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en estrategia para desestructurar las relaciones político-organizativas y las redes comunitarias, sobre todo en las zonas donde hoy se
despliegan grandes intereses sobre los recursos naturales.
Este tipo de experiencias adquieren un elevado valor para las
víctimas en cuanto contribuyen a recuperar la condición de sujetos políticos, fortalecer la identidad personal y colectiva, fortalecer
las iniciativas de protección y defensa de los bienes patrimoniales
y naturales, así como a mantener los puentes entre el territorio
abandonado y el lugar de llegada. Yo veo muchas esperanzas porque hay muchos hechos organizativos. La presencia de Atcarí, de las juntas de acción comunal,
de Civipaz, de los acueductos comunitarios. [Todos] organizados
en lo que denominan Mesa Política Ambiental de Participación
Comunitaria, una expresión de organización para intentar enfrentar los desafíos que hoy presenta el territorio: la minería, la
destrucción del medio ambiente, la protección de los recursos
naturales como el agua. (…) ellos han tenido la capacidad de organizar y convocar un cabildo abierto por el agua de casi 500 personas [y] de organizar el día de conmemoración a las víctimas de
crímenes de Estado que reunió más de mil personas de la región
(CNMH, entrevista con hombre adulto, Bogotá, 2013). Algunos temas han movilizado prioritariamente a la comunidad. La defensa del agua y de los acueductos comunitarios que
ya existían o se empezaron a constituir antes del desplazamiento forzado, la adjudicación y titulación de los predios ocupados durante décadas por los habitantes de la zona rural y la oposición a
los procesos de explotación minera y petrolera. Lo que se ha propuesto por Edesa [Empresa de Servicios Públicos del Meta] (…) es un fenómeno de privatización del agua,
de privatización y de cooptación de los acueductos comunitarios.
En la actualidad, han intentado hacer lo mismo con el acueducto
de Malabar (…) y en Puerto Esperanza también lo han querido
hacer, pero hasta el momento el acueducto de Peñas Blancas es
el que más ha resistido y que todavía sigue siendo un acueducto netamente comunitario, igual que el de San Luis de Yamanes
(CNMH, entrevista con mujer adulta, Medellín del Ariari, 2012). El fenómeno del [acueducto] de Peñas Blancas es muy bonito
porque es un acueducto que es colectivo, y se mantiene la estructura. El año pasado se leyeron los estatutos. (…) son una cosa muy
bonita porque empezando no existe una junta directiva vertical,
sino que es una junta directiva que es horizontal, (…) [la] que
toma las decisiones es la asamblea, se reúnen cada vez que tienen
que tomar decisiones y es una visión muy horizontal en cuanto a
manejos del agua (CNMH, entrevista con mujer adulta, Medellín
del Ariari, 2012). Frente al tema de la tierra, digamos las personas que se encuentran en la parte alta, muchos se encuentran ubicados en zonas que son de amortiguamiento o que hay parte ya del páramo
de Sumapaz y en esa medida las personas han buscado la titulación de sus tierras. (…) Entonces se ha venido haciendo un proceso para que se dé la titulación de esas tierras (CNMH, entrevista
con mujer adulta, Medellín del Ariari, 2012). Los títulos mineros son vistos por muchas personas de la comunidad como una amenaza, en tanto sus coordenadas coinciden
con fuentes de agua que abastecen las bocatomas de los acueductos y otros bienes naturales de los que dependen las comunidades para la obtención de alimentos, el pastoreo del ganado y el alimento de los animales. De la licencia ambiental que tiene la empresa minera (…) que
es una explotación de cielo abierto de dolomita (…) tomamos las
coordenadas (…) y con un ingeniero catastral y los representantes
de algunas comunidades fuimos allá y tomamos los linderos, los
puntos y lo que nos dimos cuenta es que la explotación minera
afecta las dos bocatomas de los acueductos comunitarios, la empresa proyecta una explotación de 182 hectáreas (CNMH, entrevista con mujer adulta, Medellín del Ariari, 2012). La empresa prometió una carretera y la construyó, el problema es que solo llega hasta donde está la mina. Con las piedras,
los árboles y la misma tierra que cae de la mina están a punto
de tapar la única trocha que lleva hasta la vereda que está más
adelante (…) además van a acabar con la bocatoma del acueducto
(…) cómo será que ni lo de los empleos que supuestamente iban
a generar (…) lo máximo un par de celadores (CNMH, entrevista
con hombre adulto, Medellín del Ariari, 2012). 5.5. Organización para el regreso autónomo: Civipaz
Villavicencio Desde enero de 2003, un grupo de familias desplazadas de las
veredas de la parte alta del municipio de El Castillo que se encontraban asentadas en barrios populares de Villavicencio (como la
Nohora, la Reliquia, Ciudad Porfía, Pinilla, Rodeo y Covisan) se
empezaron a reunir semanalmente en una iglesia para buscar la
forma de obtener atención humanitaria y procurar las condiciones para regresar a sus hogares. cuando salimos de allá que llegamos aquí nos encontramos
con el noble propósito (…) de una causa justa que fue la de (…)
lograr reunir a las familias víctimas del flagelo del desplazamiento de esa región (…) El asentamiento se inició aquí mismo en la
Nohora, en la Reliquia, en el Pinilla, en Porfía, que fueron los lugares donde encontrábamos por ahí familias (CNMH, entrevista
con abuelo, Villavicencio, 2012). Se bautizaron como Civipaz (Comunidad Civil de Vida y Paz) e
inspiradas por Reinaldo Perdomo Hite, líder campesino, defensor
de derechos humanos e integrante del PCC y de la UP, quien, con el
acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz había
conocido las experiencias de resistencia de las comunidades negras
de Cacarica en el Bajo Atrato chocoano; decidieron intentar el regreso a través de un mecanismo de protección fundado en el principio
de distinción de la población civil, denominado zona humanitaria.
La propuesta fue presentada públicamente el 10 de agosto de
2003 durante un encuentro en la Universidad de los Llanos. Junto
con esta propuesta, Reinaldo Perdomo denunció la presunta responsabilidad del Batallón XXI Vargas y grupos paramilitares en
las violaciones a los derechos humanos y el desplazamiento forzado en el Alto Ariari. Dos días después, el líder fue asesinado frente
a su casa en el barrio Ciudad Porfía de Villavicencio.
El crimen truncó transitoriamente el proceso organizativo y
durante varios meses las familias no se volvieron a reunir. Solo
hasta finales de 2003 se atrevieron a convocar a una nueva reunión para valorar si era posible continuar con la propuesta de un
regreso a la región. De esta forma, cada uno de los miembros de la
organización comenzó a trabajar una “ficha de trabajo familiar”,
en la que se reconstruyeron las violaciones a los derechos humanos y el desplazamiento.
A partir de ejercicios de este tipo, construyeron un pliego de
exigencias dirigido al Gobierno nacional. Ante la ausencia de respuesta gubernamental y de garantías a la vida y la integridad, solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos a favor de las 35 familias asociadas en Civipaz,
las cuales les fueron otorgadas el 16 de agosto de 2004.
Finalmente, y sin contar con el apoyo del Estado, entre el 18 y el
20 de marzo de 2006, aproximadamente 27 familias regresaron a
El Castillo donde conforman una zona humanitaria en el corregimiento de Puerto Esperanza. En la zona humanitaria se refugia población civil no vinculada con el conflicto armado. Por esta razón no se permite la presencia de ninguna persona armada.
Quienes no pudieron regresar continúan organizados en Civipaz Villavicencio. La organización sigue apoyando las familias
y personas que salieron territorio, aun a pesar de que muchos de
sus líderes y lideresas han tenido que enfrentar la estigmatización
y la persecución judicial. 5.6. El papel de la iglesia como acompañante para el
afrontamiento y la acción colectiva La presencia de la Iglesia Católica en El Castillo se remonta a
1964 y desde entonces ha sido un importante actor en medio del
conflicto armado y la violencia sociopolítica.
Durante la aciaga década de 1980, y a diferencia del presunto
señalamiento de algunos religiosos contra la población campesina
que entonces padecía la persecución y el exterminio, otro sector
clerical armonizó su labor evangelizadora con la defensa de los
derechos humanos. De este último permanece en la memoria de
los habitantes, en especial los de Medellín del Ariari, la figura del
párroco Fernando Amaya, quien acompañó a las víctimas de la
masacre de Cumaral y otras que por entonces eran frecuentes en
la zona rural. Luego de ser señalado como guerrillero, tuvo que
salir exiliado en 1987, tras lo cual se quedó la parroquia de Medellín del Ariari sin párroco hasta el año 2000 (Misioneros Claretianos, 2011).
Entre 1994 y 1996, la Comisión Intercongregacional de Justicia
y Paz, integrada por religiosas del Sagrado Corazón, Dominicas,
Misioneros Verbitas, Misioneros Redentoristas y los Misioneros
Claretianos, acompañó a la comunidad de Medellín del Ariari
(Misioneros Claretianos, 2011).
Cuando en 1998 se recrudeció la confrontación entre paramilitares, Ejército y guerrilla, un nuevo equipo de seis congregaciones
religiosas ingresó al territorio para acompañar tanto a la comunidad de Medellín del Ariari como a la de las veredas que se encontraban más golpeadas por el conflicto armado. En el año 2000 se