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exigencia, su manera de vivir. Comité de Impulso al Banco de Datos de Derechos Humanos
y Violencia Política Suroriente Colombiano (2013) La emblemática Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional llamó la atención del Estado y la sociedad en general en un
aspecto de vital importancia: pese a los recursos dispuestos, la infraestructura institucional y las medidas de prevención y atención
adoptadas para responder a las necesidades de la población en situación de desplazamiento, la desplazados continúan sometidos a
graves situaciones de vulnerabilidad que cada vez se alejan más de
los niveles mínimos de satisfacción de sus derechos. La Corte identificó, entonces, dos problemas estructurales de la política pública sobre desplazamiento forzado: la reducida capacidad institucional
para su implementación y la insuficiencia de recursos asignados.
En relación con los desplazados de El Castillo, lo constatado por
la Corte en este emblemático fallo puede verificarse a partir de los
relatos de la población desplazada.
Si bien en El Castillo han existido oleadas de desplazamientos
desde mediados de la década de 1980 cuando tuvo lugar el proceso de democratización violenta y arrasamiento de la izquierda,
la respuesta del Estado será revisada a la luz del proceso de vaciamiento que se generó tras la ruptura de los diálogos de paz en El
Caguán el 20 de enero de 2002, el inicio de la Operación Conquista, el recrudecimiento de las acciones de las FARC y la incursión
de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), periodo en el
que de acuerdo con los registros oficiales y las memorias de las
comunidades ocurrieron los mayores picos de desplazamiento, en
especial de los pobladores rurales de la parte alta del municipio.
Cuando este fenómeno de vaciamiento se concretó, las instituciones que en este entonces componían el SNAIPD (Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada) y a quienes
les correspondía emprender acciones encaminadas a impedir la
ocurrencia de sucesos de desplazamiento, así como desplegar acciones para atender, proteger, y lograr la estabilización socioeconómica de las personas desplazadas por la violencia, tuvieron una
actuación apenas marginal, mientras que el intento de algunos
funcionarios por cumplir con las obligaciones legales y constitucionales a favor de los desplazados y de otras personas afectadas,
los convirtió a ellos mismos en víctimas.
De esta forma el conflicto armado y la violencia sociopolítica
impusieron una suerte de excepcionalidad en la que el poder fáctico y el control territorial fueron ejercidos realmente por los actores armados, mientras que el poder civil se encontró relegado o
sujeto a los dictámenes de la confrontación. Las FARC impusieron
condiciones, los paramilitares impusieron condiciones y el Ejército marcó los rasgos definitorios de una presencia estatal predominantemente militar.
Dentro de este contexto y a pesar de la existencia de una elaborada política pública de atención a la población desplazada,
la respuesta institucional no dejó de ser limitada, selectiva, poco
digna e, incluso, llegó a estar politizada: En este “estado de bienestar selectivo”, Acción Social lo que
permitía era tener una cantidad de dinero relativamente no tan
grande, hacer intervenciones completamente selectivas de acuerdo con ese plan, y estar lanzando una imagen de atención generalizada. El sistema de atención sigue siendo muy funcional a
cualquier forma de política, incluso la más guerrerista, no hay
contradicción en ello, sino que se integra perfectamente (CNMH,
entrevista con funcionario, 2013). El Estado no nos ha dado ningún tipo de atención, a nosotros
no se nos ha dado nada; decir que nos dan una cuchara vieja, una
colchoneta que a los quince días ya no sirve, una remesa donde
el arroz estaba mohoso, el fríjol gorgojado, ¿eso es ayuda? ¿Eso es
atención? No, porque nosotros no somos cerdos, porque cuando
nosotros vivíamos en el campo esa comida ni siquiera a los marranos se les echaba (CNMH, entrevista con hombre adulto, 2012). También existieron problemas en interlocución con las autoridades. Nosotros a través de la Mesa, que se compone de diferentes
agremiaciones y dirigentes comunales, se le solicitó una audiencia [al gobernador] y él la concedió. Nosotros fuimos y dijo que se le había presentado no sé qué cosa. Entonces nos mandó con
la secretaria de víctimas (…) y nosotros no quisimos hablar con
ella, porque la cita era con el gobernador. Ni siquiera firmamos
el acta sino que (…) le escribimos: Señor, Ud. nos dejó plantados,
concrétenos otra cita, por favor. Ninguno estuvo de acuerdo con
que habláramos con nadie más. Y se perdió el viaje de las comunidades (CNMH, entrevista con hombre adulto, 2012). Las comunidades también se formaron una percepción negativa con respecto a algunos de los funcionarios de las entidades encargadas de la atención a los desplazados, debido a sus conductas
oprobiosas. El señor Cuéllar (…) de Acción Social, uno de los pícaros más
pícaros que hayamos tenido nosotros los desplazados (…) Yo, al
señor Cuéllar, lo distinguí cuando llegó a Acción Social, que él
andaba en buseta, a los tres meses andaba en su Mercedes Benz y
estaba viviendo en el barrio el Buque, y a los hijos los tenía andando en su carro particular y estudiando en la Unimeta. Él dirigía la
seccional de Acción Social, el director Alejandro Cuéllar (CNMH,
entrevista con hombre adulto, 2012). 6.1. Ineficacia de los instrumentos para la prevención y
dificultades para la asistencia humanitaria El 18 de julio de 2003, el Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo emitió el informe de riesgo 053 en el que
advirtió sobre El Castillo: [la] factible ocurrencia de homicidios selectivos, desplazamientos forzados, combates con interposición de población civil entre las FARC Frente 26 y las AUC Bloque Centauros y de algunos actos de terrorismo por parte del mismo frente de las FARC
en el marco de la disputa territorial que se presenta desde mayo
de 2002, fecha en la cual arribaron las AUC a la región. De acuerdo con la información de la Defensoría, la población
afectada podía ascender a 2000 personas, quienes se encontraban amenazadas por los combates, homicidios selectivos, desplazamiento forzado, amenazas, privación arbitraria de la libertad y
atentados contra la integridad personal (Defensoría del Pueblo,
2003). Para la fecha del informe de riesgo, ya existían los campamentos paramilitares ubicados en Puerto Esperanza y Brisas de
Yamanes, algunas comunidades se habían tenido que confinar en
las escuelas, y otros moradores se movían entre veredas o entre las
fronteras rurales del municipio. Sin embargo, en el informe de
riesgo no se hizo ningún pronunciamiento al respecto.
En medio de una aguda crisis, las familias confinadas en las
escuelas solicitaron asistencia humanitaria a la Cruz Roja y a Acción Social. Cuando la ayuda humanitaria estaba a punto de ser
entregada, los actores armados obligaron a estas instituciones a
abandonar el territorio. Los alimentos tuvieron que ser recuperados por los líderes y las lideresas para poder ser distribuidos entre
las familias.
Además de la presencia militar, esta fue la única respuesta proporcionada por el Estado durante el tiempo que permanecieron
confinadas las familias, hasta que la emergencia humanitaria se
hizo insostenible y les obligó a iniciar lo que el CNMH (Centro
Nacional de Memoria Histórica) ha denominado un desplazamiento masivo gota a gota que dio lugar al vaciamiento de las
veredas y centros poblados.
Los problemas en el registro Aun cuando jurídicamente el registro no es constitutivo sino
meramente declarativo de la situación de desplazamiento, la realidad es que las personas desplazadas que no encuentren ingresadas en el Registro Único de Población Desplazada – RUPD (hoy
Registro Único de Víctimas – RUV) no existen para el Estado y
tienen mínimas posibilidades de acceder a los mecanismos previstos para la atención y reparación.
A pesar de lo anterior, la población desplazada de El Castillo
ha tenido que enfrentar múltiples obstáculos para acceder al registro. En primer lugar existió temor, debido a la cooptación de las
instituciones por parte de los grupos armados y la inexistencia de
certeza sobre el respeto del derecho fundamental al habeas data.
“Si usted se registra en las bases de datos, adonde quiera que esté
le llegan las amenazas. Lo ubican a uno rapidito” (CNMH, entrevista con mujer adulta, Bogotá, 2012).
Por razones como estas si bien miles de personas han acudido a
declarar, otras prefirieron guardar silencio por años y muchísimas
todavía no han declarado, lo que ha contribuido a que se mantenga el subregistro. Yo salí desplazado desde 2000 y solo vine a declarar en 2010,
no me daba seguridad porque tan pronto uno declaraba que era
desplazado ya lo ubicaban (CNMH, entrevista con abuelo, 2012). Por otra parte, tal como lo constató la Corte Constitucional en
la sentencia T-025 de 2004, la recepción de la declaración ha estado minada de objeciones, barreras de acceso y arbitrariedades que
en su conjunto han generado nuevas afectaciones a la población
desplazada e impedido el goce efectivo de sus derechos. Yo primero salí desplazado de la vereda Siberia en Vista Hermosa. Por esos días los paramilitares mataron a Óscar Ignacio
Oviedo de la Junta de Acción Comunal (…) Cuando llegué a declarar no me dejaron inscribir porque no tenía la carta de desplazado de la JAC. Yo les expliqué que salí desplazado porque habían
matado al presidente, pero no valió (CNMH, abuelo, taller de
construcción de memoria histórica, Villavicencio, 2012). Nosotros salimos de Campoalegre a Puerto Esperanza y después nos vinimos acá para la Nohora. Yo declaré varias veces, pero
no me inscribieron. Entonces declaró la esposa y ella sí ta’ (sic)
inscrita. Pero igual nos da porque lo que le dan a uno es limosna
(CNMH, entrevista con abuelo, 2012). 6.3. La atención humanitaria de emergencia “Llegaban camionadas (sic) de remesas y las metían en unas