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las actuaciones del resto del Estado (que no protegió, ni intervino, ni judicializó, ni responsabilizó, ni reparó), y tuvo su origen
en la vulneración de los derechos humanos y en las infracciones
graves al derecho internacional humanitario que generaron el
vaciamiento y la consecuente pérdida o desestructuración de las
relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales
y familiares preexistentes en el territorio.
A causa de lo anterior, para poder adentrarse en el tema del vaciamiento y el arrasamiento, es indispensable referirse a los repertorios de violencia que se desataron en contra de los castillenses y,
en especial, en contra de la población rural, campesina, sobreviviente del exterminio de la UP y el PCC. Pero no es fácil hacerlo,
debido a la magnitud de lo ocurrido en el municipio. El Centro
Nacional de Memoria Histórica, CNMH, quisiera honrar la memoria de todas las víctimas realizando al menos una breve mención
de todos y cada uno de los crímenes que fueron cometidos contra ellas en el conflicto armado interno y la violencia sociopolítica. Sin
embargo, ello sobrepasa los alcances de la presente investigación
que tiene como énfasis, pero también como limitación, recuperar
la memoria del desplazamiento forzado.
Por estas razones, considera indispensable que la memoria
del arrasamiento ocurrido en El Castillo se complemente con los
trabajos de memoria y sistematización de las violaciones a los derechos humanos realizados con anterioridad por organizaciones
humanitarias y defensoras de los derechos humanos. No solo por
la importancia de la información que contienen, sino también
porque son en sí mismos mecanismos de afrontamiento y de resistencia que surgieron ante la imposibilidad de denunciar las atrocidades que se estaban cometiendo, sin que se pusiera en peligro a
las personas, y por la impunidad imperante. Nosotros (…) siempre hemos tenido como estrategia proteger
al máximo las fuentes, no evidenciar las víctimas y los testigos,
porque durante más de veinte años fuimos testigos de cómo (…)
los testigos que se presentaban ante la Fiscalía para evidenciar el
terrorismo de Estado y el paramilitarismo como política de Estado, terminaban desaparecidos, terminaban asesinados, y esas
lecciones fueron muy caras para nosotros. Por eso, después del
2000, nosotros nunca pusimos denuncias formales ante la Fiscalía
porque ya sentimos que eso no servía para nada. (…) De nada
valía colocar las denuncias a la Fiscalía porque terminaba siendo
investigada la víctima, porque terminaba siendo asesinada y nosotros comenzamos a utilizar otra manera, que es lo que llamamos
las historias y es en lo formal una descripción de los hechos, pero
no tiene la formalidad de una denuncia, pero sí tiene formalidad
de la entrega ante las instituciones, Defensoría, Procuraduría, Ministerio del Interior, Vicepresidencia y Fiscalía. Pero lo poníamos
como “ponemos en su conocimiento tal cosa”, porque teníamos
claro que el solo hecho de que una autoridad conozca de un delito, por su función le toca abrir una investigación de oficio. No es
verdad que en Colombia se dé la impunidad porque las víctimas
no denuncian, eso es falso, y eso precisamente es lo que intentábamos demostrar y probar con las constancias históricas: que había un patrón de impunidad y una necesidad de querer encubrir
(CNMH, entrevista con hombre, Medellín del Ariari, 2012). En este sentido, especial mención merecen los ejercicios en pro
de la verdad y la memoria realizados por las víctimas y organizaciones, que recogen relatos y los hacen públicos, con el objetivo de
visibilizar los hechos victimizantes y reclamar justicia. Estos ejercicios se encuentran contenidos en publicaciones periódicas como
Trochas de la memoria, suroriente colombiano (Comité de Impulso
al Banco de Datos de Violencia Política del Suroriente Colombiano, 2010, 2013, 2014) y Ariari, memoria y resistencia (Cinep y otros,
2009). El CNMH honra la memoria de las víctimas de todos los
crímenes ahí documentados e insta a los lectores a consultar las
mencionadas publicaciones.
Además le reconoce un especial valor a estos ejercicios, en
cuanto las cifras oficiales (por alarmantes que sean) no reflejan
de manera adecuada los hechos victimizantes que ocurrieron en
el territorio, como se pudo comprobar en el transcurso de la presente investigación.
Lo anterior si se tiene en cuenta que, acuerdo con la información que reposa en el Registro Único de Víctimas (2013), entre
2002 y 2008, en El Castillo, solo ocho personas fueron víctimas
directas de acciones armadas, 18 de amenaza, dos de violencia sexual, siete de desaparición forzada, 77 de homicidio, 19 de minas
antipersonal y munición sin explotar (MAP-MUSE), 12 de secuestro, tres de tortura, una de reclutamiento de personas menores
de edad y ninguna persona fue víctima de abandono forzado o
despojo de tierras.
Sin embargo, de acuerdo con las memorias de las victimizaciones que nos compartieron cientos de personas durante el transcurso de la presente investigación, durante ese periodo más de
doscientas personas fueron asesinadas y sí existieron múltiples casos de abandono y despojo de tierras, como lo reflejan los siguientes testimonios y fuentes de información: Entre 2002 y 2007, que yo trabajé con derechos humanos con
Sintragrim, nosotros llevábamos [contabilizados] 260 víctimas,
muertos (CNMH, entrevista con hombre, Bogotá, 2012). Las fincas quedaron botadas, a muchos les compararon su finca bajo presión, no vendieron sus fincas porque quisieron, sino
porque les tocó tener que salir corriendo y regalar la casa en
$2 500 000, porque me tengo que ir. O sea, no la vendió porque
quiso, sino porque era una orden (CNMH, entrevista con hombre, Bogotá, 2013).
Entre enero del 2003 y abril del 2006, se cometieron cerca de
200 casos de violaciones a los derechos fundamentales en el municipio de El Castillo, y más de un millar de casos de desplazamiento (Cinep y otros, 2009). De ahí la importancia de ampliar las fuentes y reconocer la memoria hecha por las organizaciones y comunidades, así como también
instar a que en el futuro se realicen nuevas investigaciones y ejercicios
de reconstrucción de memoria desde el Estado, que sigan aportando,
aclarando y señalando responsabilidades sobre lo sucedido. 3.4. El desplazamiento duro ocurrido entre 2002 y 2005 Si bien antes del rompimiento de los diálogos de paz el número de
personas expulsadas de las regiones Ariari-Guayabero y Caguán
era ya bastante alto, el desplazamiento creció sustancialmente después del lanzamiento de las políticas y los planes por parte del Estado para recuperar la zona de despeje militar hasta el punto de
que en municipios como Calamar, Miraflores, La Macarena, Uribe,
Vistahermosa, Puerto Rico, San Vicente del Caguán y El Castillo
este aumentó entre 2001 y 2002 en más de 50 por ciento (ver anexo
2). Por esta razón, la época entre 2002 y 2005 es recordada en estas
regiones como “la del desplazamiento duro”.
Para el 31 agosto de 2013, fecha de corte de la presente investigación, de acuerdo con las cifras del RUV, 8370 personas habían
sido desplazadas de El Castillo y 5121 de ellas fueron expulsadas
forzosamente el periodo de desplazamiento “duro”.
La inmensa mayoría (93 por ciento) de las personas desplazadas de El Castillo provenían de las zonas rurales, habiéndose
vivido el pico de desplazamiento forzado rural entre 2002, 2003
y 2004. Ello corrobora dos de las hipótesis manejadas a lo largo
del presente informe: en primer lugar, que en este municipio
tanto el desplazamiento como el vaciamiento han sido fenómenos que golpearon eminentemente el campo, y en segundo lugar que estos fenómenos ocurrieron, en especial, en periodos
durante los que se llevaron a cabo importantes planes contrainsurgentes, en los que reinó la estigmatización en contra de la
población.
Por su parte, el pico de expulsión urbana ocurrió entre 2004 y
2005.
Como se mencionó, de acuerdo con la conceptualización manejada en la presente investigación, el vaciamiento ha sido definido como
la pérdida de 50 por ciento de la población de una unidad de análisis
sociodemográfico por desplazamiento forzado. Es un desplazamiento forzado masivo, pero que va mucho más allá de este. En El Castillo,
en el periodo del desplazamiento duro al menos 19 de las 43 veredas
que componen la zona rural del municipio, y cuatro de sus centros poblados, sufrieron este fenómeno, en cuanto, según se pudo reconstruir a través de las entrevistas y los talleres realizados, 50 por ciento
o más de sus pobladores tuvieron que desplazarse forzosamente de
ellos.
No obstante, las cifras oficiales invisibilizan este fenómeno. De
acuerdo con la información que reposa en el RUV con corte 31
de agosto de 2013, en El Castillo, 7474 personas se desplazaron
de manera individual y tan solo 248 lo hicieron de manera masiva (51 de ellos en 2002 y 197 en 2003). Pero lo cierto es que en
cuestión de días, semanas o meses, veredas enteras ubicadas en la
zona rural del municipio, así como varios de sus centros poblados,
perdieron 50 por ciento o más de la población, llegando incluso