos
en las estaciones. En 9 de los casos se alegó supuesto error militar o policial aunque las
circunstancias no confirman esta situación, y en otros 6 casos las víctimas fueron asesinadas porque supuestamente no acataron órdenes de pare en retenes o puestos de control
militar o policial. 8 casos parecen responder a modalidades de homicidios selectivos sin
motivación conocida o publicitada, y en 4 casos las víctimas fueron personas insurgentes
puestas previamente fuera de combate, heridas y rematadas para presentarlas como si
hubieran muerto en combate (en uno de estos casos, contra un presunto mando medio
de la guerrilla se denunció participación de particulares en el homicidio y entrega de recompensa). Es preocupante finalmente que en 6 de los casos perpetrados en las ciudades de
Cartagena y Barranquilla la policía estuviera empleando arma diferente a la de dotación
oficial. Resulta perturbador además que 9 personas hayan sido asesinadas en actos de
protesta socia (5 en manifestaciones colectivas, 4 en manifestaciones espontáneas o disturbios ante procedimientos policivos arbitrario, con mayor frecuencia en la Costa Atlántica). Recomendaciones: 1. La continuidad de los homicidios de civiles en relación con el conflicto armado, incluidos casos de “falsos positivos”...
militares y policiales que favorecen la eliminación de civiles percibidos como parte del
“enemigo interno”, las cuales en el marco del actual proceso de paz no están siendo abordada ni transformadas. Se hace necesario y urgente la conformación de una
Comisión de Alto Nivel sobre Garantías de no repetición que se ocupe de la revisión
integral de las Políticas de seguridad y garantía de derechos humanos, la revisión de
antecedentes de funcionarios y prácticas de la administración pública y su renovación,
la revisión de archivos de seguridad y de inteligencia relacionada con eventos de vulneración de derechos humanos, la reestructuración cuantitativa del personal y presupuesto militar, la desmilitarización y traslado funcional de la policía hacia el poder civil
y la restricción de la justicia penal militar al exclusivo ámbito de los delitos típicamente 47 Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento militares, así como la exclusión de su competencia frente a las violaciones de derechos
humanos y al DIH. 2. Las nuevas atribuciones cuasi-judiciales que otorga el Código de Policía para que sus
agentes ingresen a domicilios, tomen medidas de fuerza para superar situaciones de
ruidos, algarabías o consumo de licores en la vías, y conduzcan por la fuerza a quienes
se le opongan para la imposición unilateral de un procedimiento verbal policivo en estación de policía, implican un riesgo enorme de que esta práctica de justicia autoritaria
y homicidios selectivos contra jóvenes en escenarios de marginación social y económica, uso de dotación alterna no oficial, y la imposición extrajudicial por la policía de su
propia ley de manera arbitraria pueda implicar la continuidad de estos casos 3. Las ejecuciones sumarias se ven favorecidas por las políticas y normatividad que buscan dar pie a la continuación o perpetuación del conflicto armado con el pretexto de
combatir las expresiones criminales sobrevivientes al acuerdo con las FARC-EP, incluidos los grupos armados organizados (GAO, antes BACRIM) y a las visiones distorsionadas que sobre el Derecho Internacional Humanitario se han venido difundiendo
desde el Ministerio de Defensa y que difunden la extraña concepción de que el DIH
es una normativa para promover el uso de la máxima fuerza letal disponible sobre un
heterogéneo abanico de organizaciones delictivas a las que gradúa como grupos relevantes “para la aplicación del uso letal de la fuerza en el marco del DIH”46. 4. El Gobierno debe abstenerse de continuar con el proceso de aprobación del Ley No
175/15 Cámara “Por medio de la cual se dictan medidas para combatir los Grupos
Criminales Armados y Organizados dentro del Territorio Nacional”, pues habilita facultades a la Fuerza Pública a aplicar en contra de estos grupos una visión del DIH
que favorece la perpetración de ejecuciones extrajudiciales basada en la supuesta habilitación del DIH a privilegiar el máximo uso de la fuerza letal disponible. Muchos
civiles en zonas de influencia de estos grupos podrían ser víctimas de estas facultades.
Deben también derogarse la Directiva 0015 de abril 22 del 2016 y la Directiva 003 de
la Fiscalía que favorecen la impunidad de casos de muertes de civiles en operaciones
militares o muertes de personas en situación fuera de combate al reconocer como
atípicas las conductas cometidas por miembros de la fuerza pública con arreglo a una
visión también laxa de la aplicación del DIH. 5. Todos los casos de Ejecuciones Extrajudiciales, incluidas las que no tienen la calidad
de falsos positivos, deben ser priorizados y asumidos siempre por la justicia ordinaria
y con medidas eficaces para su prevención y persecución. 6. Debe reformarse la Justicia Penal Militar para circunscribirla únicamente a los delitos
típicamente militares, excluyendo del ámbito de su competencia los delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos y al DIH. 7. El Gobierno debe derogar mediante norma pública explicita cualquier Directiva que
implique el pago de recompensas por bajas, incluidas la de personas que hayan sido
declaradas como “objetivos de alto valor”. 8. Debe reformarse la estructura y doctrina de actuación de la Policía Nacional. Debe
ubicarse funcionalmente esta entidad por fuera del Ministerio de Defensa y ubicarse
funcionalmente bajo dependencia del poder civil. 46 Ministerio de Defensa. Directiva Permanente Nro. 0015 del 22 de abril de 2016, https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/
descargas/Prensa/Documentos/dir_15_2016.pdf 48 Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos 9. Deben habilitarse instancias de control civil al funcionamiento y actuación de la policía
nacional. Pensar en revivir la institución del Comisario Nacional de Policía con funciones de inspección, vigilancia y control de la actividad policial, incluido la inspección
sobre centros de detención policial y el control sobre el armamento y elementos de