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vereda se acabara de desocupar, tras lo cual se concretó el fenómeno
de vaciamiento. El 6 de febrero de ese año, los paramilitares llegaron
hasta su casa ubicada en el centro poblado de Puerto Esperanza: Golpearon en la puerta y llamaron a María Lucero quien al
principio se negó a abrir. Los armados amenazaron con tumbar la
puerta si no abrían inmediatamente, por lo que María Lucero se
ve obligada a abrir y se la llevan a la fuerza los hombres armados
mientras ella grita llamando a su madre, a sus hijas e hijo Yamid
Daniel Henao, quienes salieron tras ella intentando arrebatarla
de las manos de los armados. En el trayecto intentaron amarrar a María Lucero con unas
cuerdas de nailon mientras le gritaban “desde hace tiempo le teníamos ganas, pero no se había presentado la oportunidad”; y a la
familia que la acompañaba: “ustedes son unos h. p. guerrilleros”.
Ella se abalanzó al cuerpo de uno de los armados impidiendo que
la amarraran. Al llegar a las afueras del caserío, a cinco minutos
de la casa, obligaron a las niñas y a la abuela a regresar y forzaron a
quedarse con María Lucero a su hijo Yamid Daniel, de 16 años, estudiante de la Unidad Educativa el Encanto de Puerto Esperanza. Minutos más tarde, su familia escuchó varios disparos, pero
por temor a la presencia de los paramilitares, no salieron de la
casa, hasta la madrugada en que se encontraron los cuerpos con
impactos de bala. El rostro de Yamid Daniel se encontraba desfigurado, con impactos en la boca y con una oreja amputada (Comisión Intereclesiástica de Justicia y Paz, 2004). María Lucero era militante del PCC, y lo había sido de la UP, y
durante buena parte de su vida formó parte de la Unión de Mujeres Demócratas. Según fue aceptado por el ex jefe paramilitar
Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’, ante Justicia y Paz,
la orden de asesinarla vino directamente de Miguel Arroyave, alias
‘Arcángel’, el jefe del Bloque Centauros, pues en repetidas ocasiones María Lucero envió cartas a la Vicepresidencia reclamando
presencia institucional y denunciando el control de los paramilitares en Puerto Esperanza (verdadabierta.com, 2011).
El 18 de junio de 2009, el juzgado cuarto penal del circuito
especializado de Villavicencio profirió sentencia contra “alias Don
Mario” y otros paramilitares por este hecho (Comisión Intereclesiástica de Justicia y Paz, 2006a). Sin embargo, para algunos miembros de la comunidad existió omisión en la investigación penal al
no indagarse por la responsabilidad de las fuerzas militares que
operaban conjuntamente en la zona con los paramilitares.
Una semana después del asesinato de María Lucero Henao y de
su hijo, las nueve familias campesinas que quedaban resistiendo
en Puerto Esperanza se desplazaron. El hecho generador de este
desplazamiento masivo fue un panfleto intimidatorio, repartido
entre los habitantes. En el folleto, escrito a mano en hojas de cuaderno cuadriculadas, se leía lo siguiente: “Las FARC les solicita a
los habitantes abandonar el casco urbano de Puerto Esperanza,
quien no lo haga será declarado objetivo militar”. Sin embargo, los pobladores atribuyen este hecho a los paramilitares, quienes
eran los que estaban instalados en la zona y habían ocasionado
el desplazamiento de casi la totalidad de la población (Comisión
Intereclesial de Justicia Paz, 2004).
De cualquier forma, a partir de las 8:00 a. m., 70 campesinos, la
mayoría de ellos menores de edad, comenzaron a abandonar sus
casas en los carros de servicio público, mientras eran observados
por los paramilitares. Estas personas, que formaban parte de nueve familias, se desplazaron hacia Medellín del Ariari, El Castillo
y Villavicencio. A partir de este momento, el caserío de Puerto
Esperanza quedó completamente vacío. El asesinato de la lideresa María Lucero Henao y de su hijo, así como la recepción de
un panfleto intimidatorio, concretaron el vaciamiento de Puerto Esperanza.
Centro poblado de Medellín del Ariari
El periodo más difícil en este centro poblado fue entre 2002 y
2003 cuando la mayoría de las personas y familias se tuvieron que
desplazar forzosamente. “Prácticamente la mayoría del pueblo se
fue de acá; del pueblo quedó como la mitad porque la gente se
fue” (CNMH, entrevista con hombre adulto, 2013). Algunas de las
personas que tuvieron que migrar forzosamente en ese momento
ya habían sido desplazadas intramunicipalmente, por lo que el de
Medellín del Ariari fue su segundo desplazamiento. “Yo trabajaba y me vine para acá, para Medellín, y antes de que me dijeran
que me fuera yo me fui, porque todo el que vivía por allá arriba
era tildado de guerrillero, entonces yo me fui” (CNMH, taller de
memoria histórica con hombre adulto, Medellín del Ariari, 2012).
El retorno comenzó en 2004, aunque hasta la fecha no todas
las personas han podido regresar, en parte porque no han sido
reparadas por las pérdidas que sufrieron. Como al año comenzó a regresar mucha gente que se había
ido, pero muchos no han vuelto porque les habían quitado todas
sus cosas, sus pertenencias, sus fincas, sus tierras. Entonces dicen:
¿Para qué regresamos si nos quitaron todo? ¿Adónde llegamos?
(…) ese tiempo no lo queremos volver a vivir, ni que vuelva a existir, ni recordarlo siquiera (CNMH, taller de construcción de memoria con mujer adulta, Medellín del Ariari, 2012). 3.5. Lugares de recepción después del desplazamiento Los talleres y entrevistas realizados dieron cuenta que las trayectorias de la poblaci...
que irme para el Cauca por seguridad. Hay compañeros en el
Caquetá, en Putumayo, en Neiva, en el Huila. Y otros compañeros que se devolvieron e hicieron resistencia dentro del territorio
(CNMH, entrevista con hombre adulto, Bogotá, 2012). Hay algunos que se vinieron de las veredas y se quedaron en
los cascos urbanos y hoy viven en Medellín, El Castillo, o en municipios cercanos, en el mismo Granada o San Martín. Otros resistieron o se fueron a zonas, como Mesetas, la Uribe, la Julia, el
Huila, el Tolima, salieron por esa zona de allá del Caquetá. Otros
se fueron al páramo, al frío, sobrevivieron allá. Los que teníamos
más problemas terminamos en Bogotá y hay gente en Europa, en
Canadá (CNMH, entrevista con mujer, Bogotá, 2012). De acuerdo con la información del RUV, los castillenses se
desplazaron hacia 129 municipios del país, aunque la mayoría de
ellos lo hicieron a siete lugares: Villavicencio (30 por ciento), otras
locaciones dentro del mismo municipio (24 por ciento), Bogotá
(19 por ciento), Granada (5 por ciento), Acacías (3 por ciento),
Soacha (23 por ciento) y Lejanías (2 por ciento).
Lo anterior evidencia que el desplazamiento intramunicipal
estuvo muy generalizado en El Castillo y confirma que las ciudades capitales poseen un alto grado de atracción para las personas
desplazadas, aunque, como se verá más adelante, las condiciones
de vida en estas ciudades no sean siempre la mejores. En lugares
como Villavicencio o Bogotá, los castillenses tuvieron que competir con miles de familias de todo el país, en similares condiciones
de vulnerabilidad, la manera de asegurar su subsistencia y también el logro de atención gubernamental.
Debido a su procedencia eminentemente rural, para las personas que llegaron de El Castillo a estas y otras ciudades, la vida
urbana implicó importantes —y muchas veces desafortunados—
cambios, aunque también nuevos retos y oportunidades. La principal transformación vivida estuvo relacionada con el reemplazo
de las actividades cotidianas en la medida en que las labores que
típicamente se realizan en el campo, como la labranza de la tierra,
la siembra, el ordeño y la pesca, tuvieron que ser sustituidas por
otras actividades, como el trabajo en restaurantes, casas de familia
o talleres, o por actividades informales de todo tipo, como la venta
de minutos de celular, tinto, arepas y frutas. Yo vendía cuando podía, mi bicicletica la tengo ya desde hace
seis años y en esa bicicletica yo me iba y le echaba 25 paquetes de
piña adelante y 25 atrás y por allá los vendía en los semáforos. Una
vez me iban a quitar la cicla y el surtido, la policía, me dijeron:
Bueno, usted por qué está aquí en el semáforo vendiendo. Les
dije por la necesidad, por querer que mi familia subsista y para no
tener que convertirme en un pordiosero o en un hampa más. (…)
soy de las víctimas del flagelo del desplazamiento, en el amparo
de las instituciones [sic] porque yo creo que trabajar no es delito.