Datasets:
anytp
/
prueba2

Dataset card Data Studio Files
xet
Community
text
stringlengths
0
143k
Pese a lo anterior, no se percibe un ambiente de apatía, resignación o adormecimiento. Por el contrario, espacios de confluencia, como la Mesa Político-Ambiental, exploran permanentemente
mecanismos para continuar controvirtiendo el modelo de desarrollo extractivo, basándose en argumentos como los siguientes:
• Reiterado
incumplimiento de
las obligaciones ambientales
emanadas de las licencias y de los planes de manejo ambiental.
Incumplimiento de los sistemas de explotación y de los diseños mineros aceptados por las autoridades ambientales en
las licencias.
• Contaminación de las fuentes y cuencas hídricas que surten
a los acueductos comunitarios, que ponen en riesgo bienes
necesarios para la supervivencia de los campesinos, como
el agua y los cultivos, y que pueden causar daños a la salud
y generar desplazamientos ante la imposibilidad de uno de
los principales recursos requeridos para permanecer en el
territorio.
• Deforestación, cambios en la cobertura boscosa y una alteración drástica de los ecosistemas.
• Desestabilización del suelo, inundaciones, riesgo de deslizamiento. (Por ejemplo en una de las veredas que se visitó, una de las
minas autorizadas amenaza con generar un derrumbe que podría causar un taponamiento y causar una avalancha que podría
afectar fincas y uno de los más grandes centros poblados.)
• Transformaciones productivas en el territorio y en las dinámicas de reproducción social.
Inserción al mercado laboral por parte del campesinado,
que promueve el abandono de las actividades agrícolas y genera competencia por los escasos puestos de trabajo locales
que generan estas industrias. • Generación de bonanzas efímeras, incremento de los costos
de vida y dependencia de la economía extractiva.
• Desestructuración de las organizaciones sociales por la competencia frente a los prometidos beneficios del desarrollo
minero y la oposición de sectores que insisten en detener
la minería o por lo menos replantear en términos sociales,
económicos y ambientales su dinámica.
• Desestructuración de los vínculos comunitarios, organizativos, políticos, familiares y culturales, que son sustituidos por
los valores del mercado. Por su parte, en lo que respecta a la industria petrolera que ha
sido la principal fuente de recursos económicos para el Meta, en
El Castillo, en 2005, en pleno desplazamiento forzado “duro”, Ecopetrol llevó a cabo labores de perforación exploratoria en la vereda Brisas de Yamanes. La intervención de Ecopetrol se desarrolló
con algunas irregularidades, como lo demuestra la Resolución
1858 del 28 de septiembre de 2009, del Ministerio de Ambiente,
que declaró responsable a Ecopetrol por: Haber efectuado la construcción de la locación del pozo Cristal 1 sin respetar la distancia mínima de 30 m entre el área para
el desarrollo de actividades y la quebrada Cristalina, considerada
área de exclusión y haber captado agua de la quebrada La Cristalina, la cual no estaba autorizada, sin haber solicitado la respectiva modificación de Licencia Ambiental. Esta no ha sido la única vez en la que, en el desarrollo de proyectos de gran magnitud en la región, el Ministerio de Ambiente
ha tenido que amonestar a Ecopetrol. En el poliducto Tocancipá Castilla la Nueva, el Ministerio devolvió el estudio de impacto ambiental debido a “la magnitud de las falencias encontradas en los
estudios ambientales”. Entre las falencias encontradas, se destaca
nuevamente la elaboración de planos que no corresponden con
la realidad del ecosistema del tramo por donde se extendería el
trazado. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, “la actuación dolosa y de mala fe de la empresa” situó zonas boscosas ocultando la existencia del páramo, para burlar la prohibición legal de
realizar cualquier tipo de actividad sobre ecosistemas frágiles. En
materia de participación comunitaria, el Ministerio de Ambiente
encontró que no existe claridad sobre el impacto del proyecto en
las actividades económicas de los pequeños propietarios en el área
de influencia del poliducto, en zonas donde existe páramo, ni un
balance preciso, detallado y fiable de la información sobre las comunidades y los predios afectados por el proyecto.
Por otra parte, pobladores de Acacías e investigadores independientes han logrado demostrar que la Estación Chichimene vierte
las aguas derivadas del procesamiento del crudo en el río Acacías.
Las trazas de petróleo sobre el lecho del río son perceptibles a simple vista y los estudios de los especialistas han identificado trazas
de petróleo en el agua y en los peces, fenómeno que está poniendo
en riesgo la seguridad alimentaria y el derecho a la vida de las comunidades, pues los campesinos riegan los alimentos con el agua
contaminada de los ríos (Herrera, 2013).
El Bloque CPO-9 ha causado, tan solo en su etapa de exploración sísmica, realizada en 2012, daños al ambiente y a las comunidades. Se denuncia la contaminación de 26 pozos profundos o
jagüeyes, de donde la comunidad se abastece de agua. Una cifra
que se suma a los 38 pozos contaminados que dejó la entrada de
la petrolera a Cubarral (Herrera, 2013).
Actualmente, Ecopetrol se encuentra en proceso de licenciamiento para el área de perforación exploratoria Guarupayo,
la cual forma parte del Bloque CPO-09, con una extensión de
40 029 ha localizadas en jurisdicción de El Castillo, Cubarral, El
Dorado, San Martín de los Llanos y Granada.
En El Castillo las veredas La Cima, La Esperanza, Campo Alegre, Caño Claro y Brisas de Yamanes, donde ocurrió vaciamiento y
que cuentan con medidas de protección en desarrollo del Decreto
2007 de 2001, hacen parte de las 31 veredas, dos centros poblados
y cinco barrios que se encuentran en el área de influencia directa
del área de perforación exploratoria Guarupayo (Ecopetrol-Megaoil, 2013).
De las 15 veredas donde se encuentran los tramos seleccionados para captación de aguas superficiales, nueve pertenecen a El
Castillo. Algunos de estos tramos coinciden con los 89 predios en
los que la comunidad ha verificado la existencia de 125 nacimientos de agua (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2013).
Por razones como estas es que existe oposición del ingreso de
Ecopetrol a El Castillo y es común escuchar a pobladores de la
zona rural o urbana rechazando la actividad petrolera. Ay Dios Santo… qué vamos a hacer sin el agüita. Diga usted la
sed que están pasando donde se contaminó el agua… por aquí
cerquitica, no me acuerdo el nombre. Eso lo que nos deja es solo
problemas, acaban la tierra, se llena de gente de afuera y cuando
se van (…). Los ríos se están quedando secos y, por eso, debería
protestar el pueblo colombiano porque vamos a desaparecer por
sed, porque en Colombia se va acabar el agua y van a quedar unas
poquitas contaminadas, porque para sacar el petróleo tienen que
manejar una cantidad de recursos químicos que están convirtiendo esas aguas es en una mazamorra, eso quedan horribles (…)
negras, eso queda como una espesura, una cosa horrible que (…)
ningún animal puede tomarla (CNMH, entrevista con hombre
adulto, Villavicencio, 2013). A las irregularidades mencionadas en municipios aledaños, se
suman irregularidades en el proceso de participación comunitaria. La empresa ha querido meterse por todos los lados para dividir a la comunidad. Primero habíamos hecho un acuerdo de
convocar a los presidentes de las JAC [juntas de acción comunal] y
a las organizaciones como Civipaz, Atcarí, la Asociación de Acueductos, para que fuera con ellos con quien miráramos el tema
del estudio. Ahora llegaron armando reuniones aparte, todas en
el casco urbano y no con todas las veredas. Reúnen a unas en un
salón y a otras en otro salón. ¿A usted le parece eso correcto? (…) Mire el libro que andan socializando. Según eso, aquí solo hay
rastrojo y vacas, no hay cultivos (CNMH, entrevista con hombre
adulto, Puerto Esperanza, 2013). Ante la cancelación imprevista de una reunión para la socialización del estudio de impacto ambiental, prevista para el lunes
28 de octubre de 2013, un funcionario de Ecopetrol manifestó lo
siguiente: “dijeron que tocaba cancelar porque el encargado de
seguridad para la región dijo que la guerrilla estaba presionando
a la comunidad para que se opusieran y que no había garantías de
seguridad” (CNMH, entrevista con hombre adulto, 2013).
En un contexto donde el desplazamiento forzado y otras violaciones de los derechos humanos de la población civil han estado
relacionados con la estigmatización y el señalamiento de tener vínculos con las FARC, en especial entre los campesinos de la zona
rural, este tipo de aseveraciones crean riesgos para la población