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años transcurren y la impunidad se mantiene (la mayoría de los
crímenes no han sido investigados y los pocos que sí lo han sido
no presentan avances significativos o se encuentran ya en archivo) se busca que, cuando menos, en el plano simbólico, se establezcan
responsabilidades y jerarquías diferenciadas entre los ejecutores. [N]os duele mucho hablar de nuestros familiares, pero es importante hablar para que la sociedad conozca lo que sucedió, lo
que pasó con nuestros compañeros, lo que pasó con nuestros familiares. Es necesario hacerlo en estos escenarios, en otros escenarios, donde nos corresponde hablar, conocer la verdad, para
que se haga justicia y se haga reparación. Claro que reparar un
daño es muy difícil, pero la reparación a las víctimas que es lo
que hemos venido trabajando desde el movimiento de víctimas
(CNMH, entrevista con funcionario público, Villavicencio, 2012). La memoria y los recuerdos son vistos como un instrumento
político que puede contribuir a que un día se ajusticie a los responsables y se reparen los daños causados. Al impulsar este tipo
de ejercicios se parte de la base de que cuando una persona reconstruye su historia despierta al sujeto político que estaba dormido, existiendo una mayor probabilidad de que se involucre en
escenarios de exigencia y garantía de derechos (Comité de Impulso al Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política
Suroriente Colombiano 2013, páginas 19 y 20). Por otra parte, si se
olvidan las graves injusticias ocurridas y los crímenes cometidos,
se corre el riesgo de volverse tolerante con el abuso a seres humanos; si se ignoran los abusos, se extingue cualquier posibilidad de
construir una democracia.
Por razones como estas, las víctimas que sufrieron con mayor
rigor la violencia de los paramilitares y el Ejército reclaman con vehemencia que, además de recordar los ataques de las FARC al casco urbano, cuando se haga memoria sobre El Castillo se recuerde
también la barbarie militar y paramilitar. Señalan la imposibilidad ética, política y jurídica de olvidar que el Estado participó
activamente en algunos de los hechos victimizantes, y que, contrariando su mandato de proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades; robaron, mataron, torturaron, amenazaron y cometieron otros crímenes por los que debe responder. Cada vez que yo iba a El Castillo [el Personero] comentaba lo
que hacía el Ejército, que iban a varias veredas, y algunos soldados eran muy duros con la sociedad civil, los maltrataban (…) me
comentó de la presencia del Ejército y, desafortunadamente, él decía que el Ejército andaba acompañado con personas no uniformadas, personas de civil (…) andaba con personas encapuchadas
(…) que pasaban así encapuchados, indicaban (…) y señalaban
casas (CNMH, entrevista con hombre adulto, El Castillo, 2012). Uno ha visto que los crímenes y el material probatorio que existe de esas investigaciones, todo apunta a la Brigada 7, porque los
veían salir o los veían entrar o porque cambiaban de uniforme, o
por las expresiones de estigmatizaciones de los comandantes a las
brigadas de los campesinos, las lógicas de ejecuciones extrajudiciales o llamados falsos positivos. Aquí tenemos datos desde 1990
de jovencitos presentados como guerrilleros muertos en combate
cuando no lo son, entonces uno ve toda la lógica de actuación y
represión de la brigada 7ª (CNMH, entrevista con hombre adulto,
Medellín del Ariari, 2013). Además de lo que le corresponde al Estado, se convoca a la memoria para señalar a otros grupos y personas cuya responsabilidad
tampoco ha sido esclarecida. El narcotráfico ofrece la gente (…) contratada para su protección, al servicio de la estrategia de ejecución de ese proyecto
político. Ahí estaban (…) retirados del Ejército, (…) estaban coroneles, y pensionados, y estaba la burguesía de alto nivel, ahí estaba
Hernando Durán Dussán metido, el mismo Alfonso López Michelsen, que tenía como quinientas hectáreas acá abajo (CNMH,
entrevista con hombre adulto, Bogotá, 2013). De esta forma se exige la búsqueda de la verdad sobre el vínculo
de miembros de la clase política tradicional, narcotraficantes, miembros activos y retirados de la Fuerza Pública, entre otros actores, por
las violaciones a los derechos humanos ocurridas en El Castillo. Lo cual es también una forma de revivir y dignificar la memoria
de personas que, como Josué Giraldo, fueron asesinadas mientras
exigían respuestas de la justicia frente a las atrocidades ocurridas
en el territorio. 5.10. Memoria para romper el velo de la estigmatización La estigmatización ha sido un elemento central en el conflicto
armado y la violencia sociopolítica que se ha padecido en el municipio El Castillo. El establecimiento de marcas y señalamientos ha
servido como excusa para el aniquilamiento de los movimientos de
izquierda y para atacar de manera indiscriminada a la población
civil acusada de ser auxiliadora o “base social” de la insurgencia. [M]e acuerdo una vez que decían que venían los grupos armados, pero no la guerrilla, sino los otros, entonces una vez me
acuerdo tanto que (…) él me dijo: mija (sic), con pesar y todo, vaya
sáqueme los libros que los tengo en tal parte (…) libros importantes, libros políticos y mucha cosa de eso, y la verdad yo quemé todo
eso (CNMH, entrevista con hombre adulto, Villavicencio, 2012). Por su parte, la guerrilla y las comunidades también capitalizaron el poder del señalamiento. Rencillas personales, conflictos
pasados o simples sospechas fueron suficientes para que campesinos, campesinas, comerciantes y todo tipo de castillenses fueran
señalados de ser colaboradores o miembros de grupos paramilitares, principalmente en el casco urbano de El Castillo. Tras el
señalamiento vino la extorsión, las amenazas, el secuestro, el desplazamiento o el homicidio.
En este contexto, la memoria se ha convertido en un territorio
donde se libran batallas simbólicas para reinvindicar la licitud y
legitimidad de proyectos políticos, económicos, ambientales y sociales, individuales y colectivos, que fueron cubiertos con el manto
de la ilegalidad y golpeados hasta lograr su desestructuración. En
suma, se convierte en mecanismo para remover el velo con el que se ha pretendido legitimar el arrasamiento, y a la vez contribuye
a recuperar el valor supremo de la diferencia y el disenso en una
democracia.
Finalmente, existe la esperanza de obtener también la restauración del estatus de muchas de las personas afectadas, buscando
que se diga la verdad sobre ellas y se les permita pasar de criminales a víctimas. Las familias esperan que se dignifique a sus seres
queridos, quedando claro que la gran mayoría de las personas victimizadas no eran guerrilleras ni se encontraban involucradas en
ningún tipo de actividades ilegales. También se resisten a que la
comunidad siga siendo designada como guerrillera. Si nosotros no reconstruimos la historia de El Castillo para
que la gente la conozca, pues El Castillo seguirá siendo lo que es:
un pueblo guerrillero, y para que se den cuenta de que El Castillo sí fue y sigue siendo un pueblo de gente sana, que vean un
conjunto de cosas buenas, excelentes, de un manantial de aguas,
de nacedero de buenos ríos, pero que fuimos víctimas de eso; del
atropello, de un abandono del Estado (CNMH, entrevista con mujer adulta, El Castillo, 2013). 5.11. Listado de algunas iniciativas de la memoria Los sentidos y fines de la memoria se expresan, en muchos casos, a través de creaciones materiales y simbólicas; en iniciativas de
memoria que son abundantes en El Castillo. El CNMH rastreó algunas de estas iniciativas individuales y colectivas de memoria que
por supuesto no se agotan en la siguiente tabla, que sin embargo
expresa algunas de las nociones del para qué recordar. 5.12. Memorias en tensión y construcción de un Centro
Regional de la Memoria La Gobernación del Meta y el CNMH acordaron la creación
y puesta en marcha de un centro de memoria en El Castillo. La
iniciativa fue recibida con beneplácito por algunos de los habitantes, para quienes constituye una oportunidad para reconstruir y
resignificar el espacio que quedó vacío tras la detonación de los
cilindros de gas por parte de las FARC y la destrucción de varias
manzanas en el casco urbano. Sin embargo, otras personas manifestaron su preocupación porque sentían que la iniciativa podía
constituir un mecanismo de ocultamiento de la violencia paramilitar y de la responsabilidad estatal. Por esta razón exigieron que
existiera participación de las víctimas y de la comunidad en general durante todo el proceso para garantizar una visión plural. Volvemos a lo mismo, las cosas se quieren hacer sin contar con
la participación de las víctimas de todo el territorio. ¿Dónde va
a quedar la responsabilidad del Estado por haber permitido la
entrada de los paramilitares y por haber violado los derechos humanos? Aquí no solo entró la guerrilla, y eso se lo hemos dicho a
ustedes desde que vinieron. La guerrilla acabó con edificios (…)
los paramilitares acabaron con vidas y nos desplazaron (CNMH,
entrevista con hombre adulto, Villavicencio, 2012). Las observaciones realizadas permitieron reajustar metodológicamente el proceso, e iniciar un proceso de concertación entre las
autoridades nacionales, regionales y locales, y las comunidades.
Frente al riesgo de generar un nuevo proceso de revictimización
y profundizar la desintegración, se convocó un escenario de planeación con la presencia de personas del casco urbano y de la
zona rural, víctimas y resilientes, representantes de organizaciones, investigadores y otros actores estratégicos, para realizar una
construcción colectiva de una propuesta que contribuya a la formulación de una iniciativa plural, integradora, responsable con
las víctimas y con toda la población en general. Hoy en día esta iniciativa se encuentra en marcha y tiene el
gran reto de constituirse en un espacio para articular y reconciliar
las diferentes memorias, así como para convertirse en un espacio
de consolidación de la paz en el territorio. En el parque central se construye el Centro Regional de la Memoria, espacio donde se
deben articular y conciliar las diferentes memorias.
Respuesta institucional Los conflictos no se solucionan cubriéndolos de un manto de
impunidad y olvido. La no atención integral a personas afectadas (…) es caldo de cultivo a nuevas violencias o a la prolongación del conflicto. Es posible que una sola víctima que quede mal
negociada, que tenga que guardarse su dolor y resentimiento, se
convierta en alguien que quiera expresar de forma violenta su