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bodegas y las dejan que se pudran y después las sacan y las botan
a la basura” (CNMH, entrevista con abuela, El Castillo, 2012). De acuerdo con la Ley 387 de 1997 las acciones desarrolladas
por el Estado para asistir y proteger a la población desplazada en el
momento inmediatamente posterior al desplazamiento debían estar
orientadas a buscar la superación de las situaciones más apremiantes
de vulnerabilidad, atendiendo las necesidades de alimentación, aseo
personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención
médica y sicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas. Se trata de una prestación transitoria que
debe articularse necesariamente a otras acciones del Estado que garanticen en el mediano y largo plazo la consolidación y estabilización
socioeconómica de las personas desplazadas.
En la memoria de las personas desplazadas de El Castillo, la
atención humanitaria de emergencia prestada por el Estado ha
sido insuficiente, deficitaria, e incluso revictimizante. La ayuda eran unas colchonetas supremamente delgadas,
amarillas, unos utensilios de cocina plásticos, toallas, toldillos (...)
lentejitas, arroz y fríjoles. (…) Nos cansamos de comer solo lentejas. Fuimos (…) y nos dieron una ayuda, pero se burlaron mucho
de nosotros en la UAO [Unidad de Atención y Orientación al Desplazado]. Nosotros soportando inmensas, inmensas filas, aguantando sed y hambre y madrugando para que nos dieran un arroz
y unas lentejas (…) Yo me cansé y no volví a eso (…) Aquí abusan
del desplazado (CNMH, entrevista con mujer adulta, Villavicencio, 2012). También en muchos casos la atención humanitaria ha dejado
de ser transitoria y se ha convertido en un paliativo, sin que el
Estado de el siguiente paso y realice las acciones necesarias para
el restablecimiento y el goce efectivo de los derechos. Es así como
hay personas desplazadas que han permanecido en la fase de
emergencia durante más de una década, tiempo durante el cual
su situación social, política, económica y cultural se ha visto sensiblemente deteriorada. Nos han dado unos arroces con gorgojos, unos fríjoles con gorgojos, un café que no podemos hacer café (…) siete libras de café
que me entregaron en una ocasión las utilizamos para prender la
candela. (…) ¿cuándo será que pueden decir [los funcionarios]
que satisfactoriamente los desplazados han tenido un beneficio
como verdaderamente se merecen? Tener que sacar la comida
(…) y botarla en el río Guatiquía porque ya era inservible, mientras a cuántas familias, a cuántos niños desplazados les tocaba
dormir llorando de la bendita hambre y dormir en las calles (…)
(CNMH, entrevista con abuelo, Villavicencio, 2012). Por otra parte las comunidades recordaron que durante esta
fase algunos funcionarios interpusieron trabas y requisitos extralegales para atenderlos e incurrieron en prácticas que atentaron
contra su dignidad, lo que prolongó su situación de emergencia y
el estado de vulnerabilidad. Estaba alegando porque la señora me decía: es que usted no
parece un desplazado, y yo le decía: Es que yo soy un desplazado,
no un mendigo (…) me da putería (sic) que si uno viene bien vestido, que no es desplazado, y es que nosotros lo desplazados no
somos mendigos, no somos habitantes de la calle (CNMH, entrevista con hombre adulto, Bogotá, 2012). Los desplazados acá son calificados como pordioseros, mendigos, como ignorantes. A muchos de Comunidad Civil de Vida
y Paz nos trataron así; un día solicitamos con unos derechos de
petición unas ayudas de emergencia y como ninguno sabíamos
manejar un computador, pues hicimos el derecho de petición a
mano y ese derecho de petición lo rechazaron (CNMH, mujer
adulta, taller de construcción de memoria, Villavicencio, 2012). Sobre las personas en situación de desplazamiento también recayeron diferentes estigmas que fueron esgrimidos tanto por funcionarios públicos como por las comunidades receptoras, quienes
los asociaron a delincuentes o los tildaron de perezosos y dependientes de la ayuda del Estado. Por esta razón varias personas desplazadas cuestionaron que la atención del Estado estuviera basada
sobre la idea de una dádiva o regalo y no sobre el concepto de
unos derechos que deben ser garantizados por el Estado. A nosotros nos toca es exigirle al Estado, porque la verdad nosotros lo perdimos todo; eso es lo que nosotros le hemos dicho a
las instituciones cuando nos dicen: es que ustedes están acostumbrados a pedir. No, no es que estemos acostumbrados a pedir, es
que estamos reclamando lo que se perdió (CNMH, entrevista con
hombre adulto, Bogotá, 2012). Los tratos discriminatorios, marginalizantes, o carentes de dignidad que recibieron las personas desplazadas de El Castillo por
parte de algunas instituciones, les generaron rabia, ofuscación,
indignación, o pérdida de la esperanza. En otras ocasiones revivieron los traumas generados por los hechos victimizantes e, incluso,
hicieron que las personas desplazadas se sintieran burladas. Nos dijeron que no teníamos facha de ser desplazados, entonces yo le dije a la doctora: usted no se alcanza a analizar la forma
en que yo vivo, la vivienda que yo tengo, tengo una vivienda de
cuatro plantas. Dijo: ¡ja!, desplazado y con una vivienda de cuatro
plantas. Yo le dije: sí, señora. Y ella dijo: o sea, de cuatro pisos, y
yo le dije: no, señora, yo no le estoy hablando que de cuatro pisos,
yo le estoy diciendo que de cuatro plantas: dos de plátano al lado
de arriba, dos de yuca al lado de abajo y de ahí tengo amarrado
un caucho y de ahí estoy con mi familia. Esa señora le provocaba
como pellizcarme en ese momento, claro porque ella creía que
le estábamos hablando de que teníamos aquí una catedral (…)
entonces le dije: lo más bueno es que a usted, señora, le va a tocar
dignarse y tener la amabilidad de ir a visitarnos donde nosotros
vivimos pa’ (sic) que se den cuenta de que (…) nosotros tenemos
derecho a una vivienda digna y que estamos viviendo indignamente (…) Ella dijo: ¡Ay, no! yo por allá no voy a subir, eso es
una penitencia. Y yo le dije: esa penitencia la estamos pagando
nosotros, mientras ustedes viven como funcionarios dignamente
ganando un sueldo dignamente bueno (CNMH, entrevista con
abuelo, Villavicencio, 2012). También se dieron situaciones absurdas como la negación de la
asistencia estatal bajo el argumento que la persona desplazada se
encontraba afiliada al régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud. Hay otra cosa que hay que denunciar que se me hace tan aberrante (…) pienso que la salud en Colombia es una cochinada.
Yo me vi obligado a pagar salud particular, porque a mi esposa
le tienen que extraer la matriz. Yo tengo que sacrificar a veces
la comida para pagar ese seguro y nos niegan las ayudas porque
estamos con una EPS. (…) si yo dejo a mi esposa dentro de ese
plan de salud que tienen para nosotros los pobres, se muere ella,
me muero yo, y quién sabe cuántos más de mi familia (CNMH,
entrevista con hombre adulto, Bogotá, 2012). La falta de un efectivo goce del derecho a la salud causó también
impactos diferenciales en algunos grupos, como el de la tercera
edad. Aunque desde 1997 se encuentra consagrada la obligación
de garantizar a la población en situación de desplazamiento la
prestación de servicios de salud, muchas personas han quedado
descubiertas. Entre ellas una gran cantidad de “viejos” quienes,
tras el arribo a la ciudad, empezaron a sentir una incurable tristeza. Nunca recibieron atención sicosocial y terminaron sus vidas en
medio de la soledad y el abandono, sumidos en el desasosiego ante
la pérdida de lo construido por décadas.
A los casos de los adultos mayores que fallecieron en medio
de la tristeza después del desplazamiento, se agregan los casos de
adultos mayores que padecen graves enfermedades y que no han
recibido una atención médica adecuada y oportuna. Por el contrario, muchos de ellos se enfrentan cotidianamente a las barreras
de atención impuestas y para acceder a los derechos legalmente
reconocidos deben acudir a menudo a la acción de tutela.
Uno de los adultos mayores entrevistados padece una enfermedad degenerativa de la columna que le genera intensos dolores y
que dificultan progresivamente su capacidad para caminar. Desde
hace más de diez años se encuentra desplazado en un barrio de
invasión a la espera de una vivienda digna. Con el paso de los días
su enfermedad se ha hecho más dolorosa y la atención por parte
del Estado se ve más lejana, puesto que “hay muchos en fila”.
También se hace cada vez más lejana su vivienda, pues los cien
escalones de barro, piedra y tabla que separan su casa de la carretera principal le empiezan a parecer infinitos, pero debe recorrerlos cada vez que necesita ir al médico, acudir ante cualquier
autoridad, o cuando decide asistir a alguna reunión en la que su