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custodiaban todo esto y de noche ellos tenían que patrullar y ellos
no patrullaban sino que se iban a dormir a mi casa, me rodeaban
toda la casa y colgaban hamacas, otros se entraban para las piezas
que estaban con colchones y todo (CNMH, taller de construcción
de memoria con abuela, Medellín del Ariari, 2012). La ocupación de las viviendas con los dueños aún habitándola no
solo representó una pérdida material, sino que generó también otro
tipo de daños y afectaciones, como la pérdida de autonomía, de intimidad, una ruptura en las relaciones familiares y al afloramiento de
sentimientos como miedo, zozobra e impotencia. Además, cuando
los paramilitares se instalaban en una vivienda, les valía a las familias
ser señaladas como colaboradores del grupo armado.
Otra pérdida material que se encuentra relatada en la mayoría
de los testimonios fue la pérdida de animales que representó
un fuerte impacto para los ingresos de las familias desplazadas,
afectó su soberanía alimentaria e hizo más intensa la precariedad
económica sufrida en los lugares de recepción. Hoy en día, olvidar eso es muy difícil (…) sin el campo las
cosas para nosotros acá es muy difícil. Los animales se perdieron,
esa gente llegaba a la casa y cogían las gallinas y se las comían, lo
de la casa y lo de la finca, todo eso se perdió, el ganado se lo robaron. Teníamos un marrano para celebrarle los trece o catorce
años a mi hijo y se lo robaron (…) dejamos todo botado (…) salimos con lo que teníamos encima (CNMH, taller de construcción
de memoria con mujer adulta, Villavicencio, 2012).
El hurto de ganado fue sistemático en El Castillo como en todo
el departamento del Meta. Este delito se perfiló como una de las
fuentes de financiación y de lucro personal del Bloque Centauros: “en la parte alta en la época de 2002, pues, usurparon y robaron muchos ganados (…) de los mismos finqueros, porque esta
región de la parte alta era ganadería y café hasta 2003” (CNMH,
taller de construcción de memoria con hombre adulto, Medellín
del Ariari, 2012). El ganado que se robaban lo metían ahí en la finca. Yo le llevaba el almuerzo a los trabajadores, y cuando vi que me traían
todo ese ganado, yo les decía: Déjeme que yo saque mis vaquitas
porque me las refunden con todo ese ganado, y me decía: Pues
apúrele (…) una vez le pregunté a uno que estaba sentado: Oiga,
y cuándo es que van a sacar ese ganado de ahí, y me dijo: ¿Tiene
mucho afán?, le dije: Sí, señor, porque tengo que cuadrar esta cerca para echar mi ganado, porque yo ya no les tenía ni miedo. Una
vez se me desaparecieron unos terneros y yo le dije al comandante
que si ellos no se los habían llevado y él me dijo que si quería que
fuera con ellos y mirara a ver si estaban allá. Yo estaba resuelta a
irme cuando una muchacha me dijo: Doña, usted está loca, quiere que la maten y la boten por allá dentro de una cuneta, y no me
dejaron ir porque yo estaba resuelta a irme con ese man (sic) en la
moto (CNMH, entrevista con abuela, El Castillo, 2013). Las víctimas refieren que en varias oportunidades las autodefensas obligaron a la población civil a cuidar el ganado robado antes
de subirlo a camiones y en otras ocasiones obligaron a quien se lo
estaban hurtando a que lo subiera al camión, con lo cual aumentaban los sentimientos de impotencia e injusticia en las víctimas.
En muchos testimonios, se puso de presente que el hurto de
animales ocurrió con pleno conocimiento de las tropas del Batallón XXI Vargas que en varias ocasiones se encontraban a poca
distancia cuando ocurrieron los hechos. Incluso con retenes montados por donde pasaban los camiones llenos de ganado y bienes de
las víctimas sin que hicieran nada. Y en otras ocasiones fue el mismo Ejército el que hurtó animales para hacer su comida, tal como
lo relata una víctima: “Una vez estaba yo allá y se quedó el ejército
quince días ahí en la casa y cuando se fueron se llevaron todas las
gallinas” (CNMH, entrevista con abuela, El Castillo, 2013).
En una de las denuncias realizadas a través de un comunicado
por la Fensuagro (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria), la CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia)
y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se calcula que
desde el inicio de la Operación Conquista fueron robadas aproximadamente unas cuatro mil reses y que también fueron sustraídos
los caballos, las gallinas, los pavos y todo lo que se encontraba en
las fincas (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
-Fensuagro-, 2003). Las dimensiones del hurto sistemático de ganado significó, en lo colectivo, la pérdida de proyectos productivos
locales, tras lo cual se redujeron las opciones de resistencia de las
familias en el territorio.
Como se mencionó en el aparte sobre reconfiguración territorial,
el conflicto armado y la violencia sociopolítica truncaron la vocación
agropecuaria de El Castillo y, en general, muchas de las alternativas
de desarrollo productivo local. Cuando se recrudecieron el conflicto
y el desplazamiento, las personas dejaron sus actividades económicas
de lado y se perdieron los cultivos de café, cacao, maíz y los animales.
La pérdida de proyectos productivos no solo generó un daño emergente y un lucro cesante para las familias desplazadas, sino que también afectó la economía entera del municipio.
Uno de los proyectos que se perdió a causa del desplazamiento, al cual hicieron referencia los habitantes, fue un proyecto de caña panelera que estaban adelantando más de cien campesinos
en las veredas altas del municipio, entre ellas Miravalles, Brisas de
Yamanes y La Esmeralda. Junto con el proyecto se perdieron un
tractor, una zorra y un trapiche, con un valor de más de cuatro mil
millones de pesos. 4.1.2. Pérdida de ingresos y penuria económica Con el desplazamiento forzado de un medio rural a uno urbano, las personas y los grupos familiares perdieron la posibilidad
de utilizar las habilidades que tenían en el campo para garantizar su sustento, con lo cual se afectó su autonomía y soberanía
alimentaria. En el campo, la escasez de ingresos no significaba
necesariamente la falta de alimentos, pues las familias contaban
con cultivos de autoconsumo y animales. En cambio, en el medio
urbano el acceso a los alimentos se encuentra subordinado a la generación de ingresos, lo cual representa un problema en cuanto la
posibilidad de conseguir trabajo muchas veces depende del grado
de educación formal que normalmente no es compatible con los
perfiles de los campesinos (Garay, 2009).
La mayoría de las familias y de las personas que salieron desplazadas de El Castillo llegaron a barrios marginales de Villavicencio
y Bogotá a vivir con familiares, pagar arriendo o construir sus ranchos, en los llamados barrios de invasión. En repetidas ocasiones, la
migración forzada hizo que las familias pasaran a depender de otros
miembros de la familia con mejores condiciones, lo cual alteró las
dinámicas familiares y la distribución de roles dentro del hogar. 4.1.3. Pérdidas y daños a la infraestructura comunitaria La infraestructura comunitaria en las veredas de El Castillo es
en su mayoría producto de las diferentes formas de organización
alrededor del trabajo colectivo que surgieron a lo largo del proceso de colonización campesina y que se representa en las vías que conectan las veredas, los acueductos comunitarios, las casetas
comunitarias, las sedes de las juntas de acción comunal y de los
sindicatos y las escuelas.
El trabajo colectivo ayudó a construir lazos de identidad y un tejido social y comunitario con expresiones políticas claras. En este
sentido, la infraestructura de las veredas no solo es el soporte de
servicios públicos básicos, sino también de dinámicas sociales y
culturales, representa el trabajo y el esfuerzo de las familias. Por lo
tanto, los daños sobre las infraestructuras comunitarias, los cuales
no se limitan al plano de los daños materiales, contribuyeron a
la desestructuración del tejido social, las dinámicas organizativas,
los proyectos productivos locales y las expresiones culturales.
En los diferentes relatos, se resalta la afectación de las escuelas,
los puestos de salud, las tiendas comunitarias y los salones comunitarios, la casa del sindicato de Sintragrim y la Casa de la Cultura.
Dichos espacios fueron afectados en lo físico y lo simbólico por
parte de los actores armados, e incluso algunos se perdieron completamente. Las escuelas, así como los profesores y estudiantes,
fueron objeto del estigma de ser considerados “guerrilleros” por
parte del Ejército y las AUC. En varias ocasiones, estas fueron ocupadas e incluso sostuvieron combates que las afectaron en clara
contravención del derecho internacional humanitario. No hubo
ningún tipo de distinción con la población civil y sus bienes.