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involucrados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto,
señalando: “ En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los
esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones,
sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su
caso sancionar a los perpetradores inmediatos [...] De tal forma, la determinación sobre los
perpetradores de la ejecución extrajudicial [...] sólo puede resultar efectiva si se realiza a
partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el
contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación [...] Como
parte de la obligación de investigar ejecuciones extrajudiciales [...] las autoridades estatales
deben determinar procesalmente los patrones de actuación conjunta y todas las personas que de
diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades.
No basta el conocimiento de la escena y circunstancias materiales del crimen, sino que resulta
imprescindible analizar el conocimiento de las estructuras de poder que lo permitieron,
diseñaron y ejecutaron intelectual y materialmente, así como de las personas o grupos que
estaban interesados o se beneficiarían del crimen (beneficiarios). Esto puede permitir, a su vez,
la generación de hipótesis y líneas de investigación; el análisis de documentos clasificados o
reservados, y un análisis de la escena del crimen, testigos, y demás elementos probatorios, pero
sin confiar totalmente en la eficacia de mecanismos técnicos como éstos para desarticular la
complejidad del crimen, en tanto los mismos pueden resultar insuficientes. En consecuencia,
no se trata sólo del análisis de un crimen de manera aislada, sino inserto en un contexto que
proporcione los elementos necesarios para comprender su estructura de operación.”
En relación con el carácter de las investigaciones y apartándonos levemente del tema de
investigación por patrones, quisiéramos
aprovechar para hacer
algunas observaciones
adicionales que surgen de nuestra investigación sobre la administración de justicia en casos de falsos positivos. Observamos en general que entre los delitos graves, en los casos de falsos positivos se imputa
el homicidio (sea agravado, sea en persona protegida). Sin embargo, no siempre se acusa
por desaparición forzada de las víctimas, en los casos en los que se tendría por configurado tal
delito dadas las circunstancias del caso. Son aún más raros y casi inexistentes los procesos en
los que se investiga la tortura, la violencia sexual o la detención arbitraria, a pesar de que luego,
en el curso de la investigación, aparecen indicios de que esos crímenes pudieron haber sido
cometidos. Esto se dificulta porque las primeras diligencias investigativas usualmente no son
de carácter completo y suelen presentar serias deficiencias.
Impunidad de Altos Mandos Militares La circunstancia analizada en el sub-apartado anterior conduce inevitablemente a la ausencia de
judicialización de los máximos responsables por las ejecuciones extrajudiciales. Los hechos son
investigados de manera individual, bajo la idea de que constituyen acciones aisladas, que no
comprometen la responsabilidad de la cúpula militar. Como se señaló, aunque se llevan a cabo
investigaciones penales por casos de ejecuciones extrajudiciales en todo el país, en la mayoría
de ellas las personas vinculadas son soldados de menor graduación y muy excepcionalmente se
han vinculado a las investigaciones militares de medio rango. En febrero de 2012, la Unidad de
Derechos Humanos de la Fiscalía informó que la misma adelante investigaciones por homicidios
atribuidos a agentes del Estado, contra 2624 soldados, 629 suboficiales y 427 oficiales. Para
esta investigación, también tuvimos a la vista el listado de casos adelantados por la Unidad de
Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, pudiendo comprobar que la gran mayoría
de las investigaciones son dirigidas contra soldados, habiéndose adelantado algunas de manera
excepcional contra cabos y sargentos (estos últimos se encuentran en la categoría de suboficiales).
Son aún más excepcionales las investigaciones por estos hechos contra subtenientes, tenientes,
capitanes y mayores, solo hay una contra un coronel y no hay ninguna contra generales de la que
hayamos sido informados. Ello a pesar de que los mismos cuadros indican que los miembros del
Ejército investigados o inculpados pertenecían en muchísimos de los casos a la misma brigada,
división o se encontraban adscriptas al mismo batallón.
Como señalamos más arriba, la misma distribución geográfica de las ejecuciones permite
determinar unidades militares involucradas en los hechos. Las Brigadas Cuarta (perteneciente
a la Séptima División), Segunda (perteneciente a la Primera División) y Vigésima Novena
(perteneciente a la Tercera División), del Ejército Nacional, concentraron casi el 40% del total
de las ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. No obstante, los comandantes de esas
divisiones no han sido enjuiciados ni llamados a rendir cuentas por el altísimo número de casos
de reportados en su jurisdicción. Por el contrario, muchos de ellos han recibido condecoraciones
y promociones por los supuestos logros operacionales de sus unidades militares.
Nos referimos más arriba a los Generales del Ejército Mario Montoya y Oscar González Peña,
que estuvieron al frente de unidades responsables de una alto número de casos de falsos positivos.
Reiteramos aquí lo allí expuesto. El General Montoya no sólo no fue investigado por esos hechos,
sino que fue nombrado Comandante de las Fuerzas Militares en 2006. El mismo otorgó en 2005
un reconocimiento a su sucesor en la IV Brigada, Comandante González Peña, como “el mejor
comandante del país durante su mandato como comandante de la cuarta Brigada, porque su unidad
fue la que reportó el mayor número de muertos: 857”. Los logros del General González Peña le
valieron su ascenso en 2008 como Comandante General del Ejército, una vez más en reemplazo
del General Montoya, cargo en el que se desempeñó hasta 2010.
Con ocasión del ascenso del General González Peña como Comandante General del Ejército en
2008, el Secretario de Gobierno de Antioquia Jorge Mejía, denunció esta situación, haciendo
un llamado para que el General colaborara con la justicia “para esclarecer por lo menos mil
casos de muertes de civiles en todo el país, 248 de las cuales fueron denunciadas en Antioquia
entre el 15 de diciembre de 2003 y el 16 de julio de 2005, cuando él estaba al frente de la IV
Brigada, y entre el 16 de agosto de 2005 y el 17 de octubre de 2006, cuando comandaba la VII
división del Ejército [...] en ese momento expusimos nuestra preocupación por la exagerada de 2012, en posesión de la FIDH.
En cuanto al General Montoya, él dimitió tras el escándalo desencadenado por el caso de los once
jóvenes de Soacha, sin que se abriera una investigación formal en su contra. Por el contrario,
fue nombrado en 2009 como embajador de Colombia ante la República Dominicana.
A raíz de la notoriedad pública que adquirieron las ejecuciones extrajudiciales por miembros del
Ejército a partir de 2008, se generó una fuerte presión de parte de la opinión pública nacional
e internacional, el Ministro de Defensa creó en octubre de 2008, una comisión transitoria para
que llevara a cabo una investigación interna, con el fin de esclarecer lo que ocurría dentro
de las guarniciones militares. La finalidad de dicha comisión no era la investigación penal
o producción de indicios sobre la posible responsabilidad penal o eventual identificación de
responsables. Por el contrario, esta comisión fue encargada de realizar una investigación de
carácter administrativo en relación con las denuncias de desapariciones forzadas y homicidios
a manos de miembros de la Fuerza Pública, en las jurisdicciones de la Segunda y Séptima
División del Ejército (a las cuales pertenecían las unidades militares involucradas en las
ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia, Sucre y Santander, entre ellas las de los
jóvenes de Soacha y Toluviejo que eran los hechos que habían adquirido mayor notoriedad
pública). Como parte de su mandato, la Comisión debía incluir en su informe “el análisis de
la inteligencia, del planteamiento, la ejecución y la evaluación de las operaciones y misiones
militares sobre las que recaen las denuncias, así como el análisis de los niveles y secuencia de
la cadena de mando que intervino en las operaciones y misiones”.
El informe que produjo dicha Comisión dejó en claro la existencia de serias deficiencias en el
manejo de la información de inteligencia, en la justificación de los gastos realizados a partir
del fondo de gastos reservados y en el planeamiento de los operativos. Así, la Comisión
pudo establecer muchas irregularidades que habían facilitado sin duda la perpetración de las
ejecuciones. Entre los hallazgos de la comisión, se detectaron irregularidades relacionadas con
las estructura del mando militar, con respecto a las fuentes de información, con relación a