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cuanto en este contexto de conflicto armado las particularidades
de estos grupos sociales no suelen verse como diferencias valiosas
en medio de una sociedad rica y diversa, sino que, frecuentemente, se les adjudican connotaciones segregadoras, antidemocráticas
y legitimadoras de acciones individuales y colectivas orientadas a
descalificarlas, negarlas o destruirlas cuando estas significan un
obstáculo para el desarrollo de valores “superiores”. De esta forma, por medio de esta negación se busca instrumentalizar el campo y a sus pobladores, con lo cual se obstaculiza la posibilidad de
proyectos de vida autónomos y dignos.
Un ejemplo de esto es el proceso de regionalización ideológica que durante décadas se ha forjado en muchas zonas rurales
del país: “pueblos de guerrilla” o “pueblos de paras” han sido las
clasificaciones genéricas que, por demás, se esgrimen como argumentos legitimadores de los actores armados legales e ilegales
para cometer violaciones a los derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario. En el mismo sentido, la identificación de la población como proclive a un discurso de izquierda de oposición política no se hace desde la óptica del derecho a
la libertad de conciencia y expresión, sino desde la relación entre
ideología y violencia que ha marcado el territorio.
La estigmatización de cientos de habitantes rurales bajo los
prejuicios y estereotipos construidos sobre ellos (“guerrilleros”,
“milicianos”, “paracos”, “sapos”, “milicos”) los degradan de su condición humana. Sobre esa racionalización, los estigmatizados no
son del todo humanos, no pueden entrar en una relación entre
iguales con los no estigmatizados, y por lo tanto se justifica una lógica de exclusión, la cual se puede transformar en el despliegue de
violencia sobre los estigmatizados: una especie de “castigo ejemplarizante” que, al tiempo que impone cambios abruptos frente a
“disidencias peligrosas”, moviliza intereses económicos y políticos.
La estigmatización constituye en sí una forma de violencia, una
expresión de la dominación y la coerción, de las relaciones de poder económico y político (Fernández, 2005). En el conflicto armado, la estigmatización es un recurso de poder de los actores legales
e ilegales para disponer del territorio e imponer un orden social
de acuerdo con sus intereses particulares. Al señalamiento de una
comunidad como colaboradora o cómplice de los grupos armados,
atrasada, subdesarrollada, improductiva o ideológicamente adversa
a los patrones de dominación política, le siguen órdenes o hechos
victimizantes para abandonar el territorio o se le obliga a sujetarse
a nuevos órdenes sociales, económicos, políticos y culturales.
De esta manera, se propone que la estigmatización puede acompañar en muchos casos el vaciamiento y el arrasamiento que a su
vez se convierte en vehículo de múltiples intereses que se plasman
en cambios sobre el territorio.
Procesos de colonización y semillas del
arrasamiento (1948-1984) 1.1. El Castillo y el Alto Ariari La región que delimita el río Ariari, en el departamento del
Meta, se encuentra dividida en tres subregiones que siguen la
cuenca del río en sentido norte-sur, desde las estribaciones de la
cordillera Oriental en el páramo de Sumapaz, hasta su desembocadura en el río Guaviare. El territorio de la primera de estas subregiones, el Alto Ariari, está compuesto por los municipios de
El Castillo, El Dorado y Lejanías. Tiene un carácter estratégico
debido a su ubicación de piedemonte, entre las estribaciones de
la cordillera Oriental y el macizo guyanés del que hace parte la
serranía de La Macarena.
La gran cantidad de ríos, caños y quebradas que descienden desde el páramo de Sumapaz, dentro de los que se destacan los ríos
Guape y La Cal, los caños Yamanes, Uruimes, Embarrado, Dulce
y Cumaral, y las quebradas La Cristalina y Sardinata, forman una
zona interfluvial, en la que se ubica el municipio de El Castillo y le
dan a esta tierra una extraordinaria fertilidad que ayudó, en buena
medida, a crear la idea de que es en esta región en donde el Llano
adquiere el título de “despensa agrícola del país”.
Dentro de esta subregión del Alto Ariari, El Castillo ocupa una
extensión aproximada de 693 km2, de los cuales 692 km2 corresponden a su área rural (Alcaldía de El Castillo, 2013). Se encuentra localizado entre los municipios de El Dorado y Cubarral al
norte y Lejanías al occidente. Su altura sobre el nivel del mar oscila entre los 350 msnm y los 2000 msnm.
Todo el municipio se encuentra dentro del área de manejo
especial de La Macarena (AMEM) y, de acuerdo con su zonificación, 12 por ciento de este se encuentra dentro de la zona de
preservación vertiente oriental, 67 por ciento de su extensión se
encuentra dentro de la zona de producción Ariari-Guayabero y
20 por ciento (que corresponde a 11 451 ha) se encuentra dentro
del Parque Nacional Natural Sumapaz.
De acuerdo con las proyecciones del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), la población del municipio para
2013 era de 6468 habitantes, de los cuales se encontraban en el sector
urbano 2013 personas y 4455 en el sector rural. Es importante notar
que, de acuerdo con los censos de población, el municipio perdió
casi la mitad de su población entre 1985 y 2005, como lo demuestra
el hecho que en la primera de estas fechas el censo arrojó que la población total del municipio era de 12 629 personas, mientras que en
la segunda fueron censados solo 6875 hab. La pérdida de población
ocurrió preponderantemente en la zona rural del municipio donde
la población pasó de 10 662 hab en 1985 a 5042 hab en 2005.
Según la misma institución, 35 por ciento de la población urbana presenta necesidades básicas insatisfechas (NBI), mientras que
en el sector rural la cifra es de 44 por ciento.
El municipio cuenta con la cabecera municipal y cuatro centros
poblados (Medellín del Ariari, Puerto Esperanza, Puerto Unión y
Miravalles) alrededor de los cuales se organizan 43 veredas.
El núcleo urbano, ubicado en la vereda El Centro, ejerce una mayor influencia sobre las veredas de Caño Brasil, El Reflejo, Alta Cal,
La Argelia, La Gloria, Unión de la Cal, El Delirio, Benjamín Herrera,
San Antonio, Santa Cruz, El Cable y Carmen Uno. Estas veredas son
reconocidas por los habitantes como la “parte baja” del municipio.
Por su parte, el centro poblado de Medellín del Ariari, junto
con los centros poblados de Miravalles, Puerto Esperanza y Puerto
Unión, ejercen una mayor influencia sobre treinta veredas que los
habitantes reconocen generalmente como la “parte alta” del municipio.
Esta diferenciación entre la “parte alta” y la “parte baja” del
municipio surgió de una especial dinámica de poblamiento que,
al igual que ocurrió en el resto del departamento del Meta, se creó
a partir de unos patrones sociopolíticos de colonización o una distribución espacial partidaria basada en una filiación a los partidos
Liberal, Conservador o Comunista (Uribe y Vásquez, 1995).
Teniendo en cuenta que, a partir de la década de 1980 ese patrón sociopolítico campesino-partido-territorio se convirtió en el
telón de fondo sobre el cual se proyectaron diferentes ciclos de
violencia que terminaron por desestructurar las relaciones sociales,
económicas, sociales, políticas, económicas, familiares, ambientales y culturales construidas durante la colonización en el territorio,
es de gran importancia estudiar a fondo la forma cómo se dio el
poblamiento y cómo ocurrió la construcción social del territorio. 1.2. Poblamiento previo a la Violencia: concesiones de
baldíos y apertura de vías de comunicación Durante el periodo histórico de la Conquista y la Colonia, lo
accidentado del terreno y la gran cantidad de ríos hicieron difícil el dominio económico y político de la cuenca alta del Ariari.
Sin embargo, durante la Colonia el control del territorio de la
cuenca media y baja del río Ariari quedó en manos de las encomiendas que se encargaron de someter tempranamente a los
pueblos originarios arawak, huitoto y piapoco, articulados a la
nación achagua, sáliva y a otros pueblos caribes, como los guahibos o los guayupe.
Durante la República, el control territorial del Estado sobre esta
porción del país fue bajo y su administración se trasladó varias veces
entre provincias. Diferentes políticas le otorgaron a esta zona del