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dotación. 10. Debe hacerse utilización de medios tecnológicos modernos para control mediante cámaras de video y grabación, bajo control de las autoridades civiles y el Ministerio
Público, de todas las actuación que se lleve a cabo en estaciones de policía y centros
de detención transitoria utilizados por integrantes de la Fuerza Pública. 11. Debe concertarse la formulación de un Protocolo Nacional Unificado para la intervención estatal frente a la Protesta Social a nivel nacional, que limite la discrecionalidad
de las autoridades locales y que contemple mecanismos efectivos de verificación social, prohibición del uso de armas de fuego en control de la protesta social y revisión
de las disposiciones sobre uso de armas de “letalidad reducida”, que están entre las
que mas muertes causan en contextos de protesta. 12. Revisar la figura del “traslado por protección” contenida en el nuevo Código de Policía. Reducción de los tiempos de traslado y de retención en los centros de detención
transitoria, UPJ y Unidades de Reacción Inmediata. 13. Demandar de la Mesa de Diálogos entre el Estado y la Insurgencia la habilitación de
mecanismos estables de verificación de las graves violaciones de derechos humanos
para el posconflicto, incluidos las ejecuciones sumarias, que se presentan tanto en el
proceso de implementación de los acuerdos como por fuera de situaciones relacionados con el contexto de conflicto armado. A mediados de julio de 2015 el Consejo de Estado hizo explícita su preocupación por
la ocurrencia masiva de casos de ejecuciones extrajudiciales en el país, señalando que “es
preocupante el número de casos en los cuales miembros de la Fuerza Pública encubren,
bajo la apariencia de muertos en combate, los homicidios que se presentan bajo diversas
circunstancias”. En este sentido, en el fallo sobre los campesinos ejecutados por el Ejército en la masacre de Cajamarca (Tolima) el Consejo de Estado condenó al Ministerio de
Defensa al pago de una cuantiosa indemnización, ya que este tipo de hechos perpetrados
por la Fuerza Pública “demuestran que existe una falla sistemática que ha permitido graves violaciones a los derechos humanos”, y en ese sentido le dio un plazo de dos meses al
Ministerio de Defensa y las Brigadas y Batallones de todo el país “con el fin que se diseñe
un plan integral de inteligencia dirigido a lograr un control estructural efectivo para evitar
que se presenten los casos de ejecuciones extrajudiciales”. El diagnóstico contenido en este informe y las recomendaciones propuestas buscan
aportar en la concreción de este plan, el cual es mucho más imprescindible en la medida
en que la superación del conflicto armado que ha padecido el país durante los últimos
60 años y la consolidación de una sociedad en paz demanda urgentemente que se lleven
a cabo reformas y medidas de no repetición basadas en una transformación de las doctrinas, la estructura institucional y la dinámica operacional de todos los integrantes de la
Fuerza Pública. La consolidación de un país en paz demanda que las actuaciones de las fuerzas de
seguridad se sujeten de manera estricta al respeto y garantía de los derechos humanos
de todas las personas, sin discriminación alguna. La paz sostenible será una paz donde 49 Ejecuciones extrajudiciales en Colombia en 2015: Continuidad y encubrimiento los jóvenes de los sectores marginados social y económicamente puedan vivir sin temor a
perder la vida por causa de los abusos policiales y los habitantes de las zonas que soportan
conflictos territoriales, étnicos o sociales tengan la certeza de que las armas oficiales no
representan un riesgo cotidiano para sus vidas. La paz que esperan los colombianos es
una paz donde los centros de detención y las estaciones de policía no signifiquen un riesgo
para la vida de las mujeres, los miembros de las comunidades LGBTI y los jóvenes de los
estratos empobrecidos. No habrá paz sostenible en Colombia mientras los defensores de derechos humanos
y los líderes sociales sigan siendo asesinados por las estructuras sobrevivientes del paramilitarismo, por “autores desconocidos” o indeterminados, o peor aún, por modalidades
de criminalidad estatal que buscan encubrir o desviar la responsabilidad o autoría de sus
perpetradores. Para que la paz sea sostenible y creíble deben ponerse fin a la práctica de
enfrentar la protesta social con las armas incluidas las equívocamente denominadas de
“letalidad reducida” mediante la cual se mata frecuentemente a los manifestantes disparando a su rostro granadas lacrimógenas o aturdidoras o se mutilan ojos o extremidades
con perdigones. Esperamos que lasas reformas o medidas propuestas contribuya a la urgente discusión nacional sobre la urgencia de adoptar transformaciones estructurales que ofrezcan
garantías de no repetición de los falsos positivos, y las demás ejecuciones extrajudiciales,
tanto las cometidas en el contexto del conflicto armado como por fuera de él, las cuales
de manera preocupante se ha ido convirtiendo en una práctica extendida. Todas estas
modalidades son deben tener la misma consideración tanto en su prevención como en su
investigación y castigo. Las garantías para el ejercicio de la democracia y para una convivencia justa en el pos
conflicto demandan una paz sin falsos positivos y sin ejecuciones extrajudiciales.
El policía pone la mano con fuerza sobre el cuello del detenido. Lo pone
contra la pared y lo levanta del suelo. Le dice: “Cállese maricón, cállese que
aquí no vale nada”. Esta violencia contenida en la palabra y en el acto nos
interroga: ¿cómo es posible que busquemos la igualdad ante la ley si en las
calles somos violentados por sus mismos defensores? ¿No es la violencia
relatada en estas páginas la derrota de los derechos? Leer este informe me
recordó un poema de Wisława Szymborska: “Ved cuán activo está
y qué bien se conserva
el odio en nuestro siglo.
Con qué ligereza salva obstáculos,
y qué fácil le resulta saltar sobre su presa”. Es cierto que el odio y la violencia no desaparecen de ninguna sociedad,
que están en lo más profundo de la condición humana. Pero la tragedia
colombiana es que el prejuicio y el estigma adquieren fácilmente la forma
de la muerte, el golpe, la amenaza y el insulto.
El corazón de Colombia Diversa tiene un ventrículo derecho que trabaja
por el cambio legal y un ventrículo izquierdo que trabaja contra la violencia.
Por eso este informe es tan importante para nuestra lucha como nuestros
casos ante la Corte Constitucional. Seríamos unos cínicos si trabajáramos
solo por la igualdad formal cuando tenemos en frente la violencia material.
No somos ingenuos: la fantasía de la ley pierde su magia con el odio
cotidiano. El texto que tienen frente a sus ojos es frío y triste pero
necesario. Es una narrativa del fracaso que corre paralelamente a una
historia de triunfos. Colombia es cada vez más diversa y respetuosa, pero sigue siendo violenta y excluyente. Por eso el título de este informe recoge
todas nuestras esperanzas políticas: Cuando la guerra se va, la vida toma su
lugar. Al policía que nos grita “cállese maricón” mientras nos asfixia, vale
la pena contestarle con un verso de Walt Whitman: “Y en cuanto a ti, muerte, y a ti, amargo abrazo
mortal … es inútil que trates de asustarme”. No me queda más que agradecer la devoción con que Gustavo Pérez,
Alejandro Lanz y Viviana Bohórquez hicieron este informe. Lograron
mostrarnos aquello que los victimarios querían ocultar y dignificaron
a quienes nos hablan en estas páginas desde lo más profundo de su
humanidad. Mauricio Albarracín Caballero Director Ejecutivo
Colombia Diversa
Carolina es una mujer trans trabajadora sexual que ha sido agredida de
forma física y verbal desde el año 2012 y hasta la actualidad por algunos
agentes de Policía en Bogotá. Dos agentes de esta institución le rociaron el
cuerpo con una sustancia desconocida, probablemente un gas pimienta,
que le quemó los senos, el abdomen y parte del brazo. Además, ha sido
conducida ocho veces al CAI sin justa causa. Los agentes que cometieron
estos crímenes no han recibido una sanción penal ni administrativa que sea
proporcional a la agresión. Carolina, al igual que muchas mujeres trans en
Colombia, ha sido perseguida sistemáticamente por la Policía y violentada
por los estereotipos asociados a su expresión e identidad de género.
El caso de Carolina no es un hecho aislado. Por el contrario la violencia
hacia lesbianas, gay, bisexuales y travestis, transexuales y transgénero (en
adelante personas trans) es una manifestación de la discriminación y el
prejuicio por orientación sexual e identidad de género, que es ejercida
tanto por particulares como por agentes del Estado. Sin embargo, las
prácticas de violencia no son sancionadas por problemas estructurales en
la atención de las víctimas y sobrevivientes, en especial en relación con el
acceso a la administración de justicia, las cuales reseñamos y analizamos
en el presente informe.
Colombia Diversa ha identificado las tres prácticas más frecuentes de
violaciones de derechos humanos hacia las personas LGBT, y que en la
mayoría de los casos existen factores de discriminación y prejuicios que
funcionan como una suerte de detonantes de la violencia. De ahí que, por
una parte, este informe recoja tres puntos fundamentales: en primer lugar,