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Ese señor empezó a recoger jóvenes y conformó un grupo
como para contrarrestar a la guerrilla, supuestamente. Jóvenes de
acá del mismo municipio (…) estaba uno que le dicen alias Lechona, unos chicos de apellido Gutiérrez (…) también (…) uno que le
decían Picinga. Ellos, los tres, eran de acá (CNMH, entrevista con
mujer adulta, El Castillo, 2012). Otro de los reclutados fue Edilson Cifuentes quien después de
prestar servicio militar en el Batallón 21 Vargas, ingresó en 1987 a
las Serpientes Negras bajo el alias de Richard y se convirtió después
en uno de los comandantes de las AUC.
Como telón de fondo a la creación de estos grupos paramilitares, estuvo la reacción de las élites regionales, consolidadas y
emergentes, contra el proceso de paz iniciado por el Gobierno de
Belisario Betancur (1982-1986), que buscaba la solución política
del conflicto armado. Un proceso que se inició por medio de la
aprobación de la Ley 35 de 1982 que concedió una amnistía incondicional a la guerrilla, la derogatoria del Estatuto de Seguridad Nacional y el levantamiento el estado de sitio, que generaron
un ambiente institucional propicio para la participación futura
de las FARC en la vida democrática y política. Y que se concretó
en enero de 1983 cuando las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) y la Comisión de Paz
firmaron una declaración conjunta que fue el antecedente de los
acuerdos signados en 1984 en La Uribe (Meta).
Los acuerdos llevaron a que las FARC, junto con el PCC, formaran el movimiento político Unión Patriótica (UP) para que
combatientes desarmados y no combatientes intervinieran en las
elecciones y en la vida civil (Romero y Ávila, 2011). Además de las FARC y el PC, a la UP se unieron liberales, conservadores, campesinos, estudiantes, organizaciones sindicales, sociales y populares y
muchas otras personas sin adhesiones partidistas, que se sintieron
identificados con su apuesta programática. Los esfuerzos políticos
de este movimiento se volcaron sobre las regiones donde las FARC
ostentaba un mayor control político y militar y en las cuales existían procesos maduros de organización rural y urbana, como el
Magdalena Medio, el Urabá antioqueño y, por supuesto, el Meta. Tras obtener un fuerte apoyo electoral, la recién creada UP se convirtió en objeto de
exterminio.
En estas regiones fue estructurado un modelo de participación
que intentó alterar las relaciones clientelistas afianzadas por los
partidos Conservador y Liberal, el cual permitió que los militantes de las veredas y de los barrios se relacionaran directamente
con el partido y con sus dirigentes. De esta forma, las demandas
insatisfechas de la población se utilizaron como insumo para el diseño de una agenda programática. El proceso así concebido
tuvo éxito, el programa del naciente movimiento se difundió y le
permitió conquistar nuevos militantes. Surgió, de esta manera, un
“frente amplio de convergencia democrática” que permitió a sectores tradicionalmente excluidos del sistema político incursionar
en la democracia y vincularse a la actividad política legal (Campos, 2008).
En El Castillo el acumulado político-organizativo del PCC, reconocido como el más consolidado de todo el movimiento popular del Meta (Sobrevivientes del Comité Cívico por los Derechos
Humanos del Meta y otros, 1997) entró a fortalecer a la UP, fungiendo como un importante actor que apoyó el nuevo partido bajo
esperanzas de cambio: En el Alto y Bajo Ariari, el pueblo organizado en el Sindicato
de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta y en el Partido
Comunista le apostó incondicionalmente a este proceso, colocándole los mejores cuadros políticos y sindicales a esta batalla de ideas
políticas (CNMH, entrevista con hombre adulto, Bogotá, 2012). Por su parte, el Gobierno se comprometió a realizar las reformas necesarias para permitir la democratización o ampliación de la
democracia, por medio de la elección popular de alcaldes y gobernadores y la expedición de un estatuto para la oposición. Adicionalmente, se comprometió a impulsar un proceso de reforma
agraria y a desmontar los grupos paramilitares existentes (Romero y Ávila, 2011).
A pesar del éxito de la UP y de las manifestaciones de buena
voluntad del Gobierno, el proceso de paz fue atacado desde el
primer momento y encontró directa oposición por parte de empresarios, terratenientes y políticos, como Alfonso López Michelsen, Carlos Lleras Restrepo, Fernando Landazábal y Luis Carlos 36 Para Fernando Landazabal, ministro de Guerra, el proceso de paz se inscribía
en la agenda continental de gobiernos pro izquierda que estaban gestando el
ascenso al poder de la revolución comunista (CNMH, 2012).
Camacho Leiva, así como por sectores de las Fuerzas Militares,
que se negaron a apoyarlo, aferrados a los lineamientos de la lucha
contrainsurgente, el anticomunismo y la Doctrina de Seguridad
Nacional y empoderados por la política internacional anticomunista de Estados Unidos en cabeza de Ronald Reagan.
También se opusieron fervientemente al proceso los caciques
regionales de los partidos Liberal y Conservador, para quienes la
apertura democrática implicaba una ampliación en los referentes
políticos de los electores, así como el riesgo de que las reformas
sociales e institucionales jamás tramitadas se tuvieran que canalizar y que la cultura política gamonal y clientelista que tanto los
favorecía desde tiempo atrás se fuera a cuestionar. En el Alto Ariari, los políticos regionales tradicionales vieron a la UP como una
amenaza al statu quo, vieron lo que estaba ocurriendo como una
antesala para la toma del poder por parte de las FARC y sintieron
que estaban en peligro sus grandes privilegios y propiedades. Personajes como Hernando Durán Dussán, Jorge Ariel Infante Leal
y Leovigildo Gutiérrez, entre otros, se hicieron escuchar frente al
riesgo electoral que implicaba la UP.
Cuenta un adulto mayor entrevistado que en un acto público
en El Dorado, cuando se empezó a sentir la Unión Patriótica y
fueron a inscribir candidato al concejo en Cubarral (…) dijo un
gamonal: “(…) ahora sí se va a dañar esto”, porque sentía que el
área de ellos estaba siendo influenciada por otras fuerzas políticas
(CNMH, taller de construcción de memoria histórica con abuelo,
Medellín del Ariari, 2012).
Todo lo anterior hizo que las esperanzas de paz y de apertura
democrática se vieran acompañadas de una exacerbación de la
violencia política. Incluso antes del lanzamiento oficial de la UP,
en marzo de 1985, el movimiento contaba ya con 70 víctimas mortales (Colombia Nunca Más, 2011). A partir de ese momento, se
consolidaron la guerra sucia y las operaciones de exterminio en
contra de este movimiento político, que se concretaron por medio
de planes y operaciones, como la Operación Cóndor y el Plan Baile
Rojo, que buscaron socavar la dirección nacional del movimiento
por medio del asesinato de sus dirigentes. Esos planes nacionales fueron complementados con planes regionales, por ejemplo el
Plan Esmeralda que tuvo por objeto barrer con la influencia de la
UP y el PCC en los departamentos del Caquetá y Meta (Cepeda,
2006).
El exterminio tuvo una relación directa con el inusitado caudal
electoral logrado por el nuevo movimiento. Aun en medio de un
sistema político altamente clientelar, en las elecciones de marzo y
mayo de 1986 la UP obtuvo catorce curules para Cámara y Senado, eligió a 18 diputados para asambleas departamentales y a 335
concejales para 187 concejos municipales, en lo que ha sido la más
alta votación jamás alcanzada por un partido independiente o de
izquierda en Colombia (Campos, 2008).
Inmediatamente después de
las votaciones, comenzaron a
ocurrir masacres y se incrementaron los asesinatos y las desapariciones forzadas. Los asesinos actuaron juntamente, o en complicidad, con agentes del Estado, miembros de la fuerza pública o los
servicios de inteligencia (Romero y Ávila, 2011). Respecto del momento en que comienzan a generalizarse este tipo de hechos en el
territorio castillense, una mujer recuerda: “Yo empiezo a recordar
hechos violentos en nuestro municipio a partir de noviembre del
año 86, a partir de esa época yo empiezo a recordar cosas feas”
(CNMH, entrevista con mujer adulta, El Castillo, 2012).
En este contexto, se produjo, el 8 de agosto de 1986, la primera
incursión de un grupo paramilitar en el municipio El Castillo.