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La Escuela El Encanto en Miravalles fue uno de los espacios de
infraestructura comunitaria que sufrieron el rigor de la confrontación armada y el arrasamiento. En la fotografía se evidencian los
daños ocasionados a uno de los salones de la escuela, el cual aún
hoy continúa destruido, como si el tiempo se hubiera congelado
desde el vaciamiento de la vereda. Salón de clases destruido después del desplazamiento forzado. Este salón ejemplifica
cómo la infraestructura comunitaria de El Castillo fue afectada, lo cual generó daños
que no se limitan al plano de lo material sino que trascienden a la esfera social, organizativa y cultural.
El vaciamiento de las 19 veredas de El Castillo implicó el cierre
de las instituciones educativas. Además de la escuela de Miravalles,
se cerraron las escuelas de las veredas La Esperanza, El Retiro,
Campoalegre, el internado de Puerto Esperanza, La Cumbre, La
Unión, Caño Tigre (esta se cerró en el ciclo anterior de violencia,
el de la década de 1980) y Caño Claro. Aún permanecen cerradas
las escuelas de las veredas Los Alpes, La Esperanza, Caño Embarrado, Campoalegre, 20 de Julio y Brisas del Jordán y de las que
están funcionando no todas han sido reconstruidas. Entrada a la Escuela de Miravalles.
Antes de 2009 la educación la prestaba la Diócesis de Granada, que a su vez delegaba en la Misión Claretiana 22 escuelas del
municipio. El proyecto educativo se llamó Educación Desplazada.
Después de 2009, las escuelas pasaron a ser de la Gobernación.
Aun cuando la mayoría de las escuelas del municipio fueron construidas por la comunidad, a esta se le negó la capacidad de autogestión. Las personas empezaron a regresar, pero las escuelas ya
no eran de ellos. Ahora es necesario pedirle permiso al profesor
para hacer fiestas, reuniones o encuentros, lo que genera un sentimiento de pérdida de la escuela como espacio comunitario.
Además las políticas educativas por demanda no contemplan
planes de reapertura de instituciones cuando, como consecuencia
del conflicto armado, el número de estudiantes es reducido. Lo
anterior ha dificultado el regreso de las personas con deseo de
retornar, la permanencia de las personas que no se desplazaron o
ha llevado a que quienes han regresado a las veredas no cuenten
con una oferta educativa para sus hijos, con lo cual se han visto
obligados a matricularlos en otras veredas o incluso en los internados del municipio. Al matricular a sus hijos en los internados,
se afectan las dinámicas familiares, las niñas y los niños se ven
apartados de su seno familiar, lo cual también puede afectar la
capacidad de transmitir valores, tradiciones y oficios que hacen
parte de la cultura campesina; es en sí una forma de descampesinización. El internado desprende de la familia, genera rupturas y
se enmarca dentro de una lógica de educación para la migración,
estrechamente ligada a la reconfiguración territorial.
La pérdida de la infraestructura escolar o el cierre por falta de
estudiantes se une a la suspensión de proyectos educativos. Tal es
el caso de una propuesta que venía adelantando la Misión Claretiana para Medellín del Ariari. Cuando las escuelas estaban bajo la administración de la Diócesis de Granada, la Misión Claretiana adelantó una propuesta
de bachillerato popular campesino y universidad campesina. Se
quería hacer un corredor universitario del Ariari, llevar la universidad al territorio no bajo un esquema de demanda, sino de una oferta que se construyera desde ahí mismo. Vincularon a Unillanos y a la Escuela de El Encanto, pero no había diez y once. No se
logró que la Secretaría de Educación abriera estos grados, incluso
cuando se interpusieron cuatro tutelas para que se garantizara
el derecho a la educación media, de las cuales se ganaron tres.
Para que esto funcionara, se requeriría que existieran líderes populares, pero esto fue lo que también se cortó con la violencia
(CNMH, entrevista con hombre adulto, Bogotá, 2013). Cuando los niños son matriculados en el internado del casco
urbano de El Castillo, el cambio del enfoque rural al urbano de
la educación también genera cambios en sus proyectos de vida,
los cuales se encuentran en formación. En este sentido, los daños a la infraestructura comunitaria no solo generan una pérdida
material, sino impactos profundos sobre los individuos y el tejido
social, afectan las dinámicas organizativas y sociales a causa de la
ausencia de los espacios que las soportaban.
En relación con los puestos de salud, en su mayoría se perdieron a causa del desplazamiento forzado, no había nadie que cuidara de ellos. Para 2011, en El Castillo se registraba, en materia de
infraestructura de salud: 1) un centro de salud clasificado como
de primer nivel en la cabecera municipal, el cual operaba como
empresa social del Estado -ESE, 2) en el área rural un centro en
Medellín del Ariari y 3) puestos de salud en Puerto Esperanza, La
Cumbre, Miravalles y Caño Dulce. Sin embargo, suponiendo que
los puestos estuviesen en condiciones apropiadas para su uso, en
el mismo 2011, sólo se encontraba en funcionamiento el centro
de salud del casco urbano de El Castillo (Sistema de Información
Departamental de la Gobernación del Meta, 2011) y el centro de
salud de Medellín del Ariari funcionaba con intermitencia.
Por otra parte, los salones comunales de las veredas, espacio
de socialización que soportaba un entramado de relaciones políticas y culturales, fueron saqueados y destruidos por los actores
armados, o bien abandonados por la comunidad. Tal es el caso del
salón comunal de Puerto Esperanza, y el de la vereda Los Alpes,
que era uno de los más grandes, pues congregaba a varias veredas de la parte alta. El salón comunal de Puerto Esperanza fue reconstruido por las familias que fueron regresando, pero, en el caso de
la vereda Los Alpes, a la fecha no se ha reconstruido.
Dentro de las pérdidas relacionadas con la infraestructura comunitaria, también se resalta la destrucción de tres manzanas de
casas, establecimientos de comercio, la casa de la cultura, el centro
médico, parte de la escuela y una ambulancia, ocasionada por las
FARC el 14 de febrero de 2000 en la toma en la que utilizaron por
primera vez cilindros bomba. La Casa de la Cultura, que empezó
a construir el municipio durante la Alcaldía de María Mercedes
Méndez, constaba de dos plantas: la primera con una piscina para
niños y la segunda con un espacio para reuniones. No solo era un
espacio de recreación y esparcimiento, sino que alrededor de esta
se gestaban expresiones culturales por medio del grupo de danza,
clases de instrumentos musicales y declamación de poesía. Cuando salimos al otro día, qué horror, casi medio pueblo
tumbado, desbaratado, la Casa de la Cultura, que era una casa a
la cual yo pertenecía por el lado del Grupo de Danzas. Lo único
que inspiraba era impotencia, era algo que uno no comprendía,
porque teníamos una Casa de la Cultura bien dotada con sus trajes, instrumentos, había muchas cosas que tenía la Casa de la Cultura y usted ver dos paredes, que fue lo que quedó. Casi medio
municipio averiado por esa toma (CNMH, entrevista con mujer
adulta, El Castillo, 2012). 4.1.3.1. Suspensión de obras comunitarias A causa de la agudización del conflicto armado a partir de 2002
y del desplazamiento forzado y el vaciamiento de las veredas de la
parte alta del municipio, se suspendieron obras y proyectos. Tal es
el caso de un proyecto de construcción de vivienda y desarrollo de
proyectos productivos en la vereda La Cima que estaba adelantando la comunidad. ahí en Pueblo Nuevo, donde había un plan de vivienda con cien
viviendas, solo quedó uno porque era que ahí había un plan de
vivienda donde se repartieron cien lotes, que eso es una vaina que
sería bueno contarla, nosotros teníamos un proyecto que era hacer un plan de vivienda para la gente que no tuviera dónde vivir y
hacer un proyecto económico para que la gente devengara para su
sustento (CNMH, entrevista con mujer adulta, El Castillo, 2012). El proyecto estaba apenas comenzando, habían logrado conseguir el apoyo del Ministerio de Agricultura para la construcción
del trapiche comunitario: “Habíamos pasado ese proyecto al Ministerio de Agricultura y nos habían aprobado para el trapiche
comunitario noventa millones” (CNMH, taller de construcción de
memoria con abuelo, Medellín del Ariari, 2012). Nosotros calculamos que la vereda La Cima tenía unas dos
mil hectáreas aptas para la agricultura, fuera de una cantidad
de terrenos como para bosques, de reservas forestales. Entonces
nosotros decíamos en el centro se monta un plan de vivienda y