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para que sus agentes ingresen a domicilios, tomen medidas de fuerza para superar situaciones de ruidos, algarabías o consumo de licores en la vías, y conduzcan por la fuerza a
quienes se le opongan, para la imposición unilateral de un procedimiento verbal policivo
en estación de policía, implican un riesgo enorme de que esta práctica de justicia autoritaria y uso de dotación alterna no oficial para imponer su ley, de manera arbitraria, pueda
implicar la continuidad de estos casos. Un ejemplo de esta práctica fue el homicidio del
joven cantante popular Rafael Antonio Marimón en julio de 2015 en Cartagena (ver recuadro). CASO RAFAEL ANTONIO MARIMÓN GARCÉS. El 20 de julio de 2015, en Cartagena,
miembros de la Policía Nacional dieron muerte en horas de la noche al joven Rafael Antonio
Marimón de 30 años de edad, cantante de champeta conocido como el Yarli. El joven se encontraba en el barrio Olaya Herrera, sector La Magdalena, para amenizar un toque de picó, es decir
una fiesta con bafles para poner música en la calle. Según lo difundido en fuentes de prensa,
la versión de la Policía es que la víctima murió producto de una riña en el sector; sin embargo,
su hermana afirmó que de acuerdo con lo que le contaron testigos, su muerte se produjo luego
de que miembros de la Policía Metropolitana de Cartagena llegaran a la zona para apagar los
equipos de sonido y durante la intervención, los uniformados usaron gases lacrimógenos, lo que
terminó alterando a las personas que estaban allí, “mi hermano fue a buscar su moto, que la tenía
estacionada, porque un policía estaba tirando las motocicletas parqueadas a un caño de la zona.
Le dijo al uniformado, de forma respetuosa, que lo dejara llevársela. Sin embargo, lo que nos
manifiestan los testigos es que el agente, bastante molesto, lo que hizo fue dispararle. (...) Fue un
procedimiento en el que hubo abuso de autoridad. Mi hermano acababa de llegar y aún no había
empezado su presentación. No entendemos por qué procedieron de esa forma. Está claro que mi
hermano no era ningún delincuente y jamás agredió a los policías”. Según confesó el hermano
de la victima, que pertenece a la policía de Cartagena igual que el victimario, “lo más curioso es
que el uniformado habría disparado con un revólver 38 largo y no con su arma de dotación”.
“Esto debe ser parte de la investigación”. 3.13. Homicidios selectivos sin motivación conocida o publicitada Una modalidad preocupantes de homicidios de responsabilidad estatal es la perpetración de homicidios selectivos o ejecuciones sumarias, cuya motivación no es declarada o
a menos públicamente reconocida. En tal caso, las personas son víctimas de balas oficiales
que asesinan a los blancos seleccionados guardando silencio sobre las razones que por
cuales actúan. A diferencia de los casos de “falsos positivos”, en los cuales “la publicidad”
de los motivos (ficticios) de la supuesta “muerte en combate” o la “legalización” de la
víctima como miembro de una organización criminal, constituyen un elemento central de
la definición de esta modalidad, en esos casos, quizá eludiendo la posibilidad de que puedan ser denunciados como “falsos positivos”, la publicidad de los móviles o la legalización
de la víctima están ausentes. Son silenciados. Esta tendencia se muestra principalmente en los casos perpetrados por unidades del
Ejército Nacional (5 víctimas), aunque hay también casos ejecutados por miembros de
la Policía (3 víctimas). Todos los casos perpetrados por el ejército fueron perpetrados en
la región del Pacífico con 4 casos en el departamento del Cauca, y uno en el Chocó. Lo
más preocupante es que en casi todos estos casos, las víctimas de esta modalidad fueron
miembros de comunidades indígenas, quienes pusieron al descubierto la responsabilidad
de los miembros del ejército que o negaban los hechos o fueron capturados luego de huir.
En ocasiones, y luego de haber sido descubiertas o capturadas las tropas ofrecen la ver- 40 Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos sión de que la muerte, que antes negaban, obedeció a “un accidente”. De no haber sido
descubiertos, las muertes hubieran pasado como ejecutadas por actores desconocidos o
indeterminados
En esta modalidad se enmarcan muertes como las del exgobernador indígena Alfredo
Bolaños (ver recuadro) y otros 4 casos. En el caso del comunero indígena Celsaín Fernández Rivera, asesinado en Silvia – Cauca por un soldado del Batallón José Hilario López
que huyó del lugar de los hechos pero fue sorprendido y luego capturado por la comunidad, la comandancia de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército asegura que el hecho fue
“un accidente” . Las Brigadas 29 con sede en Popayán y la Brigada Móvil 29 que actúa
en el norte del Cauca son las comprometidas en esta modalidad de ejecución, que se da
en un contexto de agudos conflictos territoriales con las comunidades indígenas. Estas dos
brigadas estaban articuladas bajo el mando del Comando Conjunto del Suroccidente, que
durante el año 2015 estuvo bajo el mando del Generarl Henry William Torres Escalante,
por lo que las responsabilidades que quepan merecen ser investigadas. CASO ALFREDO BOLAÑOS LASSO. El 19 de octubre de 2015 en El Puracé (Cauca) tropas
Batallón José Hilario López, Unidad España 2, a cargo del sargento Eiser Rodriguez Balanta,
asesinaron al taita y exgobernador indígena Alfredo Bolaños de 70 años de edad. El grupo de
militares manifestaron que supuestamente a ellos les habían disparado desde la parte alta y ellos
habían respondido, versión que la comunidad y la guardia indígena niegan y contradicen, ya
que les consta que el único grupo armado que se movilizaba en ese momento por el lugar, era
el ejército nacional. Persiguieron y detuvieron las tropas hasta verificar que había pasado en el
lugar donde habían escuchado los disparos, y fue cuando horas mas tarde encontraron el cuerpo
del taita Bolaños con un tiro en la cabeza cuando estaba llegando a su casa. Los indígenas retuvieron a los soldados que participaron en el asesinato y que habían buscado huir del lugar, con
la finalidad de que las autoridades investigaran y aclararan los hechos. 3.14. Homicidio fuera de combate En el 2015 el Observatorio de DDHH y DIH de la CCEEU pudo conocer de 4 casos de
ejecuciones de presuntos guerrilleros que habían sido puesto previamente fuera de combate, heridos, y rematados luego a corta distancia en una condición en que ya no tenían
la condición de combatientes (ver tabla No. 13). En estos hechos estuvieron comprometidos miembros del Ejército Nacional de las Brigadas Quinta (dos víctimas en Antioquia) y
Novena (dos víctimas en el Huila). Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento En el caso de Rafael Torres Morales y alias Esneider, muertos en Baraya (Huila) el
pasado 5 de marzo, al parecer guerrilleros de las FARC, se conoció por medios de prensa
que las armas que dijeron incautarles eran unas que habían salido una semana antes del
batallón, que además fueron muertos de 8 y 5 disparos por la espalda respectivamente,
que los balazos muestran tatuajes correspondientes a tiros de corta distancia y que en los
hechos participó un desmovilizado. En este caso además está documentado el pago de
recompensa puesto que al desmovilizado se le otorgó una recompensa de 120 millones
de pesos, de los cuales 30 millones debieron ser luego devueltos a los comandantes del
Gaula. Al mayor Oscar España, Jefe Militar del Gaula y al soldado que dice haber dado
muerte a los subversivos se les concedieron además beneficios consistentes en viajes a
Santa Marta y San Andrés, días de permisos y condecoraciones.
Durante los últimos años el Gobierno había informado que la Directiva 029 de 2015
sobre recompensas habría sido derogada y no estaba siendo aplicada Sin embargo, este
hecho, dados los destinatarios y el monto de la recompensa indican que esta política continúa vigente, y se estaría aplicando al menos para el caso de los denominados “objetivos
de alto valor”, lo que propicia que personas puestas “hors de combat”, cuyo estatus de
protección los asimila a civiles en condición de personas protegidas, estarían siendo ejecutados, para lo cual se hace pasar a los ejecutados como si hubieran muerto en combate,
manipulando la escena del crimen y orquestando versiones para justificar su muerte como
compatible con la aplicación de las normas del DIH. La Doctrina sobre el Derecho Internacional Humanitario que ha venido siendo divulgada desde el Ministerio de Defensa y prioriza el uso de la máxima fuerza letal como
prioridad de los procedimientos en contra de todos los integrantes de organizaciones criminales, a quienes define como sujetos de aplicación del DIH, puede llevar al peligro de
justificar muertes de civiles como daños incidentales, o de personas puestas previamente
fuera de combate, como si fueran muertes acordes con las reglas del ius in bello. Un caso
reciente de las posibles consecuencias que estaría teniendo esta doctrina se muestra en el
siguiente recuadro. CASO JOSÉ AMIN HERNANDEZ MANRIQUE. El 14 de junio de 2015 fue muerto José
Amín Hernández, guerrillero del ELN por tropas combinadas de la II División del Ejército y la
Policía en la vereda El Carmen, en Segovia (Antioquia). Según el general Jorge Eduardo Jerez,
comandante de la Segunda División que dirigió la operación, los rebeldes “Se habían reunido
para ver el partido de fútbol y gracias a la inteligencia técnica de la Policía y el Ejército llegamos
hasta el sitio donde se encontraban. Fue una operación ‘quirúrgica’ porque íbamos por ‘Marquitos’ y cuando entramos al área él murió”. Sin embargo, testigos de los hechos narraron que el
occiso recibió primero un tiro de larga distancia en una pierna cuando se encontraba en la puerta
de la casa de un civil cargando un niño, por lo cual ingresó a la vivienda a donde llegaron las
tropas a rematarlo en presencia de otros menores de edad. Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos En otro caso en Remedios (Antioquia) en enero de 2015 el Ejército reportó la muerte
en combate de Mario Mora Rolón, al parecer guerrillero de las FARC. Sin embargo testigos de los hechos relatan que no habría habido combate, sino que el occiso había sido
herido en una pierna, con tiros de larga distancia, pero fue luego rematado en presencia
de niños y ancianos, de habitantes de la vivienda cercana y vecinos del sector. 43 Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento 46 Ministerio de Defensa. Directiva Permanente Nro. 0015 del 22 de abril de 2016, ojo FALTA TEXTO ?? 44 Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos Conclusion...
situación de derechos humanos, y especialmente en los casos de ejecuciones extrajudiciales de responsabilidad de la fuerza pública. De acuerdo a datos del CERAC durante este
año, se vivió una situación de desescalamiento del conflicto armado muy cercana a una
situación práctica de armisticio, en la cual, a partir del alto al fuego de las FARC-EP se
redujeron sus acciones ofensivas en 97% y se redujo en 73% en combates entre guerrilla
y las Fuerzas Armadas; de 92% en casos de civiles muertos producto de acciones militares
y del 79% en el número de combatientes muertos. Es decir, el 2015 fue un año de transición hacia una situación de finalización del conflicto armado, en el cual la práctica cesación de la crudeza del conflicto armado permitió
observar hasta que punto las distintas modalidades de ejecuciones extrajudiciales estaban
conectadas o no con la situación de conflicto armado. Por ello resulta preocupante, que