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Por esta masacre y otros hechos más, entre ellos haber dirigido en la región el genocidio de la UP en colaboración con altos
mandos militares, Víctor Carranza fue detenido y acusado, pero
luego fue exonerado por una juez de Villavicencio. La funcionaria judicial utilizó para su absolución el siguiente argumento: los
crímenes de los que se acusaban a Carranza “eran imposibles de
cometer por algún ser humano”. La decisión absolutoria fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Justicia (Cinep
y otros, 2009).
Aunque la violencia sistemática en contra de sus candidatos,
militantes y simpatizantes no disminuyó, el apoyo electoral a la UP
continuó. En 1988, cuando se celebró la primera elección popular
de alcaldes, la UP alcanzó una abrumadora mayoría en los municipios de El Castillo, Mesetas, Vista Hermosa y Lejanías, donde
obtuvo 84, 72, 66 y 58 por ciento de los votos, respectivamente
(Ortiz, 2008). Su votación permeó también municipios que contaban a la vez con una tradición liberal y con presencia de grupos
paramilitares, como Granada, San Martín y Puerto López (Gutiérrez, 2012).
Después de estos nuevos éxitos electorales, acontecieron nuevos
hechos violentos. El 3 de junio de 1992 ocurrió una nueva masacre, al concretarse un atentado dirigido en contra de María Mercedes Méndez, alcaldesa de El Castillo para el periodo 1990-1992, y William Ocampo, el alcalde electo por el mismo movimiento
para el siguiente periodo. William y María Mercedes acababan de
acudir a la Séptima Brigada del Ejército en Villavicencio a solicitar
medidas de protección para los miembros de la UP. Horas después de salir de la Brigada, el vehículo en el que viajaban ellos y
otros funcionarios fue interceptado en Caño Sibao y atacado con
granadas y disparos. Este nuevo atentado contra la democracia
dejó como víctimas mortales a María Mercedes Méndez, William
Ocampo, Rosa Peña Rodríguez (la tesorera municipal), Ernesto
Zaralde (asesor agrícola de la Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria [Umata]) y Antonio Agudelo. Yo alcancé a trabajar con María Mercedes. (…) Ellos eran muy
perseguidos (…) ella hizo como una integración y nos fuimos
para unas cabañas por Acacías y no más para salir (…) la salida
fue tenaz porque salimos a Granada por unas trochas para no llegar a San Martín, porque supuestamente los estaban esperando.
Y después de que yo iba en ese carro, yo decía: ay, Dios mío, yo por
qué me vine por acá. Fue un susto tremendo, ellos ya eran perseguidos (CNMH, entrevista con mujer adulta, El Castillo, 2012). A María Mercedes se la recuerda en el municipio El Castillo
como una intachable funcionaria pública y líder comunitaria. Entre muchas otras cosas, los castillenses rememoran que, durante el
curso de su Administración, intentó separarse de la tendencia de
“gobernar con los del partido” y aplicar “purgas” permanentes de
acuerdo con los cambios de Gobierno. Por eso, en su gobierno
participaron miembros del Partido Liberal y otros líderes o lideresas que no militaban, de ahí el nivel de legitimidad con el que
contó y el reconocimiento de toda la comunidad. Los habitantes
del casco urbano y la zona rural la recuerdan como una persona trabajadora y honesta, que llevó la electricidad al casco urbano,
realizó la construcción del parque central y empezó la construcción de la Casa Cultural, entre muchas otras obras. 2.2. Fortalecimiento del paramilitarismo en medio de un
nuevo pacto democrático Magnicidios como el de María Mercedes Méndez y William
Ocampo se replicaron en todo el país, junto con muchos otros
atentados contra la democracia. No obstante, la esperanza de realizar un nuevo pacto democrático no fue sepultada y se dejó sentir
con fuerza cuando estudiantes, organizaciones sociales, comunidades religiosas, indígenas y afrodescendientes y los medios de
comunicación, entre otros sectores de la sociedad, convocaron la
realización de la Asamblea Nacional Constituyente para intentar,
mediante la vía democrática, tramitar las reformas y soluciones
estructurales que le urgían a la sociedad colombiana.
Tras la promulgación de la nueva Carta Política, la década de 1990
se desenvolvió con muchos cambios económicos, políticos y militares
que no implicaron que cesara el exterminio contra la UP ni la violencia sociopolítica que azotaba a todo el territorio colombiano. Por el
contrario, el pacto de la nueva Constitución se vio acompañado de
una suerte de naturalización e invisibilización tanto de la violencia
como de las nuevas amenazas que se erigieron sobre las olvidadas
zonas rurales del país, donde se contaban los muertos diariamente.
En el campo, los efectos de la apertura económica, promovida por el Gobierno de César Gaviria (1990-1994), se combinaron
con los efectos del fortalecimiento del poder del narcotráfico, el
paramilitarismo y la expansión de la guerrilla y generaron una
descampesinización. Con la expedición del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada41 que legalizó la existencia de cooperativas de vigilancia y seguridad y autorizó el porte de armas largas y labores de inteligencia
en cabeza de civiles, el paramilitarismo obtuvo las condiciones
jurídicas y políticas para ampliar su poder. En solo tres años, al
amparo de esta norma, fueron creadas 414 Convivir que, dotadas
de armas de fuego de uso restringido, acumularon un gran poder.
Si bien en 1997 la Corte Constitucional declaró inconstitucional
el porte de armas de uso restringido en cabeza de civiles y ordenó
la devolución inmediata de estas armas y de la munición, las Convivir no desaparecieron, sino que pasaron a la clandestinidad y
continuaron articuladas con el paramilitarismo.
El proyecto de expansión política y militar del paramilitarismo
tuvo dos momentos claves en la década de 1990: la creación de las
ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) en 1995 y
en 1997 la creación de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), movimiento paramilitar nacional unificado bajo el mando de
Carlos Castaño. La aguda transformación del paramilitarismo le
permitió expandir su dominio territorial a nuevos departamentos,
insertarse con más fuerza en el mercado de la coca, articularse
con actores legales e iniciar un acelerado proceso de reconfiguración cooptada del Estado, cambios que implicaron también la
ampliación de los repertorios de violencia contra la población civil
(Peña, 2005; Garay y otros, 2008; CNMH, 2013).
De acuerdo con las versiones libres rendidas por los paramilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz, lo que más impulsó a los
Castaño a incursionar en los Llanos Orientales fueron las rentas
provenientes de las economías legales e ilegales (CNMH, 2012).
Las AUC entraron al Meta cometiendo la masacre de Mapiripán.
Perpetrado el exterminio, Carlos Castaño Gil, jefe del grupo paramilitar, manifestó a los medios de comunicación que lo acontecido en Mapiripán “fue el combate más grande que han tenido las autodefensas en su historia” y advirtió que iban “a haber muchos
más Mapiripanes”. Así ocurrió en la región. A partir de 1997, las
masacres se convirtieron en uno de los principales repertorios de
violencia utilizados por los paramilitares.
Después de su entrada, las AUC se articularon con rapidez, militar y económicamente, con los grupos paramilitares ya existentes que para ese momento habían tenido una transformación con
respecto a las agrupaciones existentes en la década anterior. En El
Castillo la presencia paramilitar se manifestó cotidianamente por
medio de amenazas, asesinatos, “boleteo” y persecución contra las
organizaciones sociales. Las carreteras se convirtieron en “geografías de terror” (Oslender, 2008) y circular por ellas en sinónimo
de zozobra, debido a los retenes y a la práctica sistemática y cotidiana de bajar de los buses, con lista en mano, a varias personas y
asesinarlas frente a las demás. Así lo narró un testimonio: Desde el 94 para acá, fue muy difícil, uno temía hasta para
subirse a un bus (…) porque pensaba que uno no iba a llegar,
porque lo iban a bajar… Cuando paraban el bus, uno pensaba: ya
llegó la hora (CNMH, entrevista con hombre adulto, Medellín del
Ariari, 2012). Estos hechos provocaron confinamiento en el nivel municipal.
Para muchos dejó de ser posible salir a trabajar o hacer diligencias
en otros municipios. Si uno se iba de aquí para arriba lo atajaban y lo bajaban de
un bus y lo mataban que porque era de Medellín y era guerrillero
(…). A Granada (…) no lo dejaban llegar tampoco (…) a San Martín, menos (CNMH, taller de construcción de memoria histórica
con hombre adulto, Medellín del Ariari, 2012). La violencia paramilitar también generó victimizaciones múltiples sobre familias cercanas al PCC y a la UP. Fue común que un
solo núcleo familiar sufriera una multiplicidad de victimizaciones,
como asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, judicializaciones y amenazas, con lo cual se generó una forma de arrasamiento