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entre dos mil y tres mil por res. Eso genera falta de economía
en la región porque nadie siembra plátano, nadie siembra yuca
porque dicen: A mí me pagan dos mil pesos por res y administro seiscientos novillos, es decir, un millón doscientos mil pesos.
Con ese millón doscientos mil pesos mensual compro el plátano
y la yuca, entonces no me preocupo por sembrar en mi finca. Eso
también hace que haya habido un cambio de la cultura campesina, al terminar siendo esclavos de la ganadería extensiva (CNMH,
entrevista con hombre adulto, 2013). Estos cambios en la vocación productiva terminaron reforzando y catalizando el proceso de descampesinización mencionado. En plena época del desplazamiento “duro”, muchas de las tierras que antes se destinaban a la agricultura, se comenzaron a utilizar para ganadería. La nueva dinámica
ganadera transformó los usos del suelo, las relaciones sociales y la producción agrícola.
Minería e hidrocarburos Donde nosotros estamos parados hay petróleo, hay oro ahí,
hay diferentes minerales (…) una infinidad de recursos que en
otros países no los tienen y, así los tengan, a ellos les interesa es
llevarse los que hay aquí o apoderarse de las tierras (CNMH, entrevista con hombre adulto, Villavicencio, 2013). Muchas de las personas entrevistadas insistieron en que la
expulsión forzada de sus predios y los procesos de reconfiguración territorial acaecidos no son producto de la casualidad, o un
daño colateral, sino que existe una estrecha relación entre los
recursos naturales que alberga el territorio, la expansión de los
intereses empresariales, el conflicto armado y la violencia sociopolítica acontecidos en el municipio. En otras palabras, la riqueza del territorio es vista como uno de los factores explicativos de
los procesos de vaciamiento y arrasamiento vividos. La violencia sociopolítica no solo se da porque la gente sea
de izquierda. El desplazamiento también se produjo por intereses
sobre la región. No en vano el 80 por ciento de las comunidades
desplazadas son de la parte alta, en donde justamente se dan los
fenómenos de minería actuales (CNMH, entrevista con mujer,
Medellín del Ariari, 2013). En lo que se refiere a la minería, el territorio de este municipio
(al igual que el de los municipios vecinos de Cubarral y El Dorado) tiene un elevado potencial para la extracción de materiales
de construcción, caliza, dolomita y demás concesibles, que se encuentran diseminados por los ríos y por las zonas de piedemonte.
Hasta 2012 fueron otorgados en El Castillo 16 títulos mineros, lo
que lo hace el municipio con más títulos concedidos en la región
Ariari-Guayabero.
Una primera fase de la explotación minera en el municipio
coincidió con la consolidación paramilitar en la región, donde
Víctor Carranza desempeñó un importante papel, y con la decisión de actores legales e ilegales de “transplantar” modelos de desarrollo desde otros países para promover la altillanura. Como lo
mencionó uno de los entrevistados: Una primera guerra por recursos naturales estratégicos la dio
Víctor Carranza contra los frentes 40 y 42 de las FARC (…) por el
control de las minas de cal, recurso estratégico para lo que fue el
proyecto de “revolución” agrícola intensiva de grupos de narcotraficantes, esmeralderos y sectores legítimos de agroindustriales
que apostaron por hacer en la altillanura una copia del modelo
del Cerrado brasilero. Un área ecológicamente no tan distante,
pero política y económicamente en un nivel fuera del contexto colombiano (CNMH, entrevista con hombre adulto, Bogotá, 2013). Una segunda fase ocurrió de manera simultánea con el desplazamiento forzado, el vaciamiento y la imposibilidad o dificultad
para el retorno, durante la cual se catapultó el interés por implementar nuevos proyectos. De acuerdo con la información suministrada por la Agencia Nacional de Minería, para 2012 existían
17 nuevas solicitudes en curso que fueron realizadas entre 2007
y 2012. Algunas de estas solicitudes se encuentran sobre veredas
donde ocurrió el vaciamiento y, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la comunidad a través de instancias como la
Mesa Política Ambiental de Participación Comunitaria, al parecer coinciden también con predios baldíos cuya adjudicación está
siendo tramitada ante el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) por parte de campesinos que los estaban ocupando
desde muchos años antes que ocurrieran el desplazamiento “duro”
y el vaciamiento y que, por ende, tienen derecho a la titulación. La Comisión investigó dónde quedaban los lugares afectados
por la minería y el tipo de materiales que se quieren extraer (…)
están justo en la parte que sufrió desplazamiento y en la parte
donde no se quiere hacer titulación de predios (CNMH, entrevista con mujer adulta, Medellín del Ariari, 2013).
Estos predios, además de ser indispensables para la comunidad
porque de ellos dependen sus actividades agrícolas de subsistencia, concentran una enorme riqueza en biodiversidad. Además,
en algunos de ellos se encuentran las bocatomas de donde se obtiene el agua para los acueductos comunitarios, por ejemplo: “las
bocatomas de los acueductos de Medellín del Ariari que surten a
siete veredas y el Acueducto Peñas Blancas que beneficia a Puerto
Esperanza, Civipaz y las veredas de El Encanto y La Macarena”. Mina ubicada en Caño Embarrado que amenaza la bocatoma de uno de los acueductos
comunitarios.
Por razones como estas un importante número de castillenses
considera que la minería causará nuevos daños y desestructuraciones, además de servir de catalizador para la descampesinización. [las] nuevas solicitudes de títulos mineros causarían un daño
a nuestro territorio, vulnerando nuestro derecho a la existencia y
pervivencia en el mismo como grupo humano campesino, con ejercicio de prácticas tradicionales agrícolas, agroecológicas y pecuarias artesanales en función de la conservación de la biodiversidad
de áreas que hemos habitado desde hace más de cincuenta años
(CNMH, entrevista con mujer adulta, Puerto Esperanza, 2013). Por esta razón, se han creado resistencias en relación con el
proyecto minero en el territorio. La organización campesina, que
está en proceso de recomponerse, intenta unir a las juntas de acción comunal y a las comunidades para posicionarse como un actor colectivo frente a las empresas. Sin embargo, insistiendo en
los presuntos beneficios del desarrollo, los mineros han logrado
generar nuevas divisiones o profundizar las ya existentes entre los
líderes de la comunidad, con lo cual han horadado el ya maltrecho tejido social.
A pesar de lo anterior, una facción de la comunidad (no solo de
El Castillo, sino del vecino municipio de El Dorado) continúa en resistencia y se ha organizado para evitar la entrada de la minería y
los hidrocarburos al territorio. Para ello, se han valido de diferentes
estrategias, como bloquear las vías para no dejar pasar a los funcionarios de Ecopetrol, ir siempre en grupo a las reuniones, entre otras.
No obstante, la posición de los castillenses frente a la explotación de los recursos naturales no renovables no es unánime. En
veredas como La Esmeralda, Puerto Esperanza, El Encanto, Caño
Embarrado, La Cumbre, Campoalegre, Miravalles, Caño Leche y
Caño Lindo, donde se concentran los principales intereses mineros, han surgido discrepancias dentro de la comunidad. Algunas
personas aspiran a tener trabajo fijo, una remuneración permanente y seguramente algunas ventajas propias de las bonanzas efímeras y ven en la minería una oportunidad para alcanzar deseos
siempre postergados. Otras personas ven una ventana de oportunidad para que por fin lleguen las carreteras que desde siempre
han solicitado para poder sacar con mayor facilidad los productos
agrícolas, movilizarse y conectarse con otras veredas o municipios. No toda la gente se ha organizado ni quiere oponerse a la
mina. Creen que eso representa trabajos, carreteras… porque eso es lo que les dicen en las reuniones de socialización. No les hablan
en detalle de los impactos al territorio y a sus vidas en un futuro,
sino de las grandes promesas de la minería. Entonces han puesto
a la comunidad a dividirse, hay algunos presidentes de Junta que
están negociando y otros sí siguen oponiéndose (CNMH, entrevista con mujer adulta, Medellín del Ariari, 2013). Pero también existen quienes se oponen férreamente, porque
tienen otros proyectos que son básicamente irrealizables si se destruye el territorio que durante décadas bien han sabido habitar. Caño Embarrado y La Cumbre quieren, pero las veredas que
cubren los acueductos comunitarios de Peñas Blancas y Medellín
no quieren que vengan las empresas mineras. Caño Embarrado y la
Cumbre dicen que sí, que porque a ellos les van a traer progreso, les
van a generar empleo, les van a hacer vías, pero sin embargo en la
socialización de la licencia ambiental la empresa minera dice: Únicamente necesitamos seis personas para trabajar con nosotros, entre
esos hay, dos volqueteros, dos vigilantes y personas de oficios varios
(CNMH, entrevista con mujer adulta, Medellín del Ariari, 2013). También existen unos primeros decepcionados, inconformes o “arrepentidos” por las promesas incumplidas que les hicieron las empresas: Frente a lo minero… cuentan… [en] La Cumbre, una de las
veredas que no se quiso unir, que la comunidad está muy aburrida
y arrepentida, pues no se le cumplieron los acuerdos que hicieron
con los presidentes de la Junta. A ellos les dijeron algo de una
carretera, pero parece que no sale nada (CNMH, entrevista con
mujer adulta, Medellín del Ariari, 2013). Existe el riesgo de que el fortalecimiento de la industria minera
en el territorio haga que lo que hasta ahora son simples controversias muten en verdaderos conflictos, por el enorme distanciamiento que existe en cuanto a los fines, los modos de hacer y los
discursos. Las empresas han leído con claridad las complejidades • organizativas de lo colectivo y han diseñado estrategias para propiciar rupturas. De esta forma, individualizan las negociaciones
con los líderes y ofrecen beneficios personales a algunas personas
claves para que disuadan a quienes se oponen dentro de la comunidad, entre otras estrategias identificadas.