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coronel comenzó a introducir la distinción entre “población
hostil” y “población simpatizante” (del Gobierno, del Ejército),
estableciendo que “es la actitud que asuma la población la que
determina el trato que le corresponde por parte de las autoridades”. También manifestó como indicación “la eliminación de
cabecillas”, para lo cual “deben emplearse todos los medios posibles” (Cubides, 2005).
En este mismo Batallón se entrenó una fuerza antiguerrillera
compuesta por civiles y militares, que debía proceder “a la limpieza de los sectores urbanos”. De esta forma, el Ejército fue abandonando los procedimientos del combate regular y se fue orientando
hacia una táctica antiguerrilla, dentro de una estrategia “a todas
luces paramilitar” (Colombia Nunca Más, 2011).
Mientras esto ocurría en los Llanos Orientales, los comités o grupos de autodefensa se fortalecieron en el Tolima, el Sumapaz y la región del Tequendama como consecuencia del acoso al que siguió
siendo sometido el PCC tanto en las ciudades como en el campo.
En este contexto de guerra fría, la ocupación de sus sedes, el encarcelamiento injustificado de su dirigencia, la prohibición de circulación de su órgano oficial de comunicación, la persecución de
sus militantes, entre otras razones, llevaron a que el PCC exhortara a sus militantes a defenderse para contener el terror oficial.
En agosto de 1950, tomó posesión como presidente de la República Laureano Gómez, cuyo Gobierno se inició dentro del periodo de mayor crisis institucional que haya vivido el país en toda
su historia, con el estado de sitio convertido casi en permanente.
Gómez se había destacado en la política como diputado de varias
asambleas departamentales y como senador de la República, tras
lo cual se convirtió en el máximo jefe del Partido Conservador en
1934. Desde el momento en que asumió la dirección del Partido lo
hizo con un tono reaccionario, poniendo de presente la necesidad
de luchar en contra del liberalismo y los movimientos de izquierda
que lo apoyaron en las elecciones de 1930. Desde entonces, anticipó su determinación de acabar con el comunismo.
Desde que asumió la Presidencia, Gómez tuvo una actitud conciliatoria hacia Estados Unidos y, para probar su buena voluntad,
envió tropas colombianas a luchar a la guerra de Corea. Muchos
de los más de mil oficiales enviados a la guerra exterior eran de
una filiación partidista diferente de la del Gobierno, y aunque
algunos partieron a la guerra por decisión propia, otros fueron
embarcados por el Gobierno que prefirió alejarlos del país en forma previsiva. En cualquier caso, el envío de las tropas sirvió para
mostrar la nueva posición de Gómez hacia los Estados Unidos y le
sirvió de importante factor de negociación para adquirir armas.
Adicionalmente, la participación en la guerra de Corea marcó un hito en la historia del ejército colombiano en cuanto allí
se fogueó y capacitó técnicamente y también tomó conceptos propios
de un enfrentamiento real entre dos sistemas, que luego fueron puestos en práctica en el país a través de doctrinas como la de seguridad nacional y conceptos como el del enemigo interior (Tirado Mejía, 1989). Uno de los propósitos del gobierno de Gómez fue la sustitución
de la Carta Política de 1886 por un nuevo estatuto. En 1952 (estando ya encargado de la Presidencia Roberto Urdaneta), el Congreso aprobó el proyecto de acto legislativo por medio del cual
se convocó una Asamblea Nacional Constituyente. En el texto del
proyecto de cambios constitucionales propuesto por el Gobierno a
esta Asamblea, se consagró, en la parte introductoria, lo siguiente:
“Las instituciones de la República se apartan definitivamente de la
influencia perniciosa de las ideas rousseaunianas y marxistas y se
inspiran por entero en las evangélicas y bolivarianas, a fin de realizar la democracia cristiana”. Bajo la influencia de esta doctrina
fueron exacerbadas la polarización política y el antagonismo ideológico, que se concretaron en una represión generalizada contra
miembros y simpatizantes del Partido Liberal y el PCC.
Ese mismo año ocurrió un intento de unificación del movimiento de autodefensa comunista y de las guerrillas liberales en la
Conferencia de Boyacá, realizada en Viotá (Cundinamarca). A esta
conferencia asistió Pastor Ávila quien desde antes había entrado
en contacto con Juan de la Cruz Varela, líder del movimiento de
autodefensa del Sumapaz.
Tras subir al poder en 1953, mediante un golpe de Estado apoyado por las élites liberales, el general Gustavo Rojas Pinilla concedió amnistías generales tanto a los policías y militares implicados
en la comisión de asesinatos masivos y generalizados como a los
guerrilleros. Con su participación asegurada en el Gobierno, el
Partido Liberal se quedó sin razones para sostener una rebelión en
los Llanos, por lo que retiró su respaldo a las guerrillas, lo que hizo
que la mayor parte de ellas se desmovilizaran.
Como parte del proyecto de pacificación de los Llanos, el Gobierno entregó a los amnistiados tierras, ayudas económicas, herramientas y préstamos para iniciar asentamientos, lo que jalonó
a miles de campesinos a instalarse en la región del Ariari, atraídos
por los rumores del apoyo que el Gobierno estaba dando (Molano
y Ramírez, 1989). De esta forma, la iniciativa gubernamental promovió una nueva ola de colonización en la región, como lo constató una de las personas mayores entrevistadas: Yo me acuerdo que a mí me tocó muchas veces dormir en el
monte, porque estaban acabando con todo, eso fue por el año
48. Cuando eso, yo vivía en el Tolima, y escuché después que el
Gobierno estaba pagando los pasajes para que la gente saliera hacia el Llano. Decían que había abundancia de comida y de tierra
(CNMH, entrevista con abuela, 2012). Aunque la amnistía trajo una paz relativa, los antiguos guerrilleros liberales se repartieron la geografía del Meta para mantener la
estabilidad —que igual era precaria— y contener una posible avanzada de los conservadores. De esta forma, Dumar Aljure se instaló
entre San Martín y San Antonio (hoy Fuente de Oro) hasta el Guaviare, Bernardo Giraldo, alias El Tuerto, en Playas e inmediaciones
de Granada, Guadalupe Salcedo regresó a Puerto Gaitán y Plinio
Murillo, alias Capitán Veneno se situó en el Alto Ariari. Por su parte,
los conservadores se quedaron principalmente en los municipios de
Acacías, Restrepo, Guamal, San Luis de Cubarral y Villavicencio,
con lo cual se consolidó la repartición partidaria del territorio.
Las autodefensas del PCC recibieron la amnistía con recelo, debido al ferviente anticomunismo profesado por el Gobierno militar de Rojas Pinilla, y en 1954 tuvieron un rompimiento definitivo
con el dictador a causa de la matanza de estudiantes. La Asamblea
Nacional Constituyente prohibió la “actividad política del comunismo internacional”, con lo cual ilegalizó no solo al PCC, sino
a toda la ideología comunista, rótulo que se aplicó ampliamente a
toda tendencia de izquierda y a todo movimiento popular (Colombia Nunca Más, 2011). Lo que hizo que se fortalecieran los grupos
armados liderados por el PCC en el Sumapaz, el Tequendama, el
sur del Tolima y el norte del Cauca.
Juan de la Cruz Varela realizó una entrega simbólica de armas y
Pastor Ávila, quien tenía ya un liderazgo en la región, retornó a Medellín del Ariari. A ese mismo lugar llegó Plinio Murillo quien, tras
casarse con la hermana de Pastor Ávila, se convirtió en una especie
de gobernador local (Molano, 2006). De Pastor Ávila recuerda una
castillense: “Era político a todo andar y en una reunión hablaba
hasta que acabara. Él era muy buena gente (…) era chiquitico, pero
era bravo de la lengua” (CNMH, entrevista con abuela, 2012). 1.4. Colonización, continuidad de la Violencia, e
influencia del movimiento comunista En este contexto, el municipio de Villarrica, ubicado al oriente
del departamento del Tolima, entró a desempeñar un papel singular dentro de una tercera corriente de colonización del Ariari. En
este lugar, lo mismo que en el Sumapaz, a pesar de la amnistía ofrecida por el Gobierno de Rojas Pinilla en Villarrica, la estructura
de los grupos de autodefensa existentes se mantuvo intacta. A mediados de 1955, Villarrica y otros municipios del oriente tolimense
fueron declarados por el Gobierno como “zonas de operaciones
militares” o “zonas rojas”, en los cuales se aplicó una política de
“tierra arrasada” por parte del Estado con bombardeos y ametrallamientos. En este sitio, el gobierno gastó enormes cantidades de dinero
porque creyó que ahí se encontraba el estado mayor de la guerrilla. (…) descargaron toda su furia ahí. Se dijo (…) que el gobierno
gastó siete veces más en destruir la colonia que lo que había gastado para construirla (Prada, 2008).
Los ataques oficiales fueron indiscriminados y miles de familias
se vieron obligadas a refugiarse en las partes montañosas donde
resistieron durante cerca de tres años con una incipiente guerra
de posiciones y del establecimiento de una serie de trincheras que
se denominaron la cortina. Sin embargo, esta estrategia defensiva
fracasó y las autodefensas se reorganizaron en guerrillas móviles,
tras lo cual se inició una retirada organizada hacia el páramo de
Sumapaz y hacia el sur del Tolima, en lo que se conoció con el
nombre de Columnas de Marcha.