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los sistemas de evaluación de los procedimientos militares y con relación al uso de fondos
reservados. Entre esos hallazgos, se destacan:
La información que sustentó los operativos que dieron origen a los supuestos combates
eran dudosas, nunca se trató de información precisa sobre un objetivo militar legítimo; nunca
fue corroborada por las unidades de inteligencia militar. En algunas ocasiones las unidades
militares que cometieron la ejecuciones extrajudiciales dieron información de combates en
zonas de poca influencia de grupos armados; en otras ocasiones las unidades militares actuaron
de manera temeraria, pues en la información que presentaron para justificar la acción militar el
presunto enemigo tenía una elevada capacidad de respuesta militar, pero aun así lograron las
supuestas bajas en combate.
Se corroboró que no existían registros de las fuentes de información, de los beneficiarios
de las recompensas, de las ordenes de misión y de existir estas eran ilegibles, no se pudo
corroborar su identidad o fueron establecidas ex post facto.
Por ejemplo, en la inspección realizada al Batallón Bomboná perteneciente a la Séptima División, el informe señala distintas irregularidades en el manejo de información
de inteligencia: “No se encontraron los registros de cotejo de la información con inteligencia
técnica y humana […] al solicitar los documentos existentes del archivo de fuentes y agencias, la
respuesta fue que estos no existen, nunca se han llevado a cabo, por tal motivo no se cuenta con
las hojas de vida reales y ficticias de las fuentes, no hay registro del documento de asignación
de códigos a los informantes, tampoco hay carpetas en donde se pueda tener un seguimiento
de la producción de la información suministrada, ni tampoco de origen de la misma […] las
informaciones son consignadas en una agenda personal del oficial mediante el uso de algunas
claves sin plasmar la procedencia de las mismas, motivo por el cual no se puede tener control
claro de las informaciones y esa es la información que se utiliza para el planeamiento de las
operaciones”.
En relación con el uso del fondo de gastos reservados: “[e]l pago de la información
se efectúa por
informaciones generalizadas y no por objetivos concretos en el área de
responsabilidad de la unidad. Los documentos de legalización del los pagos que reposan en
la seccional de Batallón no cumplen con los requisitos, en muchos de ellos las huellas son
ilegibles, y no existen copias de las cédulas que respaldan el pago”.
Como consecuencia del informe fueron destituidos 27 militares, entre ellos tres Generales
de la República, por las irregularidades conocidas después de que se reveló el escándalo de
Soacha. Fue precisamente tras tal destitución que el entonces Comandante del Ejército,
General Mario Montoya renunció a su cargo. Sin embargo y a pesar de los fuertes indicios que
arrojó el informe de la comisión, los cuales apuntaban a fallas estructurales graves que habían
dado lugar a la perpetración de graves delitos, ni los 27 militares destituidos ni el General
Mario Montoya,máximo comandante de las fuerzas militares durante el período en el que se
presentaron la mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país, fueron vinculados
a ninguna investigación penal por su presunta responsabilidad en los hechos.
De todo lo expuesto puede concluirse que no existen investigaciones penales efectivas iniciadas
contra los altos mandos militares, máximos responsables por los crímenes de lesa humanidad
cometidos en Colombia. La propia CPI ha afirmado que la mera ausencia de dichos procesos
es condición suficiente de admisibilidad, con la cual no es necesario indagar en conceptos tales
como voluntad o capacidad. Sin embargo, más allá de la ausencia de procesos efectivos,
existen otros indicios que despiertan en la FIDH serias dudas sobre la voluntad del Gobierno
colombiano de garantizar justicia y contribuir a que se procesen a los más altos responsables
de las ejecuciones extrajudiciales. Cabe recordar a modo de ejemplo las declaraciones que
en octubre de 2011 realizó el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, en las que
promocionaba la amnistía de los altos mandos militares.
Además, como veremos a continuación, el Estado lejos de contribuir a la justicia, facilita la
perpetuación de la impunidad de los altos mandos militares con reformas legales como la del
fuero penal militar o la recientemente adoptada reforma del marco jurídico para la paz, las
cuales se explican en el siguiente apartado.
Ausencia de Independencia: el Tema del Fuero Penal Militar Una problemática importante que se ha presentado es la asunción de investigaciones por la
justicia penal militarYa en el año 2005, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos denunciaba: “El levantamiento de cadáveres por parte de miembros del Ejército
contribuyó a aumentar el número de esos casos investigados por la justicia penal militar.
La jurisdicción militar intentó casi sistemáticamente asumir esas investigaciones. En varias
ocasiones la Fiscalía remitió los casos a la justicia penal militar o se abstuvo de reclamar la
competencia”. La manera en que se llevan a cabo las ejecuciones extrajudiciales, determina que los casos
sean asumidos desde el primer momento por la justicia penal militar. El modus operandi que
relatamos más arriba sobre el modo en que se realiza el montaje o legalización de la baja (según
la jerga utilizada por los mismos militares) está dirigido a encubrir el acto, destruir las pruebas,
fabricar pruebas falsas, todo lo cual en definitiva busca obstruir u obstaculizar una investigación
imparcial. Esto se ve agravado por el hecho de que son los mismos autores y cómplices quienes
se presentan como únicos testigos o testigos principales, lo cual es parte del diseño criminal
pues son ellos mismo quienes trasladan a las víctimas a una localidad lejana para ejecutarlos.
También son ellos quienes recaban las primeras pruebas de la escena del crimen (fotografían
a la víctima vestida de combatiente, recaban el armamento, etc), eliminan documentación (tal
como documentos de identidad que permitan identificar a la víctima, que es enterrada como
NN) y advierten ellos mismos a la unidad militar respectiva de la baja. Así el hecho se presenta
como un episodio en el marco de las funciones habituales de los miembros de las fuerzas de
seguridad y por lo tanto, la investigación es asumida en un principio por la justicia penal militar.
En general, la versión de los autores de que se trataba de un “combatiente” no es en principio
objeto de cuestionamiento.
Un informe del Observatorio de la CCEEU plantea: “Dejar las investigaciones relacionadas
con ejecuciones extrajudiciales en la jurisdicción penal militar forma parte de una estrategia
deliberada para mantener en la impunidad los crímenes cometidos por la Fuerza Pública. Luego
de cada ejecución, el Ejército elabora un informe de operaciones en el cual las víctimas son
reportadas como muertas en combate. Ese informe se respalda con una orden de operaciones
emitida por el comandante del batallón o por el comando [...] con jurisdicción en [los] municipios.
Este procedimiento permite desviar las investigaciones y propicia que los casos sean asumidos
por la jurisdicción penal militar”. El mismo informe observa: “En algunos casos es la justicia
ordinaria, a través de la Fiscalía General de la Nación, la que no obstante mediar denuncia
de los familiares de la víctima sobre la ocurrencia de los hechos, remite la investigación a la
jurisdicción penal militar sin provocar conflicto positivo de competencia y sin agotar la etapa
probatoria”.
Por razones evidentes e incontestables, la justicia penal militar no es el ámbito adecuado
para hacer justicia en este tipo de investigaciones. No solo no está revestida de la necesaria
independencia e imparcialidad. Su función es el juzgamiento de faltas a las leyes militares y no
de violaciones graves de derechos humanos y de DIH.
El fenómeno de asunción errónea de la investigación militar fue advertido por el Relator
Especial sobre ejecuciones Extrajudiciales en su informe de 2010, en el que recomendó al
Estado Colombiano: “En todos los casos de presuntos homicidios cometidos por las fuerzas de
seguridad, el sistema de justicia penal civil debe tener jurisdicción. Dentro de un plazo de dos
meses a partir de la fecha de publicación del presente informe, el jefe del sistema de justicia debería realizar una auditoría de todas las causas relacionadas con presuntas ejecuciones
extrajudiciales que aún estén pendientes en los tribunales militares y velar por que se remitan
al sistema civil a la brevedad. Deberían tomarse medidas disciplinarias contra los jueces que no
den curso a la debida remisión de dichas causas”.
El tema ha sido tratado de manera extensa por los órganos regionales de protección de derechos
humanos. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “[e]n un