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propios intereses: Ellos ven la AMA como una estrategia política de dominación
o de lograr tener el control político de la región. En dos palabras,
exterminar o sacar del escenario político a la izquierda colombiana. Ese era el objetivo estratégico y político de ellos, eso no lo
dice ahí, obviamente, pero eso lo sabemos nosotros. Al fiscal yo se
lo dije y me preguntó que por qué yo se lo aseguraba así. Porque
luego de que hay el arrasamiento del Ariari, de todas esas comunidades, el asesinato de muchas personas (…) y el desplazamiento
de toda esa parte alta, entonces ya ahí es donde ellos dicen: ´ya
pacificamos el Ariari´. Pacificar el Ariari era asesinar a toda esta
gente, desaparecer a cuanta gente y sacar del escenario político a
la izquierda colombiana (…). En eso le pagaron páginas completas en los diarios de circulación nacional, por ejemplo, pagados
por el mismo Miguel Arroyave y firmado por la AMA (CNMH,
entrevista con hombre adulto, Bogotá, 2012). Lo cierto es que en las elecciones de gobernaciones, alcaldías
y concejos municipales de 2000, en el Meta la UP estuvo prácticamente ausente. La Alcaldía de El Castillo quedó en manos de
Laura Gilma Moreno Urrea, candidata por el Movimiento Político
Comunal, quien recibió el apoyo de los militantes de la UP y del
PCC que aún insistían en buscar las reformas necesarias a través
de los cauces democráticos. Lo ocurrido a partir de este momento, que está íntimamente relacionado con lo que aconteció en el
territorio tras la finalización de la zona de despeje, será narrado
en el capítulo siguiente.
Desplazamiento y vaciamiento
(2002-2008) 3.1. Rompimiento de las negociaciones de paz, accionar
de la guerrilla y lanzamiento de operaciones militares
contrainsurgentes El 2002 arrancó bajo la incertidumbre y el temor respecto del
rompimiento de las negociaciones de paz entre el Gobierno de
Andrés Pastrana Arango y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Aunque la mediación de la Organización de
las Naciones Unidas, de los países amigos y de la Iglesia Católica,
permitió que los diálogos se mantuvieran algunas semanas más,
los habitantes de los cinco municipios comprendidos dentro de
la zona de distensión, así como de los municipios de las regiones
Ariari-Guayabero y Caguán, aledaños y limítrofes, y a quienes
afectaba lo que ocurriera con esta, ya daban por hecho la finalización de la zona de despeje y temían por su vida e integridad.
El mayor temor lo despertaban los paramilitares que merodeaban en la zona, así como el traslado de miles de soldados (entre
7000 y 13 000 según diferentes fuentes) hacia los límites de la
zona de distensión, el endurecimiento de los controles militares y los sobrevuelos sobre el espacio aéreo de la zona de garantías
(Gutiérrez, 2012) . Según narró uno de los habitantes de la región: Han venido muchos y muchas y hemos dado detalle de lo que
ocurrió desde el 20 de enero de 2002, que fue el día en que se
rompen los preacuerdos entre las FARC y el Gobierno de Pastrana
en San Vicente del Caguán. Obviamente ya los paras estaban en
la región, eso no hay que desconocerlo, pero como día fatídico,
ese (…). Ese día fue el que arremetieron contra la región del Alto
Ariari (CNMH, entrevista con hombre, Bogotá, 2012). Las FARC, empeñadas en mostrar su poderío, realizaron una
serie de sabotajes en el país y la región y se prepararon para la
entrada de las Fuerzas Militares. Para ello, volaron puentes, antenas repetidoras, estaciones eléctricas, decenas de torres de
energía eléctrica, minaron territorios y generaron múltiples enfrentamientos con la fuerza pública. De esta manera, aun antes
de que se terminara oficialmente con la zona desmilitarizada, se
percibía ya, en estas regiones, el inicio de una nueva etapa del
conflicto armado48 (González, 2012).
La situación se agravó cuando el 28 enero el Frente 26 de las
FARC emboscó al Ejército en El Dorado e hizo detonar una casa
bomba que le generó la muerte a medio centenar de uniformados;
este hecho provocó la persecución por parte de la fuerza pública
de los pobladores de la región, quienes fueron señalados de ser
parte de las estructuras de la guerrilla (Cinep y otros, 2009). Entre ellos estaban los campesinos de las veredas de la parte alta del
municipio de El Castillo, largamente estigmatizados debido a sus
vínculos con el PCC (Partido Comunista Colombiano).
A partir de este momento, comenzaron a ocurrir múltiples violaciones a los derechos humanos, entre ellas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales (Cinep y otros, 2009). Una de
las que más recuerda y conmueve a la comunidad es la de una
persona menor de edad, Eider Quiguanas Rumique, hijo de Gabriel Quiguanas, uno de los miembros del Sintragrim (Sindicato
de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta), ocurrida en
la vereda la Floresta el 29 de enero de 2002. Soldados llegaron a la vivienda de la familia Quiguanas Rumique (…) los obligaron a acostarse en bocabajo en el piso y los
golpearon en la cabeza con las armas. Al padre de Eider lo retiraron del grupo y le preguntaron: ¿Dónde está la guerrilla?, él les
contestó que no sabía y de inmediato lo tiraron al suelo bocabajo
y le hicieron varios disparos cerca de los oídos diciéndole: lo hacemos porque no nos da la información que queremos. (…) Otros
militares llevaron a Eider hacia un estanque de peces, donde le sumergieron la cabeza y lo golpearon en repetidas ocasiones. Posteriormente (…) amarraron a su cuello un chinchorro y entre doce
soldados empezaron a tirar de los extremos intentando ahorcarlo,
al tiempo que lo pateaban. Después de varios minutos, aprovechando que los militares se habían detenido, Eider salió corriendo
para intentar salvar su vida; alcanzó a correr cerca de ochenta metros antes que le dispararan en las piernas, cayendo herido. (…) A
la familia le dijeron que lo habían asesinado porque “era un terrorista” (Comisión Intereclesiástica de Justicia y Paz, 2011). Una persona que presenció el hecho mencionó: El daño es del Estado, eso lo hizo el ejército. Ellos mismos se
identificaron, que eran tropas del FUDRA, de despliegue rápido.
Iban revueltos con la Séptima Brigada (CNMH, entrevista con
hombre, Villavicencio, 2014). Pocas semanas después de la ejecución extrajudicial de Eider
Quiguanas, el 20 de febrero de 2002, el presidente Andrés Pastrana Arango anunció la ruptura del proceso de paz con las FARC.
De manera inmediata, dio la orden de “retomar” la zona de distensión. Tánatos, que en la mitología griega es el dios de la muerte, fue el nombre elegido para denominar la operación militar
con la cual se hizo la recuperación de la zona (Página/12, 2002).
La decisión causó aprehensión entre la población civil. Alcaldes
y concejales prefirieron ausentarse y el comercio y los establecimientos educativos clausuraron. Muchas familias abandonaron
las cabeceras municipales y centros poblados y se internaron en
zona rural. Incluso algunos habitantes “izaron banderas blancas
en las puertas de sus casas para advertir al Ejército que no eran
sus enemigos. A ojos vistas, la gente sentía temor y no confiaba en
la fuerza pública” (Gutiérrez, 2012). Simultáneamente, la guerrilla creó cercos sobre los cascos urbanos de Lejanías, San Juan de
Arama, El Castillo, Mesetas y Vistahermosa, lo cual profundizó el
distanciamiento entre los residentes de las cabeceras y de las veredas (González, 2012).
La operación incluyó un considerable despliegue militar para
recuperar el territorio y derrotar a las FARC, que implicó la movilización de miles de hombres y operaciones conjuntas entre el
Ejército y la Fuerza Aérea. Ellos pretendían que con los bombardeos, con la militarización (…) que de pronto la guerrilla se iba a ver reducida y que
iba a dejar de haber presencia porque se tendría que ir para otro
lado. Entonces lo que hizo fue aumentar el pie de fuerza militar,
para militarizar más al campesino (CNMH, entrevista con hombre, 2012). Poco tiempo después, las unidades militares pertenecientes a
la Fudra (Fuerza de Despliegue Rápido), a la FAC (Fuerza Aérea
Colombiana) y a los batallones XXI Vargas y Albán de la Brigada
7 del Ejército Nacional, dieron inicio a operaciones en los municipios que no hicieron parte de la zona de distensión, pero que formaban parte de sus corredores de acceso, como era El Castillo.
Las Fuerzas Militares se estacionaron con morteros, en los filos de
las montañas, y atemorizaron con tiros, bombas y ametrallamientos a la población campesina. Hostigaron a los pobladores acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla, establecieron retenes,
realizaron detenciones arbitrarias, saqueos a viviendas y escuelas,
así como interrogatorios y robo de alimentos, torturaron y amenazaron de muerte.
También ocurrieron desapariciones forzadas, como la de Johana Vargas Bustos (nieta del representante a la Cámara por la UP
(Unión Patriótica), Octavio Vargas Cuellar, asesinado en 1986),
y homicidios, como el de Henry González Agudelo, miembro del
PCC, quien fue detenido por tropas del Ejército en el área urbana