Datasets:
anytp
/
prueba2

Dataset card Data Studio Files
xet
Community
text
stringlengths
0
143k
En la memoria de los pobladores, esta bonanza o “época dorada”, sinónimo de bienestar, se extendió durante la década de
1970, incluso hasta la de 1980, cuando fue detenida por la violencia. “Entonces yo recuerdo que esa era una época dorada porque
había un grado de organización de las comunidades muy buena,
las mismas comunidades eran las que marcaban los destinos de la
región. Y, además, porque era muy productiva” (CNMH, entrevista
con abuelo, Medellín del Ariari, 2013).
Durante esta época, muchas de las familias del municipio lograron, a pesar del marginamiento y la precariedad de las vías
de acceso, una estabilidad económica derivada de las abundantes
cosechas de maíz, arroz, plátano y yuca que se daban gracias a la
fertilidad de la tierra. Fue el momento en el que el Alto Ariari se
consolidó como una importante despensa agrícola para el centro
del país. Una mujer que vivió su niñez en el municipio recuerda: Yo tenía como 11 años (…) y en esa época por acá era todo
como normal (…) el comercio era súper bueno, la gente cultivaba mucho café, yuca, plátano, el ganado. Se vivía muy rico. Usted salía cualquier día y eso era lleno de gente, mucho comercio
(CNMH, entrevista con mujer adulta, El Castillo, 2013). Esta época dorada se vio interrumpida en la década de 1980
por la guerra sucia que fue adelantada por los grupos de autodefensas, que se aliaron con la élite política regional, los narcotraficantes y las Fuerzas Militares para exterminar tanto a la izquierda,
largamente asentada en la región, como a las nuevas alternativas
políticas que surgieron como opciones distintas del bipartidismo
tradicional y de sus redes clientelares.
Democratización violenta y
arrasamiento de la izquierda
(1984-2001) Desde mediados de la década de 1980 se inició en El Castillo
un periodo de violencia exacerbada, marcado por la presencia de
nuevos actores políticos y económicos en la región, entre ellos los
de las dos fuerzas que dieron origen al paramilitarismo moderno:
los empresarios irregulares de la explotación de esmeraldas de Boyacá y los narcotraficantes, quienes después de haberse disputado
a muerte una tajada del negocio de las esmeraldas, llegaron a los
Llanos a invertir sus ganancias (Verdad Abierta, 2011a).
El periodo que se analiza en el presente capítulo se caracteriza,
en primer lugar, por la intensificación de la estigmatización, la
persecución y la guerra sucia en contra del PCC (Partido Comunista Colombiano) y la recién creada UP (Unión Patriótica) que,
tras obtener un fuerte apoyo electoral en la región, se convirtió en
objeto de exterminio. En El Castillo, este exterminio se vio reflejado, entre otros hechos violentos, en ataques a los alcaldes electos
por la UP, que dieron lugar a dos tristemente célebres masacres
conocidas con el nombre del lugar donde ocurrieron: Caño Sibao.
En segundo lugar, por la expansión y el fortalecimiento de las
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que comenzaron a ejercer un intenso control social de la población por medio de actos, como la asistencia obligatoria a reuniones, la imposición de multas, la obligación de votar por determinados candidatos, la prohibición de relacionarse con la fuerza pública y la
impartición de justicia por mano propia. También fue la época
en la que las FARC profundizaron el reclutamiento forzoso (en
especial de personas menores de edad), obligaron a la población
a participar en actos que buscaban impedir la entrada de los paramilitares al municipio y en la que comenzaron a atacar, de manera
continua, el casco urbano y los centros poblados del municipio.
En tercer lugar, por el fortalecimiento del paramilitarismo y la
entrada de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) a la región,
y finalmente hacia el final del periodo, por la creación por parte del
Gobierno Nacional de una “zona de distensión” en cuatro municipios del Meta y uno del Caquetá, para adelantar conversaciones con
las FARC. Su retoma, algunos años después, generaría el vaciamiento
de las veredas y centros poblados del municipio El Castillo.
De cualquier forma, ya en el periodo 1984-2001, el desplazamiento forzado registró una tendencia creciente, pero fue silencioso y permaneció invisibilizado, pues, de alguna manera, era
visto como un mal menor en medio de las múltiples tragedias que
estaban ocurriendo. Como lo explica una de las entrevistadas: Es que hay dos periodos de desplazamiento, pero hay un periodo al que curiosamente se le da mucha importancia y otro al
que no: toda la gente que se desplazó entre el año 91 y 2000, con
esta gente no pasó nada. Se iban los que tenían forma de pagar un
arriendo o una vivienda afuera, en Villavicencio, o en Granada.
De resto, los que no teníamos la posibilidad, nos aguantábamos.
En ese periodo hay una cantidad de familias que se fueron y que
dejaron las casas botadas, las fincas, pero con esas familias como
que nunca pasó nada, nunca nadie dijo nada, ni el Estado estuvo
pendiente, ni les ofrecían ayudas ni nada (CNMH, entrevista con
mujer adulta, El Castillo, 2013). El punto de quiebre en las tendencias municipales respecto
del desplazamiento forzado ocurrió en 1988, cuando el número de personas desplazadas pasó de 3, en 1987, a 103. En los años
siguientes, el número se mantuvo en un promedio de aproximadamente 50 personas desplazadas por año pero, en 1998, volvió
a ascender. Entre 1998 y 2001, El Castillo produjo en promedio
307 nuevas personas desplazadas por año, para un total de 1.797
personas obligadas a salir del municipio entre 1984 y 2001.
Estos desplazamientos, junto con otra gran cantidad de hechos victimizantes que se cometieron contra la izquierda democrática, permitieron su arrasamiento y el afianzamiento del cierre democrático. 2.1. Persecución y guerra sucia en contra del PCC y la
recién creada UP: atentados contra la democracia Desde finales de la década de 1970, en todos los Llanos Orientales se comenzaron a dar compras de grandes extensiones de
tierras por parte de empresarios esmeralderos provenientes del
oriente de Boyacá y de narcotraficantes, como Gonzalo Rodríguez
Gacha alias El Mexicano integrante del cartel de Medellín. Estas
adquisiciones se incrementaron cuando, a comienzos de la década
de 1980, Rodríguez Gacha estableció alianzas económicas y militares con Fidel Castaño, promotor del paramilitarismo en Córdoba y la región del nordeste antioqueño, que gracias a ese poder
entró a controlar gran parte del mercado de la coca en la región
del Medio y Bajo Ariari. De manera simultánea, Víctor Carranza, conocido como el “zar de las esmeraldas”, también comenzó a
adquirir tierras en municipios, como El Dorado y Cubarral para
hacerse a las minas de cal ahí existentes.
Estas compras de tierras generaron temor dentro de las organizaciones sociales, en especial en el Sintragrim (Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta), pues coincidían
con las solicitudes de adjudicación de tierras que Sintragrim venía reclamando de tiempo atrás a nombre de sus más de 2500
afiliados. Sus temores se profundizaron cuando una sangrienta
guerra se desató entre los ejércitos privados de Rodríguez Gacha y
las FARC, debido a la ruptura de una alianza que giraba en torno
al pago de un impuesto sobre los cultivos de uso ilícito (Mujica y
Thoumi, 1996) y un grupo conocido como Los Masetos comenzó
a sembrar terror (Cepeda y Giraldo, 2012). Antes que confrontar
militarmente a la guerrilla, la estrategia de este grupo consistió
en eliminar a los militantes y simpatizantes del PCC y a todo aquel
que fuera considerado “base social” de la guerrilla, tras lo cual se
configuraron unos primeros procesos de desestructuración y de
arrasamiento de la izquierda en el territorio. Procesos que fueron
auspiciados por el Estado en cuanto, como lo denunció el entonces procurador general de la nación, Carlos Jiménez Gómez, Los
Masetos tenían conexiones con miembros del Ejército (Verdad
Abierta, 2011a).
A estas acciones violentas de Los Masetos se sumaron los hechos
delictivos cometidos por grupos de autodefensa locales conocidos
como Mano Negra o Serpientes Negras, creados por terratenientes de la región, entre los cuales se recuerda a Henry Valenzuela,
finquero de San Martín. Uno de los entrevistados señaló cómo “a
él lo empiezan a extorsionar y entonces crea un grupo de personas,
de muchachos, (…) como un mecanismo de defensa (…) contra
algunas personas que estaban pidiéndole algunas cosas a cambio”
(CNMH, entrevista con funcionario público, Villavicencio, 2013).
Por su parte otra de las entrevistadas indicó lo siguiente: