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Ese día un grupo de 19 personas incursionaron en la vereda La
Unión, maltrataron física y verbalmente a quienes ahí se encontraban y robaron algunos enseres. Los campesinos lograron identificar a tres de las personas que vestían uniformes y portaban armas
de uso exclusivo de las Fuerzas Militares: se trataba de Ezequiel
Liberato, inspector de policía de El Dorado, Joaquín Silva, jefe
de uno de los grupos paramilitares que operaban en El Dorado y
Cubarral, y José Sierra, esposo de una concejal de Cubarral. Poco
tiempo después de ocurrido este hecho, el entonces alcalde de
Cubarral, Bernardo Aristizábal, manifestó ante un medio de comunicación que un grupo paramilitar había sido formado recientemente para contener el avance de la UP en el Alto Ariari y que este se encontraba conformado por ochenta hombres armados
(Colombia Nunca Más, 2011).
Justo después de esa incursión paramilitar, se produjo una masacre en la vereda Cumaral Bajo. Un grupo de hombres armados,
vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, ingresaron violentamente en la madrugada a la vivienda del campesino José Antonio Guerra y asesinaron a dos personas. A José
Antonio lo amarraron y se lo llevaron, junto con otras tres personas, a la fuerza. Sus familiares salieron a buscarlo hacia Medellín
del Ariari, y en el camino, se toparon con varios campamentos. Al
día siguiente, los cadáveres fueron encontrados, muy cerca de donde había estado ubicado uno de los campamentos militares. Los
cuerpos se encontraron degollados, con señales de tortura causadas con armas cortopunzantes y rociados con ácido (Colombia
Nunca Más, 2011). Respecto de esta masacre, una de las entrevistadas evoca: Mi memoria registra el asesinato de unos campesinos en una
vereda cercana a Medellín del Ariari, que es la vereda Cumaral
Bajo (…) la misma comunidad los trajo aquí, al casco urbano, en
unos tractores y los recorrieron por las principales calles en avanzado estado de descomposición. Yo miré esa escena desde aquí,
desde mi casa, desde esta esquina yo miré hacia la calle y eso lo
tuve que ver con mucho dolor (CNMH, entrevista con mujer adulta, El Castillo, 2012). Esta masacre generó un fuerte repudio por parte de la población. Más de 2000 campesinos se dirigieron hacia la cabecera municipal y luego hacia la capital del Meta, donde presentaron un
pliego de peticiones, en las que exigían la desmilitarización de la
región y la investigación penal y disciplinaria de la masacre (Colombia Nunca Más, 2011). Sin embargo, los horrores no cesaron,
y durante el éxodo se cometieron nuevos hechos victimizantes,
como rememora un hombre que participó en uno de los talleres
de la memoria: Todos los campesinos nos volcamos a solidarizarnos con los
familiares de las víctimas, en repudio de la masacre de inocentes
que no tenían nada que ver con los grupos armados. Organizamos
una marcha con los cuerpos sin vida de las seis personas desde
Puerto Esperanza hasta El Castillo. Los enterramos en Medellín
del Ariari y la marcha continuó hasta la Gobernación del Meta en
Villavicencio. Mientras estábamos en la marcha, las fincas quedaron solas y el Ejército las saqueó y se llevó bienes materiales, como
radios, grabadoras, ropa, cobijas, calzado, aves de corral, cerdos,
ganado. Hicieron daños como revolver el café verde con el seco,
regar la sal, el arroz y llevarse el mercado (CNMH, taller de construcción de memoria histórica con abuelo, Villavicencio, 2012). Los crímenes en contra de los militantes, simpatizantes y familiares del PCC y de la UP continuaron ocurriendo hasta que
“el Comité Regional fue arrasado” (CNMH, taller de construcción
de memoria histórica con hombre adulto, Villavicencio, 2012). En
El Castillo solo aquellos que se confinaron, internándose en las
partes más altas del municipio, que se desplazaron o que optaron
por ingresar a la guerrilla sobrevivieron, como lo recuerda este
testimonio: Los que salimos primero (…) en el 86, 87 y 88, fuimos los únicos que quedamos vivos, porque fuimos los primeros que fuimos
amenazados. Pero hubo gente que fue amenazada y se quedó. Por
ejemplo (…) el presidente del Sindicato (…) a él le llegó un sufragio parecido al que a mí me llegó. A mí me sacan y él no se sale,
él se mete pa’rriba (sic), para las fincas y se queda allá quieto. Él
dice: “No, yo no salgo” (CNMH, taller de construcción de memoria histórica con hombre adulto, Villavicencio, 2012). Lo anterior hizo que se generan peculiares formas de resistencia, como el Domingo de Mujeres que llevó a las mujeres a asumir
por sí mismas el riesgo de salir a las calles o caminos para proteger
a los hombres que corrían especial peligro. La gente [ya] no salía a nada. Hubo tiempo en que los domingos
eran de mujeres. El Domingo de Mujeres le terminamos diciendo.
Porque no se veía un hombre. Es que en domingo, cuando uno
salía al mercado, o a hacer las vueltas con la familia, empezaron
a aprovechar para matar (…) para desaparecer. Entonces ya los
hombres no salíamos el domingo (CNMH, taller de construcción
de memoria histórica con hombre adulto, Villavicencio, 2012). Durante 1988 fueron asesinados los siguientes militantes de la
UP: Wilson Rodríguez, Wilmer Hernández, Parménides Cuenca,
Zenón Hernández, Gilberto Vargas y Alba Ariza, así como Félix Villalba. A excepción de este último, que era concejal y comerciante
de Puerto Esperanza, el resto de ellos formaba parte del campesinado. Ese año también fue cometida una masacre en la vía que de
El Castillo conduce a Granada, en la que fueron asesinados Rafael
García Ricardi, Ramón Nonato Pineda, Erminson Céspedes, José
Delio Orjuela y Pedro Ortegón Mantilla, también todos militantes
de la UP (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2004).
La participación de la fuerza pública en los hechos atroces que
estaban ocurriendo en el territorio se hizo cada vez más clara:
el Ejército torturó a Sildano Morales y lo obligó a ir hasta la casa
de Baldomero Useche. Cuando este salió y observó el estado en
el que se encontraba Sildano, arrancó a correr por miedo y fue
acribillado por la tropa, que luego regresó a la casa de la familia
Useche y la intimidó, y los dejó encerrados para que no le avisaran
a nadie.
De esta forma, con el paso de los meses, se evidenció que la
apertura democrática iba a tener graves consecuencias para los
simpatizantes o militantes de la UP, en especial para aquellas personas elegidas a cargos públicos, quienes se convirtieron en el
blanco predilecto de ataques.
Un primer atentado en contra de un alcalde de El Castillo ocurrió el 3 de julio de 1988. Ese día, Salvador Mazo Correa, alcalde
electo por el movimiento UP, se dispuso a viajar en un vehículo de
servicio público del casco urbano del municipio hacia Granada.
Por un hecho fortuito, en el último momento cambió de vehículo. Minutos después, en el lugar conocido como Caño Sibao, el carro en el que supuestamente iba el funcionario fue interceptado,
le lanzaron granadas y le dispararon en repetidas ocasiones. Un
total de 17 personas entre hombres, mujeres y niños fueron masacradas. La única sobreviviente, que en ese momento era una niña
de escasos 8 años, compartió sus recuerdos de este hecho: Era un domingo y (…) ese día mi papá nos dijo que nos fuéramos para Granada (…) estábamos en la plaza y el carro que salía
en ese momento (…) iba muy lleno. En el centro se había subido
el alcalde y el escolta que él tenía (…) al conductor lo llamaron a
que se tomara una cerveza y pues él frescamente se bajó (…). En
ese momento iba otro carro y el alcalde con su escolta se bajó y le
dijo que si lo podían llevar en ese carro. Nosotros precisamente
nos subimos en los puestos que dejó el alcalde. (…) llegamos al
río, nos pasaron y, cuando ya íbamos llegando ahí, a Caño Sibao,
fue cuando comenzó. No sé si le harían pare al carro (…) yo me
alcanzo a acordar fue cuando comenzaron a disparar (…). Lo primero que hicieron fue disparar a las llantas y a las personas que
iban adelante (…) cuando yo me desperté (…) ya estaban (…)
todos muertos encima mío (…) mi mamá y mis hermanos. Seguramente lo que hizo nuestra mamá fue como tirársenos encima y
taparnos, tratar de taparnos a todas tres y a la que más tapó fue a
mí (CNMH, entrevista con mujer adulta, El Castillo, 2012). En el libro Ceder es más terrible que la muerte, el presidente del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta, Josué Giraldo (asesinado después atreverse a realizar estas denuncias), manifestó que
esta masacre fue “un operativo coordinado con el Ejército” que
intentó “encubrir a los verdaderos autores” atribuyéndole el hecho
a la guerrilla. Algunos meses después de
la masacre se entregó William
Góngora Sierra y las autoridades capturaron a Camilo Zamora
Guzmán, alias Travolta. Ambos confesaron formar parte de la estructura paramilitar de Víctor Carranza Niño y reconocieron su
participación no solo en la masacre, sino en muchos otros hechos
cometidos en contra de los miembros de la UP, realizados en connivencia y con aquiescencia de funcionarios del Estado.